Internacionales
El Mexicano, el «ministro de guerra» de Pablo Escobar al que la guerrilla tuvo la osadía de robar
La guerrilla vigilaba los cultivos ilícitos y laboratorios de procesamiento de cocaína del segundo del Cartel de Medellín hasta que tuvo la osadía de robarle. Entonces, se convirtieron en el principal objetivo de una guerra que no pararía hasta la muerte de José Gonzalo Rodríguez Gacha, apodado ‘El Mexicano’ por su pasión por la cultura azteca, uno de los primeros financiadores del paramilitarismo en Colombia. El mismo que estuvo en la lista de los 20 empresarios más ricos del mundo de la revista Forbes, fortuna que labró al lado de Pablo Escobar.
Gacha nació en 1947 en una humilde familia campesina de un pequeño poblado llamado Veraguas, que se sostenía vendiendo quesos. Muy pronto su afán estuvo en obtener dinero. Cuando cursaba tercero de bachillerato abandonó los estudios para siempre y viajó a Bogotá. Trabajó como camarero en un restaurante, como ayudante de bus de transporte público y como vendedor en el convulsionado sector de San Victorino, en el centro de la capital.
A inicios de los setenta empezó a trabajar para Gilberto Molina Moreno, uno de los zares de las esmeraldas -a quien mandaría a matar después para quedarse con el negocio-. Y en esas andanzas conoció a narcotraficantes. Para 1976 se unió a Pablo Escobar, Carlos Ledher y los hermanos Ochoa para formar el célebre Cartel de Medellín. Junto abrieron rutas de tráfico de droga a través de México, Haití, Nicaragua, Los Ángeles, California y Houston. En los 80, la fortuna de todos comenzaba a multiplicarse rápidamente.
Para 1988, Gacha ingresó en la lista de los 20 empresarios más ricos del mundo según la revista Forbes, amasando una fortuna de unos 230 mil dólares por minuto. Y las excentricidades le llegaron con propiedades, convirtiéndose en uno de los principales terratenientes del país. Llegó a tener más de 116, entre casas, apartamentos, fincas, lotes, establecimientos comerciales; avaluados por más de 40 mil millones de dólares.
Tenía dinero hasta en bancos internacionales de Londres, Panamá y Suiza. Y lingotes de oro escondidos en los terrenos de sus propiedades. Todavía se habla de guacas que nunca aparecieron. Por otras de sus aficiones, el fútbol, compró el equipo de Millonarios, uno de los más grandes del país, razón por la que el club estuvo en la Lista Clinton , con sus cuentas embargadas por los Estados Unidos.
Entre sus bienes más preciados estaba una cría de 40 gallos de pelea, una pistola de oro que le regaló un cantante mexicano y muchos caballos finos, entre esos el famoso Túpac Amaru, el más caro del mundo en la época, a quien quería más que a un hijo. Y una colección de sombreros de pelo guama, del que siempre llevaba uno puesto. De hecho, su andar no parecía colombiano, su afición a México le inmortalizó su apodo. Pasaba escuchando rancheras y bautizó sus propiedades más preciadas con nombres de ciudades del país azteca.
A Gacha lo describían sus conocidos -según el libro ‘La cacería de El Mexicano’ de Fernando Cortés- como un excelente amigo y extraordinario enemigo. Generoso, de asombrosa mentalidad militar, jugador y mujeriego. Para el que lo primero (y todo) era el dinero. Y para algunas autoridades mucho más despiadado que Pablo Escobar, por eso lo mataron primero.
La violencia de Gacha
A mediados de los 80, la guerrilla de las FARC le servía a Gacha como vigilante de los cultivos de coca y de sus laboratorios de procesamiento de cocaína en el Magdalena Medio a cambio de unos «impuestos». Pero para 1983 se convirtieron en sus peores enemigos, luego de la destrucción de varios de sus laboratorios y el robo de una pasta de base de coca y dinero en efectivo. La guerra fue personal. El capo se unió a ganaderos de la región para financiar a grupos paramilitares.
Gacha trajo a Colombia mercenarios israelíes y británicos para que entrenara a los paramilitares del Magdalena Medio. Así llegó a tener un ejército personal de más de mil hombres, convirtiéndose en el principal comandante del ‘narcoparamilitarismo‘. E inició una venganza contra las FARC que, entre otras cosas, generó la campaña de exterminio contra el partido político de izquierda Unión Patriótica, de quien decía era el brazo político de la insurgencia. En esa guerra murieron al menos 800 miembros del partido, entre ellos sus dirigentes.
Además, fue parte de la creación del primer grupo de autodefensas, denominado Muerte a Secuestradores (MAS). El propio Pablo Escobar tenía cierto respeto por temor a ‘El Méxicano’, que se convirtió en una especie de su ‘ministro de guerra‘, encargado de la logística para la ejecución de los crímenes que ordenó ‘El Patrón’, que dejaron más de cinco mil víctimas en la llamada «guerra narcoterrorista«. Fue Gacha quien maquinó el atentado con explosivos al DAS, que dejó más de 70 muertos.
Además, garantizó los asesinatos del ministro de Defensa, Rodrigo Lara Bonilla; del director del diario El Espectador, Guillermo Cano Isaza; y de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, por la Unión Patriótica, y Luis Carlos Galán, por el partido Liberal. Y del piloto estadounidense Barry Seal, quien testificaría contra el cartel; entre muchos otros que cayeron en medio de la guerra urbana de oposición a la extradición. Gacha se había convertido en uno de los principales objetivos militares del Gobierno.
«Para mí el ‘Mexicano’ sigue siendo el número uno, por encima de Pablo Escobar. Este señor estaba preparado para hacer de Colombia yo no sé qué cosa. Es increíble. Todas sus fincas estaban llenas de oro y plata, y de dólares más que todo. Y todavía hay más, porque parece que existe una montaña de oro y dólares aún no descubiertas», dijo el ex jefe del DAS, general Miguel Maza Márquez, a Fernando Cortés, según lo publicó en su libro.
La muerte
En diciembre de 1989, uno de sus hombres de confianza de Gacha, Jorge Velásquez, alias ‘El Navegante’, lo delató. Reveló su escondite en la finca El Tesoro, ubicada en el Caribe colombiano, donde se encontraba con su hijo Fredy y 25 guardaespaldas. Entonces, las autoridades pusieron en marcha la operación Apocalipsis I: cuatro comandos élite de la Policía, dos helicópteros artillados y 30 infantes de Marina lo acorralaron en su propia casa. No había escapatoria.
En medio de la huida por unos platanales, uno de los militares en el helicóptero le dio a su hijo Fredy y lo mató en el acto. Luego, Gacha quedó enredado en un alambre de púas que cercaba los cultivos, llevaba dos armas que descargó en ese momento. Y el resto de la historia está dividida en dos versiones: que un artillero le disparó en el rostro y, la casi oficial, que después de una señal de pistola a la policía se suicidó al verse acorralado. Tenía 42 años.
La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó el hallazgo sin vida de tres adolescentes que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 20 de abril en el municipio de Tecate.
Los cuerpos fueron localizados en una fosa clandestina situada en una zona desértica y corresponden a Jeremy Alexander Robinson Cañedo, de 15 años; Edgar Jovani Pelayo Ceniceros, de 16 años; y Brian Samuel Jiménez Hernández, también de 16 años.
De acuerdo con la información disponible, los tres jóvenes fueron vistos por última vez cuando salieron de sus viviendas en Tecate con destino a Tijuana, donde acudirían a una presunta oferta de trabajo.
Tras su desaparición, familiares, colectivos de búsqueda y autoridades realizaron diversas labores para tratar de ubicarlos.
La FGE informó que, luego de los procedimientos periciales correspondientes para confirmar su identidad, los cuerpos fueron entregados a sus familiares.
Según reportes periodísticos, el hallazgo de la fosa clandestina se produjo a partir de información proporcionada por un presunto integrante del crimen organizado, quien fue detenido y habría revelado datos sobre el lugar donde se encontraban ocultos los cuerpos.
El caso provocó una amplia movilización social en Baja California y reavivó las exigencias de familiares y colectivos para fortalecer las acciones de búsqueda y prevención de desapariciones de menores de edad.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
El papa León XIV elogió este miércoles el acuerdo marco para la paz anunciado por Estados Unidos e Irán, al considerarlo el resultado de un «alentador trabajo de diálogo y negociación».
Las dos naciones, con la mediación de Pakistán, alcanzaron esta semana un memorando de entendimiento para poner fin a la contienda en Oriente Medio. Ante este avance, el pontífice expresó su gratitud a quienes participaron en el proceso de negociación.
«Espero que este acuerdo contribuya a fortalecer la confianza mutua, la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio, al promover sendas de diálogo y cooperación entre los pueblos», manifestó el obispo de Roma durante su audiencia semanal en el Vaticano.
Durante su intervención, León XIV también se refirió a la guerra en Ucrania, conflicto que calificó como «doloroso», e instó a la apertura de «caminos de diálogo» que permitan alcanzar una paz justa y duradera.
La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, es considerada el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y ya supera en duración a la Primera Guerra Mundial.
El papa lamentó además las consecuencias humanas y materiales del conflicto.
«Tantas víctimas inocentes y socorristas muertos, tantas iglesias y tanta herencia cultural devastada por las llamas», expresó, días después de que una conocida catedral ortodoxa ucraniana resultara incendiada en Kiev tras un ataque masivo ruso.
Asimismo, manifestó su cercanía con las víctimas de la guerra.
«Estoy cerca de quienes guardan luto por sus seres queridos, estoy con los heridos y con quienes, en medio de la violencia, siguen sirviendo la vida con valentía», añadió el líder de la Iglesia católica.
Una prohibición del uso de teléfonos inteligentes para empleados públicos entró en vigor este miércoles en Afganistán por iniciativa del gobierno talibán, según informaron diversos funcionarios.
De acuerdo con un funcionario de la provincia nororiental de Badajshán, quien habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad, la medida fue comunicada mediante un decreto oral del Emirato Islámico, nombre con el que se identifica el Estado afgano bajo el gobierno talibán.
«Se leyó un decreto oral del Emirato Islámico y se les comunicó a todos los jefes de departamento que, a partir de hoy, ningún empleado de los servicios talibanes tiene permitido usar un teléfono inteligente», declaró el funcionario a la AFP.
La semana pasada circuló en redes sociales una nota atribuida a la Corte Suprema sobre la restricción. Sin embargo, la institución no emitió declaraciones al respecto.
El documento exhortaba a los jefes de departamento a informar a todo el personal, sin distinción de rango, que el uso de teléfonos inteligentes quedaba estrictamente prohibido a partir del 17 de junio.
La circular también señalaba que la medida aplicaba tanto a las fuerzas civiles como militares y establecía que únicamente el líder supremo talibán, Hibatula Akhundzada, podría autorizar excepciones.
Hasta el momento, las autoridades no han explicado oficialmente los motivos de la prohibición. Además, dos portavoces del gobierno afgano no respondieron a las consultas realizadas por la AFP.
Por su parte, un funcionario de la provincia de Gazni, cercana a Kabul, confirmó que la disposición ya había comenzado a aplicarse.
«Se decidió que a partir del miércoles queda prohibido el uso de teléfonos inteligentes dentro de todas las oficinas de la provincia de Gazni», escribió Irfan Andarh, empleado de la Administración de Minas y Petróleo, en un grupo de WhatsApp al que tuvo acceso la AFP.
Pese a la entrada en vigor de la medida, varios organismos estatales continuaban difundiendo información a través de WhatsApp durante la tarde del miércoles, según constató la agencia.
El uso de teléfonos inteligentes está ampliamente extendido en las ciudades afganas, incluida la administración pública.
Según funcionarios afganos, el incumplimiento de la nueva normativa podría derivar en despido, acciones penales y penas de hasta seis meses de prisión.
Los talibanes gobiernan Afganistán desde agosto de 2021 bajo una interpretación estricta de la ley islámica.
