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Diego Escobar, ex fiscal y abogado de la Mafia Ítalo-Canadiense a espera de conocer si va a juicio por caso Ros
El Ex fiscal auxiliar Diego Balmore Escobar está acusado de haberse aprovechado de su puesto para extraer información confidencial contenida en el ROS.
El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador donde se ventila el caso contra Diego Escobar, el fallecido periodista Lafitte Fernánez y el Ex presidente Mauricio Funes, informó la reprogramación de la lectura del fallo para el viernes diecisiete de diciembre del presente año, esto ocurrió el pasado lunes trece de diciembre, fecha que había quedado precisada al cierre de la audiencia preliminar. En esencia el caso se deriva de una supuesta colusión de los tres antes mencionados para extraer y divulgar la información contenida en el Registro de Operaciones Sospechosas (ROS) que contenía movimientos financieros realizados por el Ex presidente de la República -ya fallecido- Francisco Flores con fondos donados por el Gobierno de Taiwán y que fueron utilizados para financiar la campaña política del partido ARENA, según declaro otró Ex presidente del país Antonio “Toni” Saca.
En el caso de Fernández, la Fiscalía solicitó su sobreseimiento definitivo en virtud de su reciente deceso y sobre Mauricio Funes, el juzgado al finalizar la audiencia preliminar lo declaró rebelde lo que significa que su expediente quedará archivado hasta que comparezca a afrontar la justicia. Pero ¿Quién es en realidad Diego Balmore Escobar, por qué se vio involucrado en este caso, qué lo motivó a faltar a la confianza que le había sido depositada en la Fiscalía General de la República (FGR) y qué consecuencias trajo a la institución y al país la acción de extraer el ROS y entregarlo a terceros?
Sobre estas interrogantes ahonda este medio, en forma previa a que se conozca el fallo que dictará el juez de instrucción.
Amigo de confianza del Ex fiscal general Douglas Meléndez
Diego Balmore Escobar formó parte del equipo de fiscales auxiliares con los que Douglas Meléndez inició las actividades del Grupo Anticorrupción en la FGR, a inicios del año dos mil. Luego de abandonar su trabajo en el año dos mil trece, por ser sospechoso en investigaciones internas de la FGR de haber extraído el ROS, se auto exilió en Costa Rica y solamente volvió al país cuando se materializó la elección de Douglas Meléndez, siendo uno de los primeros conocidos del nuevo Fiscla General que salió a brindar declaraciones.
Abogado de la Mafia Ítalo-Canadiense
Uno de los primeros casos en los que se le vio en la FGR, ya no como fiscal sino como abogado en ejercicio independiente, fue en junio de 2016, cuando ya cuando se consideraba en “impunidad” ante cualquier investigación por la comisión del delito de revelación de hehos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, previsto en el art. 324 del Código Penal y que contiene una penalidad de entre cuatro a seis años de prisión.
El caso en que reapareció fue como abogado de personas relacionadas con la mafia ítalo canadiense, de acuerdo a investigación periodista que el propio Lafitte Fernández entonces Editor Jefe de El Diario de Hoy había efectuado en septiembre de 2004 y que corroboró que el Ex alcalde de San Salvador Héctor Silva Argüello había constituido un acuerdo de asocio con grupos criminales que manejaban sociedades fachadas en Canadá, para ocultar sus verdaderos negocios relacionados con el crimen organizado.
El caso en breve
De acuerdo al contenido de la denuncia que en agosto de 2016, el abogado Sergio Portillo Toruño interpuso en Fiscalía contra Diego Escobar, resulta que mientras este último se desempeñaba como agente fiscal asignado a investigaciones sobre actos de corrupción, tuvo conocimiento y contacto con el ROS enviado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América que establecía la ruta de fondos que habían seguido depósitos millonarios efectuados por el Ex presidente Francisco Flores.
Sería ante el conocimiento del ROS, que Diego Escobar se habría puesto en contacto con el periodista Lafitte Fernández quien trianguló en una negociación en la cual el primero recibiría la suma de US $120 mil dólares por filtrar el documento, al parecer directamente al Ex presidente Mauricio Funes, quien lo hizo público en su programa de radio. Cuando se inició la investigación interna en la FGR para saber cómo y quién sustrajo el ROS, Diego Escobar sin avisar a nadie dejó de asistir al trabajo y se fue del país con destino a Costa Rica, donde recibió “refugio” en una finca propiedad de Lafitte Fernández.
La defensa de Diego Escobar en su momento quiso plantear como hipótesis de los hechos que el ROS en realidad había llegado a manos de Mauricio Funes por medio de Mario Acosta Oertel. De hecho una fuente judicial manifestó a este medio que un abogado vinculado al caso corruptela que se diligenciaba en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador pretendió acceder a registros de mensajes de texto y audios del Ex presidente Funes para vincular al caso a Acosta Oertel.
En enero 2019, la Fiscalía acusó a los tres imputados aunque como inicialmente se dijo el único que ha comparecido es Diego Escobar y poco se ha podido conocer dentro del plano judicial sobre el caso ya que le fue declarada reserva total por la FGR bajo titularidad del Ex fiscal general Raúl Melara.
Se espera que Diego Escobar sea enviado a juicio, dada la gravedad legal que su proceder significó pues vulneró la expectativa de confianza de la FGR por la que había sido asignado al control de esa clase de documentos relacionados a investigaciones por lavado de dinero, además de haberlo hecho presuntamente por recibir una cuantiosa suma de dinero proveniente de fondos reservados de Casa Presidencial y provocar con su conducta que el país fuera sancionado internacionalmente con la expulsión de organismos que combate el lavado de dinero y activos, así como restringido de información internacional sobre operaciones financieras de investigados por inobservar las medidas de reserva del ROS.
Principal
BCIE aprueba financiamiento de US$155 millones para dar continuidad al fortalecimiento de la infraestructura vial y la movilidad urbana en El Salvador
Con una inversión de US$155 millones, el BCIE respaldará la ejecución del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana – Fase II en El Salvador, continuando con intervenciones estratégicas para el país en materia de infraestructura vial. El programa beneficiará a más de 1.17 millones de habitantes en el Área Metropolitana de San Salvador y en el distrito de Atiquizaya, departamento de Ahuachapán.
Esta iniciativa se estructura en tres componentes principales: la ampliación y mejoramiento de la Carretera RN13W en el tramo Desvío Atiquizaya – Desvío Bypass de Ahuachapán junto con sus obras conexas; los estudios de diseño y construcción del Corredor Norte del Anillo Periférico del AMSS; y los estudios de diseño del Corredor Oriente del Anillo Periférico del AMSS. En conjunto, el Programa incluye la ampliación a 4 carriles de 7.05 km de carretera existente, la construcción de 8.17 km de nuevas vías y 30.4 km de ciclovía nueva.
La implementación de este programa redistribuirá los flujos de tránsito que hoy saturan la capital, reduciendo el tiempo promedio de viaje en 45.6% para los usuarios de los tramos intervenidos, y mejorará la circulación regional sobre la Carretera Panamericana. Además, con la ampliación de la RN13W, el programa elevará la capacidad de algunos de los ejes viales más importantes del país, proyectando un tránsito promedio diario anual de 111,053 vehículos, incluyendo 9,023 vehículos de carga pesada, ofreciendo condiciones más seguras y menores costos de operación para sus usuarios.
El Programa integra además soluciones tecnológicas de gestión inteligente del tránsito, medidas de seguridad vial e infraestructura para transporte no motorizado, y se estima que generará 250 empleos directos temporales.
Con esta aprobación, el BCIE reafirma su compromiso con el desarrollo integral de El Salvador. Este financiamiento representa una inversión de largo plazo en la competitividad, la conectividad territorial y el bienestar de la población salvadoreña.
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para modificar el contrato de préstamo No. 5851/OC-ES, suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el propósito de fortalecer el sistema aduanero y consolidar al país como un referente regional en infraestructura logística y facilitación del comercio.
El empréstito, por un monto de hasta $84 millones, fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 9 de abril de 2024 y ratificado el 22 de mayo del mismo año. Inicialmente, los fondos estaban destinados al Programa de Facilitación Comercial y Modernización de la Operación Portuaria en El Salvador, enfocado principalmente en la reducción de tiempos de espera del transporte de carga en los puertos y en mejorar la eficiencia operativa portuaria.
Sin embargo, el Ejecutivo identificó la necesidad de ampliar el alcance del programa y redirigir las inversiones hacia una modernización más integral de las aduanas y los controles fronterizos del país. Como resultado, el pasado 29 de abril, el Ministerio de Hacienda y el BID firmaron una modificación al contrato de préstamo para adecuar el proyecto a las nuevas prioridades estratégicas del Gobierno.
Durante la sesión de la comisión legislativa, el director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, explicó que uno de los cambios principales será la actualización del nombre del proyecto, que pasará a denominarse Programa de Facilitación del Comercio y de las Inversiones en El Salvador.
Según Herrera, esta modificación permitirá incorporar nuevas acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura física en las aduanas del país, así como la modernización de puestos fronterizos estratégicos, entre ellos la frontera El Poy, ubicada en Chalatenango, uno de los principales puntos de intercambio comercial terrestre con Honduras.
Asimismo, el funcionario detalló que el programa contempla fortalecer el Centro de Control Integrado ubicado en el recinto de San Bartolo, una instalación clave para la supervisión y control de mercancías en el comercio exterior salvadoreño.
La propuesta también incluye la adquisición e implementación de tecnología para mejorar los controles aduaneros y agilizar el manejo de mercancías. Herrera señaló que esto permitirá avanzar en la digitalización y simplificación de los trámites vinculados al comercio exterior, reduciendo tiempos y costos logísticos para empresas importadoras y exportadoras.
Entre las iniciativas previstas se encuentra el desarrollo del Portal de Comercio Exterior, una plataforma digital que centralizará diversos procesos relacionados con importaciones, exportaciones y trámites aduaneros. El proyecto incluye además la compra de equipo informático, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y el equipamiento necesario para mejorar la operatividad de las instituciones involucradas.
De acuerdo con el representante del Ministerio de Hacienda, todas estas acciones buscan incrementar la competitividad del país y generar condiciones más favorables para atraer inversiones, fortalecer el comercio regional y mejorar la eficiencia de las cadenas logísticas.
Otro de los cambios relevantes dentro de la modificación al préstamo es la sustitución de la entidad ejecutora del programa. En la versión original, la ejecución estaba a cargo del Ministerio de Economía en coordinación con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), debido a que el enfoque principal se encontraba en las operaciones portuarias.
Con la reestructuración aprobada en comisión, la Dirección General de Aduanas (DGA) asumirá el rol de entidad ejecutora junto al Ministerio de Economía, mientras que CEPA dejará de participar directamente en la administración del programa.
Las autoridades justificaron esta decisión argumentando que la DGA es la institución que actualmente lidera las acciones relacionadas con controles fronterizos, facilitación comercial y modernización aduanera, por lo que su incorporación permitirá una ejecución más eficiente y alineada con las necesidades actuales del país.
Los diputados de la Comisión de Hacienda respaldaron la iniciativa al considerar que fortalecer la infraestructura aduanera y agilizar los procesos comerciales contribuirá a dinamizar la economía nacional y mejorar la posición de El Salvador en materia de comercio internacional.
Además, destacaron que la modernización tecnológica y la digitalización de trámites representan herramientas fundamentales para reducir la burocracia y aumentar la transparencia en los procesos de importación y exportación.
Con esta reforma al préstamo, el Gobierno apuesta por fortalecer la conectividad logística y mejorar las capacidades institucionales vinculadas al comercio exterior, en un contexto donde la competitividad regional depende cada vez más de la eficiencia en los sistemas aduaneros y de transporte de mercancías.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana ordenó instrucción formal con detención provisional contra Josselyn Esmeralda Ramos Ramos, de 19 años, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo de 2 años y 6 meses de edad.
De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el pasado 30 de abril de 2026 en una vivienda ubicada en la comunidad Amayito, en Santa Ana.
Según las investigaciones, la imputada permaneció sola durante aproximadamente tres horas con el menor dentro de una habitación, lugar donde presuntamente ocurrió el hecho.
Durante la audiencia inicial, las autoridades expusieron que la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue asfixia por obstrucción de nariz y boca.
Asimismo, en esta etapa del proceso judicial, la Fiscalía señaló que la acusada presuntamente ejercía violencia física y psicológica reiterada contra el niño.
Con la resolución emitida por el juzgado, la joven continuará en prisión mientras avanzan las investigaciones y el proceso penal correspondiente.
