Política
Anteproyecto de ley busca manejo integral de los residuos a nivel nacional
Para mejorar la gestión de los residuos en el país, los diputados de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial dictaminaron a favor de crear la Ley Especial de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos, con el objetivo de proteger la salud de las personas, preservar el medio ambiente y fomentar un modelo de economía circular.
La normativa busca regular de manera integral la gestión, recolección, traslado, aprovechamiento y disposición final de los residuos a nivel nacional, garantizando que estas actividades se realicen de forma sanitaria y ambientalmente segura.
Los parlamentarios recibieron en la mesa de trabajo al ministro de Obras Públicas y Transporte, Romero Rodríguez, quien explicó que a la fecha las municipalidades no han podido dar abasto con el tema de recolección de basura, lo que ha provocado la acumulación y un mal manejo de los residuos, generando inundaciones de calles en época lluviosa y la contaminación de las playas.
“Eso dice bastante de lo que está pasando en el país. Es una problemática que se ve en todo lugar, es generalizada. Hemos visto ineficiencia e irregularidad de los servicios de recolección de municipalidades”, dijo Rodríguez.
La propuesta de ley daría paso a la creación de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), un organismo especializado que coordinará las políticas y todas aquellas acciones relacionadas con el manejo de residuos. Dicha autoridad estará adscrita al MOPT y tendrá un director que será nombrado por el presidente de la república.
ANDRES comenzaría a funcionar con un proyecto piloto en San Salvador Este, es decir, en Ilopango, San Martín, Soyapango y Tonacatepeque y asumiría de forma completa o suplementaria la gestión, logística, recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos.
Rodríguez también aclaró que el proyecto de ley no contempla ningún incremento en las tasas municipales, y que el 50 % de los fondos que ya se perciben por medio de ellas servirá para el funcionamiento de ANDRES.
“Todos sabemos la problemática que existe en nuestro país; el recoger la basura nos va a ayudar de varias maneras a tener un país más limpio, con mejor medio ambiente y hasta en el turismo”, aseguró Rodríguez.
La propuesta también incluye la creación de un sistema de GPS para suministrar rutas y conocer los trayectos que los recolectores de basura realizan.
El ministro agregó que con la buena gestión de los desechos, también se reducirían los tiempos en los que los camiones recolectores descargan la basura actualmente.
Otras instituciones también participarían en la verificación del cumplimiento de la normativa, como, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que estará a cargo de realizar inspecciones sanitarias en instalaciones relacionadas con la gestión integral de los desechos.
Mientras que el Ministerio de Educación deberá incluir en la currícula educativa nacional la temática de la gestión integral de desechos y el fomento al reciclaje.
La diputada Elisa Rosales recordó que en otros países ya no existen botaderos debido al buen proceso de reciclaje que han logrado.
“Muchas veces nosotros vemos solo una parte de todo el proceso de recolección de residuos porque eso es lo más visible, pero hay una gran parte que no la vemos. Hemos visto los esfuerzos de las alcaldías, pero no hay recurso humano o tecnología para dar respuesta a una problemática grande”, sostuvo la legisladora.
Infracciones leves
Las infracciones leves podrán ser interpuestas por los agentes de la Policía Nacional Civil, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos de la jurisdicción respectiva, los gestores de tránsito del Viceministerio de Transporte o los inspectores designados por la autoridad competente.
Estas infracciones se sancionarán con una multa de $20.00 a $100.00. En caso de que sea un niño o adolescente quien cometa la acción, serán sus padres los responsables de pagar las multas.
Algunas infracciones leves son:
- Arrojar, abandonar o depositar residuos o desechos domiciliares o domésticos u orgánicos en calles, carreteras, playas, riberas de río o lagos, bosques, parques nacionales u otras áreas no autorizadas por leyes, reglamentos u ordenanzas municipales, no seguir las directrices de reciclaje y separación de residuos.
- No utilizar envases, depósitos, contenedores u otros de materiales, volúmenes y características adecuadas a los tipos de residuos generados; almacenar residuos fuera de los contenedores adecuados.
- Almacenar residuos en contenedores inadecuados o no seguir las pautas de almacenamiento establecidas.
- No separar adecuadamente los residuos no peligrosos en sus diferentes categorías.
- Almacenar más residuos de los que un contenedor puede manejar de manera segura.
Infracciones graves
Estas infracciones se sancionarán con multa de 101 o hasta 1,000 salarios mínimos mensuales del sector comercio vigente al momento de imposición de la multa.
Algunas infracciones graves, las acciones u omisiones son:
- Arrojar, abandonar o depositar residuos o desechos sólidos comerciales o comunes de manejo especial en calles, carreteras, playas, riberas de río o lagos, bosques, parques nacionales u otras áreas no autorizadas o designadas.
- Incumplir con los requerimientos establecidos en las normativas vigentes en cuanto al manejo de residuos peligrosos.
- Arrojar, abandonar o depositar residuos peligrosos o industriales en lugares públicos o privados.
- No proporcionar equipo de protección personal de acuerdo con el riesgo laboral para los trabajadores encargados de la recolección y gestión de residuos
- Mezclar residuos peligrosos con otros residuos o no proporcionar contenedores separados para diferentes categorías de residuos.
Infracciones muy graves
Estas infracciones se sancionarán con multa de mil uno hasta diez mil salarios mensuales del sector comercio vigente al momento de imposición de la multa
Son infracciones muy graves, las acciones u omisiones siguientes:
- Arrojar, abandonar o descargar residuos industriales, tóxicos o peligrosos en cuerpos de agua o en suelos sin el tratamiento adecuado.
- El incumplimiento por parte de las Municipalidades de sus obligaciones de recolección y gestión de residuos.
- Operación legal de botaderos, plantas de transferencia u otras instalaciones de manejo de residuos.
- Manipulación de residuos peligrosos fuera de los parámetros de seguridad adecuados o de la regulación aplicable.
- Acciones que deriven en un daño grave al medio ambiente o a la salud pública.
- Causar daño ambiental significativo, como la contaminación de fuentes de agua, a través de la eliminación inadecuada de residuos.
- La quema abierta de residuos, especialmente si estos incluyen materiales.
El presidente Nayib Bukele compartió una gráfica acompañada del mensaje: “Es un concepto muy simple, en realidad”, en referencia a la relación entre el incremento de la población penitenciaria y la reducción de los homicidios en El Salvador durante los últimos años.
Según los datos presentados, la tasa de encarcelamiento pasó de alrededor de 600 reclusos por cada 100,000 habitantes en 2019 a más de 1,600 en 2024. En el mismo período, la tasa de homicidios descendió de aproximadamente 38 por cada 100,000 habitantes hasta alcanzar niveles históricamente bajos, cercanos a 2.4 homicidios por cada 100,000 habitantes.
La gráfica muestra que ambas tendencias tomaron direcciones opuestas a partir de 2019. Mientras aumentó el número de personas privadas de libertad, los homicidios registraron una disminución sostenida a lo largo de los años.
De acuerdo con el Gobierno, estos resultados reflejan el impacto de la estrategia de seguridad implementada durante los últimos años en el país.
Los 11 directores propietarios de los partidos políticos representados en la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) expresaron su reconocimiento y respaldo al trabajo que ejecuta el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el proceso preparatorio de los comicios generales programados para el 28 de febrero de 2027.
Como muestra de apoyo y con el propósito de fortalecer la relación de cooperación, respeto institucional y diálogo constructivo, los integrantes de la JVE enviaron una nota a la presidenta del TSE, Roxana Soriano, en la que destacaron la labor de coordinación desarrollada por la funcionaria.
En el documento, firmado por todos los directores, señalaron que la magistrada presidenta ha actuado con apego a los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia, manteniendo una relación institucional abierta y equitativa con todos los sectores.
Asimismo, los integrantes de la junta afirmaron que las autoridades del organismo colegiado han mostrado apertura y respaldo para que la institución de vigilancia pueda desarrollar las labores de fiscalización establecidas por la ley.
Alexis Zepeda, director propietario del PCN en la JVE, explicó que las coordinaciones con la presidenta del TSE tienen como objetivo común garantizar el adecuado desarrollo de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.
Según Zepeda, la presidenta Roxana Soriano y el director ejecutivo Héctor Larios han brindado facilidades para que los partidos políticos representados en la JVE puedan realizar procesos de transparencia, verificación y fiscalización sin generar dudas entre los institutos políticos.
Por su parte, Selim Alabi, director de la JVE por ARENA, manifestó que se desarrolla un trabajo coordinado y articulado con la presidencia del TSE y el resto de magistrados para la fiscalización de procesos activos, entre ellos la verificación de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) y de los centros de votación.
Alabi aseguró que, a diferencia de experiencias anteriores, con el actual tribunal se han establecido coordinaciones para desarrollar dichas fiscalizaciones y se está gestionando apoyo presupuestario ante el Ministerio de Hacienda para cumplir con los proyectos previstos.
En tanto, Irvin Sorto, director propietario del FMLN, destacó la accesibilidad de las actuales autoridades del TSE y las coordinaciones impulsadas con otras instituciones, entre ellas el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), para ejecutar las acciones necesarias que garanticen el debido proceso electoral.
Sorto señaló que la presidencia del TSE ha permitido la participación de la JVE en labores de fiscalización dentro y fuera del país, además de resaltar la apertura mostrada por el RNPN durante las reuniones sostenidas con esa entidad.
De igual manera, Franklin Alegría, representante del PDC en la JVE, afirmó que el TSE, el RNPN y el Ministerio de Relaciones Exteriores han brindado apertura a la Junta de Vigilancia Electoral para facilitar el trabajo de fiscalización de cara a las próximas elecciones.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó a la ciudadanía la ampliación del período para actualizar la dirección nacional en el Documento Único de Identidad (DUI), trámite que podrá realizarse hasta el 27 de agosto de 2026.
A través de un comunicado, el organismo colegiado informó que la actualización de la dirección permitirá asignar a los ciudadanos un centro de votación más cercano a su lugar de residencia.
«¡Ampliamos el periodo para actualizar tu dirección nacional en el DUI! Votar es más fácil si actualizas tu dirección. Así podremos asignarte un Centro de Votación más cerca de tu nuevo hogar. Tienes hasta el 27 de agosto de 2026 para realizar el trámite en cualquier Duicentro del país», indicó el TSE.
La ampliación de este plazo responde a la actualización del calendario electoral, tomando en cuenta las reformas avaladas por la Asamblea Legislativa.
De igual manera, el tribunal reiteró a los jóvenes que cumplirán 18 años antes de las elecciones generales que el período para preenrolarse permanecerá habilitado hasta el 29 de noviembre de 2026.
«¿Cumplís 18 años poco antes de las elecciones y querés saber si podrás votar? No te preocupés, estás a tiempo de preenrolarte. Ampliamos el plazo, ahora tenés hasta el 29 de noviembre de 2026 para hacerlo», detalló el TSE.
Para este proceso, los jóvenes pueden acudir a los diferentes duicentros del país acompañados de uno de sus padres o responsable.
Asimismo, el preenrolamiento puede realizarse durante las jornadas organizadas en centros educativos, así como en los centros de servicio y jornadas móviles habilitadas en el extranjero.
