El presunto cártel, La Letra Mayor, lanzó una fuerte amenaza al gobierno de Alejandro Giammattei, luego de supuestamente verse afectado por los bloqueos, que centenares de ciudadanos ha hecho, para exigir la renuncia de al fiscal Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche y otros funcionarios.

Desde hace diez días se mantienen los bloqueos para exigir la salida de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, luego de que estos ordenaron allanar el tribunal electoral por presuntas anomalías en las elecciones disputadas en primera y segunda ronda, en junio y agosto pasados, donde logró imponerse el candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo.

Respaldado por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países y organismos internacionales, el opositor Arévalo considera que los tres funcionarios atentan contra la democracia y buscan evitar que asuma la Presidencia el 14 de enero.

Arévalo, que el fin de semana cumplió 65 años, los acusa de liderar un «golpe de Estado en curso» por el temor de las élites del poder a su promesa de lucha contra la corrupción.

Las protestas fueron convocadas inicialmente por organizaciones indígenas del oeste de Guatemala y luego se unieron grupos universitarios, maestros, médicos y otros gremios de las ciudades.

Varios negocios, empresas y mercados cerraron sus puertas, lo que ya comenzó a provocar un desabastecimiento de verduras y de combustibles, incluido el usado para aviones.

«No nos vamos a ir de aquí hasta que renuncie, hay gente que nos ha venido a apoyar, nos ha venido a dejar comida. La gente está bien unida», dijo en la exclusiva zona de Cayalá, periferia noreste de Ciudad de Guatemala, un manifestante que cubría su rostro con un pañuelo.

Pero la fiscal ha descartado en varias ocasiones renunciar y el lunes urgió a las fuerzas de seguridad actuar para desbloquear las vías, como lo dispuso la Corte Constitucional al acoger un recurso de amparo presentado por empresarios.

«Las manifestaciones pacíficas son un derecho, los bloqueos son un delito», reclamó la funcionaria en un video difundido en redes sociales.

La fiscal, Curruchiche y Orellana, que también avalaron la inhabilitación del partido político de Arévalo, son considerados por Estados Unidos como «corruptos» y «antidemocráticos».

«Ya no se tolerarán todos los actos fuera de lo establecido en la ley, los bloqueos son ilegales», sentenció el presidente Alejandro Giammattei en un mensaje a la nación.

El mandatario también descartó que se pueda cometer un «golpe de Estado» a alguien que no ha asumido la Presidencia y reconoció que los incidentes se comenzaron a salir de «control y provocar caos» perjudicando la economía del país.

Giammattei afirmó tener pruebas de un financiamiento de personas extranjeras para las protestas, sin precisar nombres, tras responsabilizar a Arévalo de la crisis.

Por lo tanto, todo esto ha generado problemas en el traslado de la “mercancía” al grupo delincuencial, por lo que tienen planeado usar la fuerza bélica en contra del gobierno y reestablecer el orden.