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Nacionales

Astor Escalante: «Los esfuerzos por combatir la criminalidad en el país no son suficiente»

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Astor Escalante, analista político y exdirector de Centro Penales del país habló en la entrevista de El Salvador ToDay, de Diario Digital Cronio, de la importancia de las extensión de las medidas extraordinarias por seis meses más, que la semana pasada aprobó la Asamblea Legislativa, en la lucha contra el combate a la criminalidad y las pandillas en el país.
Para Escalante dicha prórroga es importante para la seguridad del  país ya que dentro de las «cárceles hay boy scout, no hay niños de la Providencia, ni santos niños inocentes, sino criminales y pandilleros que han cometido hechos delictivos por lo tanto hay que controlar eso», asegura el analista.
El mismo asegura que todos los esfuerzos del Estado y las instituciones a fines a la seguridad pública del país como Policía Nacional Civil (PNC), Fiscalía General de la República (FGR), Ejército, Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia (CSJ), no son suficientes para erradicar la criminalidad en El Salvador.
Para Escalante es necesario un minucioso seguimiento a las personas cercanas a los reos o internos que pagan sus condenas en las diferentes cárceles del país, ya que son éstos los que acatan las «órdenes» o que llevan el mensaje a otros criminales para cometer delitos.
“Qué hacer para que las medidas extraordinarias tengan un impacto que en concreto se reduzca la delincuencia. Hay que hacer un seguimiento a las persona que va hablar con cada uno de los reos. A qué colonia se va, a qué grupo pertenece, por dónde se va, de qué vive, si tiene un negocio o tiene un empleo, o si vive de la extorsión para tener controlada a esa población”.
“Hay que golpear a las estructuras delictivas que evidentemente se dedican a cometer hechos delictivos. Hay que ganar terreno y quitar los instrumentos de organización que tienen como: terrenos y recursos financieros”, añade Escalante.
Los esfuerzos de la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y el Ejército no bastan manifiesta el analista político.
“Hay que doblegar esfuerzo e implementar muchos más recursos para hace este combate y en ese sentido critica fuertemente el trabajo o función de las telefonías, quienes a su juicio no aportan nada para combatir la criminalidad en El Salvador.
“Es una sinvergüenzada mayor economía por no tener conciencia de quererle aportar a la nación en el combate de uno de los flagelos que más sangra al país como lo es la delincuencia. A las empresas telefónicas se les da una millonada departe del Estado, la PNC, el Ejército, la Fiscalía y la Asamblea Legislativa. Que se pongan la mano en la conciencia y colaboren con este país y colaboren con las instituciones instalando todos los anuladores de llamadas. Qué les cuesta implementar el sistema de grabación de las llamadas  a los internos. Se puede perfectamente”, subrayo Astor Escalante.
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Agresor de menor de edad es condenado a ocho años de cárcel

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El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, en La Libertad, condenó a ocho años de cárcel a Boris Stanley R. G., tras encontrarlo responsable del delito de agresión sexual en menor e incapaz.

 

«Durante la vista pública, el Tribunal valoró las pruebas documentales, periciales y testimoniales, e impuso una condena civil», señaló el fiscal del caso.

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron en 2024, en la jurisdicción del departamento de La Libertad.

 

«Según la investigación, el imputado se aprovechó de su cercanía con el entorno familiar y laboral para quedarse a solas con la víctima, de 12 años, y cometer los hechos», explicó el fiscal.

 

En otro caso a 16 años de prisión fue condenado Santos Rivas Portillo por tocar el cuerpo de una niña. Los hechos ocurrieron en el distrito de Jicalapa, municipio de La Libertad Costa, entre 2012 y 2019.

 

Rivas Portillo convivía en la misma casa de la víctima y se aprovechaba del vínculo cercano para tocarla.

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Violador de adolescente pasará más de 26 años preso

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Carlos Alberto Guillén Molina fue condenado a 26 años y ocho meses de cárcel por haber abusado sexualmente de una adolescente en reiteradas ocasiones, entre el 2023 y el 2024 en el distrito de Quezaltepeque, La Libertad Norte.

 

«Según consta en el expediente de la Fiscalía, Guillén en septiembre del 2023, convenció a la joven de 14 años para que trabajara en su casa y que también cuidara a su hijo de siete años de edad, la víctima por la necesidad económica de su familia, aceptó», explicó la fiscal del caso.

 

El imputado comenzó a acosar a la víctima, luego de tres meses de estar realizando trabajos domésticos, Guillén Molina la violó en varias ocasiones.

«En junio del 2024, producto de las violaciones, la víctima resultó embarazada. Gracias a la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó la Fiscalía ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró la condena y el pago $600 a favor de la víctima», indicó la fiscal.

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Vicepresidente Ulloa participa en cátedra de Seguridad Nacional, Estado y Derechos Humanos en México

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El Vicepresidente Félix Ulloa, participó en un conversatorio sobre Seguridad Nacional, Estado y Derechos Humanos, en el marco de la Cátedra Dong Nguyen Huu, desarrollada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, en México. En la actividad, el Director de este Instituto, Jorge Pascacio junto a la comunidad académica, brindó una cordial bienvenida al Vicemandatario y afirmó que este es un espacio orientado a la reflexión y al diálogo sobre los principales desafíos de la región.

Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa agradeció a las autoridades universitarias por la invitación y por abrir este debate para compartir la experiencia de El Salvador en materia de seguridad, subrayando que no se trata de exportar un modelo, sino de dar a conocer los esfuerzos emprendidos por el país para recuperar la paz, el orden y la institucionalidad.

En ese contexto, el Vicemandatario hizo un repaso por la historia reciente de El Salvador, señalando que, tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, en la Ciudad de México, en Castillo de Chapultepec, el país transitó por un prolongado período de postguerra marcado por la debilidad institucional, la corrupción y la expansión de estructuras criminales. Indicó que, al inicio del actual proceso de transformación, el Gobierno enfrentó severas limitaciones políticas y legislativas que dificultaban impulsar las reformas de fondo que el país requería.

Asimismo, destacó que, bajo el #RégimenDeExcepción, y haciendo uso del jus ad bellum, el Presidente Nayib Bukele tomó acciones determinantes, logrando una paz que ha permitido más de 1,170 días con cero homicidios. Señaló que, también se adoptaron medidas extraordinarias para restablecer la seguridad y proteger a la población, haciendo énfasis, que esta decisión respondió a circunstancias excepcionales y se enmarca en la obligación del Estado de garantizar la vida, la libertad y la tranquilidad de sus ciudadanos. De igual forma, subrayó que la población salvadoreña continúa respaldando esta medida.

Finalmente, mencionó que la segunda fase de esta transformación, tras alcanzar el milagro de la seguridad, se centra en impulsar el milagro económico, con una apuesta inédita por la innovación, la modernización del Estado y la formación de servidores públicos más eficientes, así como por el fortalecimiento de la educación mediante la entrega de dispositivos electrónicos a estudiantes para mejorar su preparación académica.

Como parte del diálogo, también se abordaron los desafíos de la cooperación regional frente al crimen organizado transnacional. Recalcó que la seguridad es una preocupación compartida por los países del continente y valoró positivamente toda iniciativa orientada a homologar esfuerzos de preparación policial, cooperación judicial e intercambio estratégico, al considerar que el combate a estas amenazas demanda respuestas coordinadas entre los Estados.

Con su participación en este encuentro, el Vicepresidente Ulloa reafirmó la disposición de El Salvador de contribuir al debate académico e institucional sobre los retos de la seguridad, los derechos humanos y la gobernanza democrática, compartiendo su experiencia nacional desde una perspectiva de diálogo, respeto a la soberanía de los Estados y búsqueda de soluciones conjuntas.

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