Internacionales
Padrastro abusó de niña de 9 años
Un residente de Copiague (Long Island, NY) fue sentenciado a 17 años de prisión seguidos de 20 años de supervisión después de declararse culpable de abusar sexualmente de su hijastra, una niña de 9 años.
“Hoy se ha hecho justicia, no sólo para la víctima, sino para todos los niños de nuestra comunidad que merecen sentirse seguros”, comentó el fiscal de distrito de Suffolk, Raymond A. Tierney en un comunicado. “Las acciones del acusado fueron reprensibles y la sentencia refleja la gravedad del daño causado a un niña inocente”.
Como se estableció en la investigación y la declaración de culpabilidad, en febrero de 2023 el acusado sometió a su hijastra a abusos sexuales, incluida la violación, mientras su madre estaba en el trabajo.
La víctima le contó a su madre sobre el abuso al día siguiente porque no quería quedarse sola con el acusado nuevamente. Su madre confrontó al sospechoso, quien se comunicó con la policía.
En septiembre de 2024 el acusado de 33 años se declaró culpable de violación ante la jueza interina de la Corte Suprema Karen M. Wilutis. Su nombre no se ha revelado para proteger la identidad de la víctima.
En un caso similar, este mes Edward Richard Hinds, líder religioso de Brooklyn (NYC) que ha estado involucrado en múltiples programas lanzados por el gobierno del alcalde Eric Adams, fue acusado de abuso sexual de un varón menor de edad.
También este mes un inmigrante fue arrestado y acusado como sospechoso de abusar de una niña de 5 años en Long Island (NY) y las autoridades temen que puede haber otras víctimas.
En octubre un residente de Brooklyn (NYC) admitió haber obligado a un adolescente a prostituirse tras convencerlo de huir de un hogar comunitario en Nueva Jersey. También un oficial que trabaja en el programa juvenil “Police Explorers” de NYPD fue acusado como sospechoso de intentar iniciar una conversación sexual en persona con una niña de 14 años, que en realidad era una agente encubierta.
Recientemente un hombre fue acusado de violar a un niño de 13 años después de conocerlo online y acecharlo en una escalera en el edificio de apartamentos de la víctima en El Bronx. En octubre una pareja se declaró culpable de abusar de una niña en Long Island.
En julio un hombre se declaró culpable y fue sentenciado a 20 años de prisión y 20 años más de supervisión posterior a su liberación por abusar durante años de su hijastra menor de edad en un hogar en Center Moriches (NY).
En junio una niña de 13 años fue abusada mientras jugaba fútbol con un compañero de la misma edad en el Kissena Park de Queens. Un hispano de 25 años fue detenido y golpeado por la comunidad, y luego confesó el crimen.
En enero Angad Beharry, oficial de la policía de Nueva York (NYPD), y Gisianet Christina Chirinos Viloria fueron arrestados y acusados como sospechosos de explotación sexual de una niña de 9 años. También ese mes un hombre mayor residente del condado Westchester (NY) fue acusado bajo cargos federales de explotación sexual de menores usando la aplicación Snapchat.
En octubre de 2023 un padre y su hijo, ambos maestros en Nueva Jersey, fueron arrestados y acusados como sospechosos de ver, descargar y poseer pornografía infantil. Por ese mismo delito se declaró culpable Damon Rallis, ex vicepresidente del Comité Demócrata de Southold Town (Long Island) y ex líder de la tropa de Boy Scouts de esa ciudad.
El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
Internacionales
FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
