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Avanzo pondrá a prueba a más de 70 mil estudiantes de último año de bachillerato
Entre el próximo lunes 14 y el jueves 17 de noviembre, más de 70,000 estudiantes de último año de bachillerato del sector público y privado se someterán a la prueba Avanzo, mediante la cual el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Educación, busca identificar en los jóvenes egresados los logros de aprendizaje obtenidos en su formación académica.
La evaluación se desarrollará bajo la modalidad virtual. Sin embargo, para los estudiantes con discapacidad visual, los que están en centros penales y en otros casos especiales, se dispondrá de pruebas en físico para que ninguno de los aspirantes a bachiller se quede sin someterse al examen.
La plataforma estará a disposición para desarrollar el examen a partir de las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. de cada fecha. El primer día se evaluará el estado socioemocional. En los días siguientes, Matemáticas, Estudios Sociales, Orientación Vocacional, Ciencias Naturales, Lenguaje y Literatura e Inglés. La prueba extraordinaria está programada para el 27 de enero.
“Para realizar la prueba Avanzo todos los bachilleres del sistema público podrán acceder a la plataforma de la evaluación de manera gratuita durante los 3 días”, detalló el ministro de Educación, Mauricio Pineda.
Todos los alumnos del sistema público podrán resolver la prueba con las laptops que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele les entregó, las cuales también les permitirá saber el resultado de la evaluación. Además, disponen de un paquete de internet que les ha brindado de forma gratuita. Esto les facilitará resolver el examen, explicó el funcionario.
El ministro Pineda agregó que la plataforma permitirá, además, ver en tiempo real la cantidad de estudiantes que logren ir finalizando el examen.
La prueba Avanzo está diseñada no para castigar a los estudiantes, sino para saber hacia dónde orientar las mejoras educativas. Con ese objetivo, ahora, además de medir lo cognitivo, también se hace lo socioemocional y psicoemocional.
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El Salvador destaca cooperación y fortalecimiento institucional en cumbre regional del SICA
En el marco de la XCIII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, tuvo una participación activa en el diálogo regional enfocado en fortalecer la cooperación y avanzar hacia resultados concretos para los países miembros.
El encuentro, encabezado por el canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, abordó temas clave como la integración regional, el desarrollo común, la seguridad colectiva y el bienestar de los pueblos, bajo el lema «Fortaleciendo la integración para avanzar como región».
Durante su intervención, Hill Tinoco destacó la importancia de consolidar una institucionalidad sólida que permita mejorar la eficiencia del sistema regional.
«Reafirmé el compromiso con una integración regional más eficiente y orientada a resultados», expresó la funcionaria salvadoreña, destacando que estos esfuerzos son fundamentales para impulsar mayores niveles de cooperación entre los países.
La canciller también enfatizó que el trabajo conjunto dentro del SICA representa una oportunidad estratégica para enfrentar desafíos comunes y generar mayores beneficios para la población centroamericana.
La Organización Internacional de la Policía (Interpol) notificó el pasado 15 de abril a la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador que eliminó la difusión roja en contra del expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani y bloqueó temporalmente los datos del exdiputado del Partido Demócrata Cristiano, Rodolfo Paker, ambos acusados en la masacre de los seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres al interior de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) durante la madrugada del 16 de noviembre de 1989.
En cuanto a Cristiani, la Interpol notificó a la PNC que «habiendo estudiado el expediente respectivo, fueron eliminados los datos del señor Alfredo Félix Cristiani Burkard y ya no se puede utilizar el medio de Interpol para la búsqueda y localización de este».
Mientras que en el caso del exdiputado, la resolución indica que la Secretaría General de Interpol bloqueó sus datos como medida temporal «a la espera de un análisis detenido del caso».
Ambos escritos fueron enviados por la Oficina Central de Interpol El Salvador, de la PNC, al Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador que conoce el caso. Según expertos del caso, esto significa que tanto Cristiani como Parker pueden pasar por cualquier control migratorio sin ser objeto de detención.
Interpol El Salvador también trasladó la notificación al Tribunal que en cuanto a las notificaciones rojas de Juan Orlando Zepeda Herrera y Joaquín Arnoldo Cerna, quedan sujetas al número de control A-10114/1-2025 y A-10115/1-2025.
En este proceso penal figuran como acusados, el expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani Burkard; el exdiputado, Rodolfo Antonio Parker; los exmilitares Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda Herrera, Rafael Humberto Larios López, Carlos Camilo Hernández Barahona, Nelson Iván López López, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Inocente Orlando Montano, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía. Todos procesados por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de asesinato, encubrimiento personal y fraude procesal.
El 16 de noviembre de 1989, en la Universidad Centroamericana fueron asesinados los sacerdotes jesuitas: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo y Amando López Quintana, de nacionalidad española y Joaquín López y López, de nacionalidad salvadoreña; y sus dos colaboradoras, Elba Ramos y su hija, Celina Ramos. El crimen fue perpetrado por un comando militar en el contexto del conflicto armado salvadoreño.
Tras la resolución judicial en etapa de instrucción, el 18 de noviembre de 2024, el caso fue remitido al Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, instancia que será la encargada de conocer la causa y desarrollar el juicio; sin embargo, la defensa del general Larios ha presentado una recusación contra la presidenta del tribunal.
Ante ello el tribunal notificó que celebrará una audiencia especial el próximo 30 de abril a las 2:00 de la tarde.
Un ataque bomba este sábado dejó 7 muertos y 20 heridos en una zona con fuerte presencia guerrillera de Colombia, en medio de una seguidilla de atentados a poco más de un mes de las elecciones presidenciales, informó el gobernador del Cauca.
La explosión fue en una carretera de esta violenta región e impactó en varios vehículos. Desde ayer se han registrado varios atentados que las autoridades atribuyen a los disidentes de la guerrilla de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y siembran terror en el país.
«Fue activado un artefacto explosivo» que «deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad», publicó en X Octavio Guzmán, gobernador del Cauca, junto a un video que muestra a las víctimas en el suelo y vehículos volcados y destruidos tras el ataque.
Otros videos compartidos en redes sociales muestran fuertes daños y huecos en la vía, con testigos que aseguran que el impacto los movió varios metros.
El viernes un atentado contra una base militar en Cali, la tercera ciudad del país, dejó dos heridos e inició una serie de ataques en las regiones del Valle del Cauca y el Cauca. En 2025, sangrientos atentados contra la fuerza pública en la zona dejaron civiles muertos y marcaron la peor ola de violencia del país en la última década.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró este sábado que reforzaron la presencia militar y policial en la zona para hacer frente a los ataques.
La ofensiva aumenta el clima de tensión de cara las presidenciales del 31 de mayo, en las que la seguridad es uno de los temas centrales. El delfín político del presidente izquierdista Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda, es el favorito seguido por los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, según las encuestas.
Los tres han denunciado amenazas de muerte.
En Colombia es habitual que los grupos armados, que se financian con actividades ilegales como el narcotráfico, la minería y la extorsión, intenten ejercer presión violenta sobre los comicios presidenciales.
Tras su llegada al poder en 2022, Petro intentó sin éxito negociar la paz con las mayores organizaciones armadas, que han fortalecido sus filas en los últimos años.
