Judicial
62 miembros de pandillas son enviados a prisión por homicidio y extorsión, en San Miguel
Instrucción formal con detención provisional se les decretó ayer en la tarde a 62 miembros de pandillas que según las investigaciones forman parte de una estructura terrorista conformada por seis clicas que delinquían en los departamentos de San Miguel, Morazán y La Unión.
Las fiscales del caso de la Unidad Antiextorsiones de la sede de San Miguel explicaron que la resolución fue emitida después de la audiencia de imposición de medidas en el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel.
Los incriminados, que fueron capturados la semana pasada con órdenes giradas por la Fiscalía General, responderán por nueve homicidios agravados, entre ellos el de un soldado, dos homicidios agravados tentados, 16 casos de extorsión agravada, y seis proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio. También se les imputan 11 casos de tráfico ilícito de droga y organizaciones terroristas.
A otros tres incriminados se les sustituyó la detención por otras medidas.

Entre los procesados hay 29 mareros que tienen calidad de reos ausentes, para quienes posteriormente se celebrará una audiencia para resolver su situación jurídica.
Por los homicidios que tendrán que responder está el cometido en contra del soldado Elías Santos Díaz Amaya y el de Juan Francisco Romero Reyes, atacados con disparos de arma de fuego el 2 de febrero de 2020, en el cantón La Joya del municipio de Yamabal.
El militar estaba de alta en el Destacamento Militar #4 de San Francisco Gotera.
Tampoco quedará impune el asesinato de Jesús Jiobani Amaya y otra víctima que sobrevivió y por el que serán procesados por homicidio agravado tentado; este caso se registró el 20 de mayo de 2020, en el cantón Volcán de Delicias de Concepción, del municipio de Morazán.
Las víctimas de extorsión de estos grupos criminales suman 16 de diferentes sectores, quienes han sido chantajeadas con cantidades semanales y mensuales que oscilan entre los $2,500.00, $800.00 y $50.00, efectuadas entre los años 2015 y 2020.
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Prisión provisional para mujer acusada de estafar $57,283 con supuesto negocio de comida
El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Patricia Lissette L. de I., de 53 años, acusada de estafa agravada en perjuicio de ocho personas. Según el requerimiento fiscal, el supuesto fraude asciende a $57,283.50, entregados como inversión en un negocio de distribución de comida preparada.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2022 y 2026. De acuerdo con la acusación, la mujer ofrecía ganancias a quienes aportaran dinero al supuesto emprendimiento, una propuesta con la que habría convencido a las víctimas de entregar distintas cantidades.

La investigación señala que la imputada no pagaba los rendimientos prometidos y posteriormente interrumpía la comunicación con los afectados. La promesa de obtener ganancias y la posterior falta de contacto forman parte del mecanismo de engaño descrito en el expediente fiscal.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios suficientes sobre el delito y la probable participación de la acusada, por lo que ordenó que el proceso continuara a la etapa de instrucción. La mujer permanecerá detenida provisionalmente mientras avanza el caso; esta resolución no constituye una condena.
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Cadena perpetua para cinco integrantes de La Mirada Loca Sureños 13 en San Miguel; otros cuatro reciben 45 años
El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso cadena perpetua a cinco integrantes de la estructura criminal conocida como La Mirada Loca Sureños 13. Los condenados son Josué Odir Granados Zapata, identificado como cabecilla y palabrero encargado de zona, junto a los homeboys Edwin Omar Nájera Ventura, Carlos Humberto Velásquez Blanco, Eliú Ismael Pineda Portillo y Celso Alvarado Gálvez.
En el mismo proceso, el tribunal sentenció a 45 años de prisión a Carlos Alberto Hernández Vásquez, José Joel Castillo Guevara, Yesenia Guadalupe Segovia Guevara y Nicolás Arístides Montoya Ríos por el delito de agrupaciones ilícitas. La Fiscalía General de la República acreditó que los nueve imputados formaban parte de esta estructura que operaba principalmente en el distrito de San Miguel, en la zona oriental del país, y que mantenía atemorizada a la población.
La resolución se basó en las evidencias presentadas por la Fiscalía, que validó la pertenencia de los acusados a la organización. Algunos de los condenados a 45 años mantienen otros procesos judiciales pendientes.
La estructura La Mirada Loca Sureños 13 es una de las clicas de la Mara Salvatrucha que ha sido objeto de múltiples procesos judiciales en el departamento de San Miguel.

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Conductor de camión acusado por el fatal accidente en Los Chorros permanecerá en prisión provisional








