Internacionales
Hijo mayor del presidente de Colombia irá a juicio por lavado de activos
El hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue llamado a juicio este jueves por un fiscal que lo acusa de lavado de activos por la posible entrada de dineros del narcotráfico a la campaña de su padre.
«Se llama a juicio al señor Nicolás Fernando Petro Burgos», afirmó el fiscal Mario Burgos durante una audiencia de acusación ante un juez de la ciudad de Barranquilla (norte), donde reside el exasambleísta.
Los cargos presentados por la fiscalía surgen del testimonio de la exesposa de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez, quien tras una infidelidad lo señaló de recibir grandes sumas de dinero en efectivo de Samuel Santander Lopesierra, condenado por narcotráfico en Estados Unidos.
Burgos imputó al hijo del presidente, capturado en julio pasado, por presuntamente «adquirir, invertir, ocultar, encubrir y dar apariencia de legalidad» a dineros obtenidos de forma irregular, además de «incrementar en forma injustificada» su «patrimonio económico».
Según la Fiscalía, Samuel Santander Lopesierra dio a Nicolás Petro unos 400 millones de pesos (unos 102.000 dólares), al igual que Alfonso «el turco» Hilsaca, un negociante acusado en el pasado por el ente investigador de financiar grupos paramilitares y planear homicidios.
Una parte del dinero habría ingresado a la campaña presidencial de 2022 y el resto fue utilizado por Nicolás Petro para darse una vida de lujos, de acuerdo a la acusación. El presidente niega haber usado ese dinero para llegar al poder.
«Hechos claros y precisos»
Los votos de la región Caribe -donde Nicolás Petro ha hecho su carrera política- fueron decisivos para la victoria de Gustavo Petro, que se convirtió en agosto de 2022 en el primer presidente izquierdista de Colombia.
En la audiencia de este jueves, la defensa de Nicolás Petro solicitó anular todo el proceso en su contra, argumentando falta de claridad de la fiscalía al exponer los hechos por los que lo acusa.
«Los hechos de imputación fueron claros y precisos y no se afectó ninguna garantía», expresó el juez del caso, Hugo Carbonó, al rechazar la solicitud del abogado defensor.
Nicolás Petro fue capturado en julio de 2023 mientras se encontraba en su domicilio junto a su nueva pareja en un mediático operativo.
Inicialmente el hijo del presidente se dijo abierto a colaborar con el ente investigador, pero luego cambió de abogado y decidió rechazar los cargos. Ahora se defenderá en un juicio.
En libertad condicional desde principios de agosto, Nicolás ha negado que su padre tuviera conocimiento sobre el ingreso de estos dineros a la campaña.
Jueces y congresistas
El presidente no niega las acusaciones contra su hijo y marcó distancia frente a Nicolás al asegurar que nunca sería cómplice de esos crímenes.
Según la fiscalía, en 2022 Nicolás Petro compró con dinero en efectivo varios bienes de lujo, entre ellos un vehículo marca Mercedes-Benz de unos 50.000 dólares; gastos que excedían el salario que devengaba como diputado en ese entonces.
En un mapa de involucrados presentado por el ente investigador no aparece Gustavo Petro, pero sí su esposa y madrastra de Nicolás, Verónica Alcocer. El presidente no se ha pronunciado tras la decisión de este jueves.
Por estos mismos hechos Gustavo Petro es investigado por el Congreso, donde no tiene mayorías. Eventualemente el Legislativo podría llevarlo a un juicio político y destituirlo, aunque el proceso hasta ahora se encuentra en fase preliminar.
Internacionales
Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
