Internacionales
Salvadoreño acusado de robo, supuestamente escondió una escopeta en un árbol
Un ciudadano salvadoreño está acusado en el Tribunal del Quinto Distrito del Condado de Nobles de un delito grave de robo de una escopeta calibre 12, un delito menor grave de posesión ilegal de un arma de fuego y un delito menor de robo de vehículo luego de una serie de incidentes entre el 31 de julio y el 8 de agosto.
El 1 de agosto, los agentes de policía de Worthington fueron alertados sobre un robo reportado en el área. Al llegar y hablar con la víctima, se determinó que una escopeta calibre 12 fue robada de la camioneta de la víctima en algún momento entre la noche anterior y ese día.
La escopeta estaba dentro de un estuche de tapa dura de color negro. Además, también robaron del camión una bolsa de camuflaje violeta que contenía tapones para los oídos, casquillos de escopeta y varias carteras de cuero. La víctima valoró el arma robada en unos 2.000 dólares.
Al día siguiente, los detectives se reunieron nuevamente con la víctima, quien había descubierto un teléfono celular Motorola negro y un encendedor dentro del vehículo que no les pertenecía. Después de recuperar una orden de registro para el teléfono, los detectives determinaron que el dueño del teléfono era Jonathan Reyes-Jovel, de 26 años, quien fue reconocido por encuentros previos con la ley.
Aunque visitaron la última residencia conocida de Reyes-Jovel, los oficiales supuestamente no pudieron localizar al hombre y determinaron que aparentemente se había mudado hace más de un año. El WPD emitió una orden de búsqueda para localizar a Reyes-Jovel lo antes posible.
El 4 de agosto, se encontró una caja de armas de tapa dura vacía cerca de Sailboard Beach. No se recuperaron otros artículos.
El 6 de agosto, los agentes vieron a Reyes-Jovel caminando cerca de la intersección de Linda
Lane y First Avenue Southwest. Cuando se le preguntó sobre los bienes robados, Reyes-Jovel supuestamente admitió el crimen, explicando que había puesto el arma en un árbol cerca de la entrada de Lakeside Church, y que los otros artículos fueron puestos en un arbusto cerca del carril bici y Puppy Park.
Reyes-Jovel supuestamente declaró que estaba buscando dinero cuando encontró la escopeta, y decidió entonces que intentaría vender la escopeta por dinero. En el momento de este encuentro, los agentes no arrestaron a Reyes-Jovel y los artículos robados fueron recuperados en las áreas que supuestamente había descrito.
El 8 de agosto, Reyes-Jovel fue nuevamente localizado para una declaración formal. Después de recibir la declaración, los agentes arrestaron a Reyes-Jovel y lo ingresaron en la cárcel del condado de Nobles en espera de cargos penales. Los antecedentes penales muestran que Reyes-Jovel es ciudadano salvadoreño y anteriormente fue deportado en 2014. Su condición de extranjero ilegal le prohíbe poseer armas de fuego.
Si es declarado culpable, Reyes-Jovel enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión y/o una multa de $100,000 por cargos de delito grave de robo, un año de cárcel y/o una multa de $3,000 por posesión ilegal de un arma de fuego y 90 días de cárcel y/o una multa de $1,000 por ingresar o manipular un vehículo motorizado sin consentimiento previo.
Internacionales
Fiscalía de Guatemala allana sede de Save the Children por investigación de abusos contra niños
La Fiscalía guatemalteca allanó el jueves las oficinas de la organización no gubernamental Save the Children como parte de la investigación transnacional de abusos contra la niñez de este país centroamericano.
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, explicó, a través de un video en las redes sociales de la institución, que se llevó a cabo «la inspección, registro y secuestro de evidencias en seguimiento» a la pesquisa, luego de una denuncia de «carácter transnacional que abarcan acciones que podrían estar relacionadas con vulneraciones y abusos en contra de la niñez guatemalteca».
«También se ha solicitado apoyo a la Fiscalía de Texas, Estado Unidos… Y unir esfuerzos para abordar de manera integral para la investigación», detalló.
La organización rectificó en un comunicado de prensa que durante casi 50 años ha trabajado en Guatemala en diferentes programas de salud y nutrición para la niñez, adolescencia y sus familias durante emergencias, y se desvinculó de los señalamientos del traslado de menores de edad fuera del país.
«Hemos protegido a la niñez de cualquier abuso de sus derechos. No facilitamos -y nunca lo hemos hecho- el traslado de niños, niñas o adolescentes fuera de Guatemala», señala en el escrito.
«Nos ha impactado y desconcertado el registro sin precedentes de nuestras oficinas por parte del Ministerio Público de Guatemala (fiscalía). No se nos dio a conocer ninguna acusación específica, y no hay evidencias que respalden ninguna acusación de conducta indebida», indica.
La organización, con sede en el Reino Unido, asegura que trabaja apegada «a las normas más estrictas en materia de protección de la niñez y administración financiera. También rendimos cuentas ante la Comisión de Organizaciones Benéficas del Reino Unido y nuestros libros son auditados anualmente por múltiples donantes».
La cifra de muertos a causa de las fuertes lluvias e inundaciones repentinas en Kenia aumentó a 70, informó hoy viernes un funcionario del Gobierno.
El impacto humanitario de las fuertes lluvias, que han afectado a por lo menos 23 de los 47 condados, sigue aumentando. Las fuertes lluvias, desbordamientos e inundaciones repentinas han afectado a la mayor parte de Kenia, dijo el portavoz del Gobierno, Isaac Mwaura.
En el condado de Makueni, en el sur del país, se teme que otras 10 personas se hayan ahogado hoy al intentar cruzar un río desbordado.
El vicepresidente Rigathi Gachagua anunció el jueves que el Gobierno estableció un equipo nacional de emergencia de múltiples agencias para hacer frente a las inundaciones y un centro de respuesta para ayudar a gestionar las inundaciones.
Al menos 10 personas murieron y 9 resultaron heridas en un incendio que se desató la madrugada del viernes en una posada que funcionaba como albergue de personas sin hogar en Porto Alegre, en el sur de Brasil, informaron autoridades.
«Se confirmaron 10 víctimas y el lugar operaba de manera irregular»,señaló en un comunicado el cuerpo de bomberos del estado de Rio Grande do Sul.
Los forenses trabajan en el lugar para identificar a los fallecidos, agregó.
El gobernador del estado, Eduardo Leite, dijo en la plataforma X estar «profundamente consternado» por la tragedia y señaló que las autoridades trabajan en averiguar las causas del fuego.
Nueve personas rescatadas fueron trasladadas a dos hospitales de la zona, dijo la coordinadora de Defensa Civil de Porto Alegre, Bárbara Barbieri.
«Fue muy rápido, gritaron ‘Fuego’ y el fuego ya estaba a dos cuartos al lado del mío y salí corriendo porque ya había mucho humo», contó al portal G1 un residente del albergue, que no se identificó.
«Con tristeza y preocupación me enteré de la muerte de al menos 10 personas en un incendio en una casa de huéspedes en Porto Alegre», escribió en X el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que se solidarizó con los allegados de las víctimas.
Irregularidades
El director de Defensa Civil de Porto Alegre, Evaldo Rodrigues de Oliveira, dijo que un equipo evalúa los daños en las estructuras del inmueble, que pertenece a una red de posadas de bajo costo en Porto Alegre.
Las autoridades municipales autorizaron a las otras personas que residían en el edificio para retirar algunas pertenencias y ser llevadas a otros albergues.
Según los bomberos, la posada no contaba con permiso de funcionamiento ni plan de prevención de incendios.
El diputado de la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul Matheus Gomes denunció que el establecimiento recibe recursos de la alcaldía pese a que existen denuncias de «irregularidades» desde hace «años».
«Es necesario investigar no sólo el incendio, sino toda la trama de una tragedia anunciada», señaló en X.
En 2013, la ciudad de Santa Marta, también en Rio Grande do Sul, fue escenario de un incendio en una discoteca que dejó 242 muertos.
La mayoría de las víctimas perecieron asfixiadas por la nube tóxica despedida por el material inflamable del techo del local, que carecía de extintores que funcionaran y con solo dos puertas frontales para evacuar a una multitud, según la investigación.
