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Estrangulado a su novia embarazada para que no se diera cuenta su otra pareja, enfrentaría pena hasta de 60 años cárcel

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Henry Alberto Salazar Burgos, de 28 años regresa al Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer, acusado de haber estrangulado a su novia embarazada, Lilian Beatriz Méndez Ramírez, de 26 años.

El crimen ocurrió el 20 de octubre de 2017, algunos meses después la Policía capturó al sujeto y el lunes se reanudó el juicio en donde está acusado de feminicidio agravado en perjuicio de la que fuera su pareja y de aborto sin consentimiento en contra de su pequeño no nacido de ocho meses.

El reporte fiscal establece que en octubre de 2017 la pareja tuvo una discusión porque Lilian le estaba exigiendo que se hiciera cargo de los gastos de su embarazo, $75 mensuales, pero Henry no quiso y le insistió en que mejor abortara al pequeño.

La insistencia del hombre para que la mujer abortara era, de acuerdo con las investigaciones, porque Henry mantenía una relación sentimental con otra mujer y no quería que ella se enterara de que Lilian estaba embarazada.

«El hombre no quería que su “novia formal” se enterara, por eso cuando Lilian y él iban en un vehículo en la zona entre San Marcos y Santo Tomás es que la da muerte, la estranguló y fue a deshacerse del cuerpo entre Olocuilta y Miramar», según explicó Douglas Meléndez cuando todavía era fiscal general.

Después de haberla matado el hombre regresó a San Salvador como que nada hubiera pasado, pero las autoridades investigaron y concluyeron con el arresto y acusación formal.

El viernes, día en que se reanudó el proceso, cuatro testigos desfilaron, entre ellos un médico encargado de hacer la autopsia y un psiquiatra forense que entrevistó a los familiares y compañeros de trabajo para saber cómo era la relación entre Henry y Lilian.

De acuerdo a lo expresado por los conocidos, la mujer sufría tanto de violencia emocional, física y económica, pues era ella la que pagaba los gastos cuando salían a algún lugar.

Como parte de los testigos también llegaron un agente de la Policía y explicó los pormenores del día en que encontraron el cadáver y un perito fiscal quien mostró videos de cámaras de vigilancia el día del asesinato.

Este lunes, al juicio llegan dos testigos más, con los que la Fiscalía pretende demostrar la culpabilidad de Salazar Burgos.

De ser encontrado culpable de los cargos que se le imputan, el hombre enfrentaría una pena de hasta 60 años, pues por feminicidio agravado la condena es de 50 años y por aborto sin consentimiento va desde los cuatro hasta los 10 años

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Estafador es condenado a cinco años de cárcel

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Axel Moisés Ramírez Jiménez fue condenado a cinco años de prisión por el delito de estafa en perjuicio de dos personas. El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador emitió una orden de captura en su contra, debido a que fue procesado en ausencia.

Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República (FGR) estableció que, en abril de 2025, una de las víctimas publicó en la plataforma Marketplace el alquiler de una vivienda ubicada en Ciudad Marsella, en San Juan Opico, La Libertad Centro.

Al ver la publicación, Ramírez Jiménez contactó a la persona y manifestó su interés en el inmueble. Mientras realizaban los trámites, la convenció de invertir en la compra de materiales de construcción.

El condenado le aseguró que disponía de un código de mayorista que le permitiría adquirir los materiales a bajo precio. La víctima creyó en la propuesta y le transfirió $1,635 para iniciar el supuesto negocio.

Días después, el imputado convenció al hermano de la primera víctima para que también invirtiera en ese rubro. El segundo afectado le transfirió $1,135.50.

Sin embargo, pese a haber entregado el dinero, los hermanos nunca recibieron los materiales de construcción ofrecidos ni la devolución de las cantidades transferidas.

En su resolución, el Tribunal Cuarto de Sentencia valoró las pruebas presentadas, las cuales vincularon a Ramírez Jiménez con el delito de estafa. Por ello, lo condenó a cinco años de prisión y ratificó la orden de captura para localizarlo y garantizar que cumpla la pena en un centro penal.

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FGR y PNC desarticulan red que movía cocaína de Nicaragua a Guatemala por El Salvador

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La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil desarticularon en la madrugada de este jueves una estructura que transportaba cocaína por mar desde Nicaragua hacia Guatemala, usando a El Salvador como país de tránsito. El operativo fue simultáneo en Ahuachapán, Usulután y La Paz, tres puntos de la costa pacífica que, según la investigación, servían de apoyo logístico a la ruta.

La red operaba con pescadores locales, que le facilitaban combustible, GPS y embarcaciones. La FGR informó que la pesquisa arrancó en julio de 2024. Desde entonces se han decomisado 1,917 kilos de cocaína, valorados en $48,193,380, y seis embarcaciones. El cargamento no corresponde solo a esta madrugada: es el acumulado de la estructura en más de dos años de investigación.

En ese periodo ya habían sido capturadas 12 personas, que se sumarán a los detenidos del operativo de este jueves. La Fiscalía no precisó el total de la madrugada; medios que reprodujeron sus imágenes reportaron al menos tres hombres. Los capturados serán procesados por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas.

El esquema encaja en el tránsito marítimo del Pacífico: la cocaína salía de Nicaragua, cruzaba aguas salvadoreñas y seguía hacia Guatemala, con apoyo en tierra para reabastecer lanchas y marcar la ruta. La presencia de la red en el occidente, el centro y el oriente costero indica una logística repartida, no un solo punto de embarque.

La FGR calificó el procedimiento como un golpe a una estructura transnacional. Hasta el cierre de esta nota no había difundido identidades, el peso incautado esta madrugada ni el destino judicial de cada detenido. Lo confirmado es el desmantelamiento del apoyo local y el balance de la investigación: casi dos toneladas de cocaína, seis lanchas y al menos 15 personas vinculadas al caso.

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Inicia juicio contra exalcaldesa de Soyapango por actos arbitrarios y desobediencia

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Este 8 de octubre inició el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de actos arbitrarios y desobediencia, en perjuicio de la administración pública y de empleados municipales.

De acuerdo con las investigaciones, durante su gestión al frente de la municipalidad, Montano realizó despidos de manera arbitraria, sin respetar los procedimientos legales establecidos para separar de sus cargos a los trabajadores de la comuna.

“Durante su gestión, Nercy Patricia Montano de Martínez realizó despidos de forma arbitraria, sin seguir el procedimiento legal establecido para separar de sus cargos a empleados de la municipalidad”, señaló la Fiscalía en su reporte.

Ante estas vulneraciones, los trabajadores afectados interpusieron recursos ante los juzgados correspondientes y obtuvieron fallos favorables que ordenaban su reinstalación inmediata, así como el pago de los salarios y las prestaciones adeudadas.

Sin embargo, según la información proporcionada, la exfuncionaria y su concejo municipal se negaron a cumplir con los mandatos judiciales, situación que dio origen al proceso penal que enfrenta actualmente.

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