Judicial
50 años de prisión para pandilleros por feminicidio
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer condenó a dos pandilleros y absolvió a otros, quienes eran acusados por feminicidio agravado en Sofía M., de 18 años.
La jueza condenó al que fuera compañero de vida de la ofendida, David Ernesto Vásquez Benítez a la pena de 50 años de cárcel por ser coautor en el crimen, igual condena impuso José Armando Dubón Díaz. Entre ambos hubo un cruce de llamadas lo que delató la planificación del hecho; además, quedó evidenciado el lujo de barbarie que se descargó sobre la ahora occisa ya que el cadáver presentaba un corte casi total de la cabeza, la desfiguración del rostro y la destrucción de sus órganos genitales, también hubo abuso de poder con la violencia simbólica al haber atentado contra las partes íntimas.
La víctima dejó en la orfandad a un bebé por lo que la jueza dará órdenes para que sea la Procuraduría General de la República (FGR) y el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA) los encargados de darle algún tipo de ayuda, ya que no existe ni figura paternal o maternal que le permita al niño poder desarrollarse normalmente. La entrega íntegra de la sentencia se dará a las partes procesales el próximo 11 de mayo a las 2:30 p.m.
Por el lado de los absueltos no se pudo establecer el grado de participación y quedó evidenciada la duda por lo que la jueza otorgó la libertad.
Según datos, el crimen se registró el 3 de agosto de 2015 en el caserío El Rodeo de San Pedro Perulapán, Cuscatlán. El reo David Ernesto Vásquez Benítez, condenado por homicidio agravado en otro hecho, y José Armando Dubón Díaz planearon matar a la víctima, debido a que tuvo un bebé, fruto de la prostitución, a la cual el condenado la obligaba para que le enviara dinero al entonces Penal de Cojutepeque.
Vásquez Bermúdez era el compañero de la ahora occisa y le exigía que le enviara entre $50 a $100 semanales. La fecha antes mencionada le dijo que llegara al referido lugar en donde la esperaban los tres implicados, quienes la mataron con lujo de barbarie. De acuerdo con las indagaciones, existieron un total 214 llamadas entre David Ernesto y Dubón Díaz para planificar tal hecho, después de matar a la joven le hurtaron el teléfono celular para cambiarle chip. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a los facinerosos en 2019.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
