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84,260 mareros capturados desde que inició el régimen de excepción
Desde marzo del 2022 al 31 de diciembre, bajo el régimen de excepción, 84,260 integrantes de pandillas, entre jefes y colaboradores, fueron capturados, según el último reporte brindado por el Gabinete de Seguridad Ampliado.
En el mismo período, las autoridades también han logrado debilitar a las pandillas con la incautación de 10,438 vehículos, más de 21,616 celulares y 4,548 armas de fuego.
«Estos datos respaldan el trabajo durante el régimen de excepción, lo que ha convertido a nuestro país como el más seguro del Hemisferio Occidental. Estamos en camino de ser el país más seguro del mundo y vamos a seguir trabajando por los salvadoreños, quienes nos dan el respaldo para seguir adelante» ha dicho, el ministro de Defensa, René Merino Monroy.
El funcionario asegura que, «el régimen de excepción es la herramienta adecuada para enfrentar este problema que no se había resuelto con las medidas previas. Con el Plan Control Territorial y sus fases, el régimen marcó una diferencia abismal».
Merino indicó que esta medida ha permitido combatir frontalmente a las mara, reducir delitos y proteger la vida de los salvadoreños. Además, parte de la estrategia para combatir las pandillas fue debilitar su financiamiento, lo cual implicó un trabajo conjunto e investigativo con instituciones clave como la Fiscalía General y la Policía Nacional Civil.
De igual forma, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro ha reiterado en varias ocasiones que con el régimen de excepción, por primera vez en la historia las autoridades de Seguridad se pusieron un paso por delante de la criminalidad y se ha logrado frenar su accionar delictivo a nivel nacional.
«Un estudio sobre lo que había pasado en El Salvador en los últimos 40 años, nos llevó a tomar medidas ordinarias como el Plan Control Territorial y extraordinarias como el régimen de excepción, que no es más que una guerra frontal en contra de la organización criminal», dice el titular de Seguridad.
El régimen inició el 27 de marzo de 2022 cuando, el presidente de la República, Nayib Bukele, solicitó a los legisladores aprobar la medida constitucional tras una ola de homicidios perpetrados por pandilleros entre el 25 y el 27 de marzo de dicho año, que ascendió a 87 crímenes contra la vida.
El régimen de excepción consiste en la suspensión de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 7, 12, 13 y 24 de la Carta Magna.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
