Internacionales
Padrastro abusó de niña de 9 años
Un residente de Copiague (Long Island, NY) fue sentenciado a 17 años de prisión seguidos de 20 años de supervisión después de declararse culpable de abusar sexualmente de su hijastra, una niña de 9 años.
“Hoy se ha hecho justicia, no sólo para la víctima, sino para todos los niños de nuestra comunidad que merecen sentirse seguros”, comentó el fiscal de distrito de Suffolk, Raymond A. Tierney en un comunicado. “Las acciones del acusado fueron reprensibles y la sentencia refleja la gravedad del daño causado a un niña inocente”.
Como se estableció en la investigación y la declaración de culpabilidad, en febrero de 2023 el acusado sometió a su hijastra a abusos sexuales, incluida la violación, mientras su madre estaba en el trabajo.
La víctima le contó a su madre sobre el abuso al día siguiente porque no quería quedarse sola con el acusado nuevamente. Su madre confrontó al sospechoso, quien se comunicó con la policía.
En septiembre de 2024 el acusado de 33 años se declaró culpable de violación ante la jueza interina de la Corte Suprema Karen M. Wilutis. Su nombre no se ha revelado para proteger la identidad de la víctima.
En un caso similar, este mes Edward Richard Hinds, líder religioso de Brooklyn (NYC) que ha estado involucrado en múltiples programas lanzados por el gobierno del alcalde Eric Adams, fue acusado de abuso sexual de un varón menor de edad.
También este mes un inmigrante fue arrestado y acusado como sospechoso de abusar de una niña de 5 años en Long Island (NY) y las autoridades temen que puede haber otras víctimas.
En octubre un residente de Brooklyn (NYC) admitió haber obligado a un adolescente a prostituirse tras convencerlo de huir de un hogar comunitario en Nueva Jersey. También un oficial que trabaja en el programa juvenil “Police Explorers” de NYPD fue acusado como sospechoso de intentar iniciar una conversación sexual en persona con una niña de 14 años, que en realidad era una agente encubierta.
Recientemente un hombre fue acusado de violar a un niño de 13 años después de conocerlo online y acecharlo en una escalera en el edificio de apartamentos de la víctima en El Bronx. En octubre una pareja se declaró culpable de abusar de una niña en Long Island.
En julio un hombre se declaró culpable y fue sentenciado a 20 años de prisión y 20 años más de supervisión posterior a su liberación por abusar durante años de su hijastra menor de edad en un hogar en Center Moriches (NY).
En junio una niña de 13 años fue abusada mientras jugaba fútbol con un compañero de la misma edad en el Kissena Park de Queens. Un hispano de 25 años fue detenido y golpeado por la comunidad, y luego confesó el crimen.
En enero Angad Beharry, oficial de la policía de Nueva York (NYPD), y Gisianet Christina Chirinos Viloria fueron arrestados y acusados como sospechosos de explotación sexual de una niña de 9 años. También ese mes un hombre mayor residente del condado Westchester (NY) fue acusado bajo cargos federales de explotación sexual de menores usando la aplicación Snapchat.
En octubre de 2023 un padre y su hijo, ambos maestros en Nueva Jersey, fueron arrestados y acusados como sospechosos de ver, descargar y poseer pornografía infantil. Por ese mismo delito se declaró culpable Damon Rallis, ex vicepresidente del Comité Demócrata de Southold Town (Long Island) y ex líder de la tropa de Boy Scouts de esa ciudad.
El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
Internacionales
La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.
