Judicial
El calvario de Gabriela, una pequeña de 12 años que fue violada, embarazada y abandonada
La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura de Edilson Vladimir Guerrero, por el delito de violación a una niña de 12 años.
El hecho ocurrió en el año 2012 en Santa Tecla, ocho años después Guerrero fue denunciado ante las autoridades, la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres de la Oficina Fiscal de San Salvador emitió orden administrativa de captura inmediata contra Hernández, quien fue detenido el 5 de marzo de 2020.
El sujeto es acusado de violación en menor o incapaz en modalidad continuada en prejuicio de la menor (en ese entonces), ya que actualmente la víctima tiene 19 años.
Por el momento, Hernández está a la espera de ser presentando a los juzgados de Paz, donde se decidirá si sigue preso.
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El hecho ocurrió en el año 2012 en Santa Tecla. pic.twitter.com/14sIiWNXrF
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) March 7, 2020
Gabriela, abandonada por la familia, abandonada por el estado.
Gabriela, (cuyo nombre ha sido cambiado por protección de identidad) una niña de 12 años, vivía en 2012 con sus familiares en una colonia del municipio de Santa Tecla, La Libertad.
Sin embargo, debido a que sus padres trabajaban y a las diligencias diarias, quedaba al cuido de Edilson Vladimir Guerrero Hernández de 25 años a a quien le tenían confianza; sin imaginarse, ni importarles que ahí comenzaría el calvario para la pequeña Gabriela, pues el hombre se aprovechaba de quedarse solo con la pequeña y la violó en reiteradas ocasiones.
La familia, al enterarse del abuso de la menor, en vez de protegerla y denunciar a su agresor, lo que hicieron fue correrla de la casa.
Al enterarse Hernández de que la menor fue corrida de la casa y andaba en la calle optó por llevársela a un mesón del barrio Modelo en San Salvador y convivir con ella.
En dicho lugar, el sujeto la continuó sometiendo a violaciones y cuando ella cumplió 13 años la embarazó; sin embargo, la abandonó y no se hizo cargo del hijo.
Según investigaciones de la Fiscalía, la menor después de ser abandonada, sobrevivió algún tiempo de la caridad y la comida que le deban los vecinos.
Un informe presentado por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) detalló que en 2018 en El Salvador se tuvo 5,711 embarazos de niñas entre los 10 a los 19 años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
