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Oír hablar de derechos humanos es una cosa. Otra muy distinta es tener la misión de defenderlos sobre el terreno por Nguyen Huu Dong

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Oír hablar de derechos humanos es una cosa. Otra muy distinta es tener la misión de defenderlos sobre el terreno.Este fue el caso del autor de este artículo cuando, en 1991, fue nombrado coordinador de la misión de ONUSAL en la zona oriental del país, que comprende los departamentos de San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán.

En diciembre de 1991, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, celebrado en El Salvador antes de la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, la Misión recibió a los dirigentes regionales del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y del ejército salvadoreño.

Era la primera vez que se encontraban cara a cara, desarmados, en suelo internacional y no en un campo de batalla. Para mí, los derechos humanos han sido desde entonces un motor de reconciliación nacional, o al menos de civismo político.Abundan los documentos sobre derechos humanos. Pero ninguno puede sustituir las lecciones de la vida y las experiencias del trabajo. Me gustaría dar algunos ejemplos de la vida real.El coronel a cargo de la 3ª Brigada en San Miguel (tras los acuerdos de paz, fue el primer Director General de la Policía Civil del país) se ha convertido en un amigo.

Un día, cuando le explicaba que debíamos esforzarnos por respetar los derechos fundamentales, me cogió del hombro y me dijo: “Escucha, si yo tuviera tu sueldo, tu estabilidad y tu lugar de residencia, también sería un ardiente defensor de los derechos humanos”.Fue una declaración lúcida por su parte y una lección de humildad por la mía.Un día, en San Miguel, un hombre se presentó en nuestras oficinas para quejarse de los malos tratos que había sufrido a manos de la policía municipal.

Le habían vendado los ojos, abofeteado e insultado. Uno de mis colegas policías le preguntó: “¿Es cierto que cometiste un atraco a mano armada?” “Sí, es cierto, pero no se lo dije.” “Entonces, ¿de qué te quejas?”Fue un primer shock. Sabemos que todas las comunidades de seres vivos deben poseer cierto sentido de la justicia para existir como comunidades. Pero también sabemos que los peores criminales tienen derecho a un juicio público para preservar nuestra propia dignidad.Hannah Arendt lo explicó bien en su informe sobre el juicio a Eichmann.

La justicia sin ley es justicia sumaria (y excepcional si pensamos en una batalla) y la ley sin justicia sería la ley de la selva.¿Cómo explicar esto en diez minutos a un joven colega recién salido de la escuela de policía y apasionado por su trabajo?Segundo choque: una mujer de 19 años, peripatética de profesión, se presenta para denunciar a un policía municipal por violación.Sabemos que este tipo de situaciones son complejas porque a menudo se trata de una palabra contra otra y la condición social del acusado y de la víctima puede dar lugar a juicios parciales.Tras una (rápida) investigación, nuestra interpretación más realista es que no hubo violencia, sino incumplimiento de contrato. El individuo se marchó, consumado el acto, sin pagar.Fui a ver a su jefe para proponerle una sanción que me pareció suficiente: una semana de baja, más una indemnización a la mujer equivalente a 10 veces el importe de su billete (antes de que yo llegara, el agresor ya había recibido varias bofetadas de su superior).La División de Derechos Humanos de ONUSAL me llamó para decirme que no había entendido nada de esos derechos.

Hay que respetar el debido proceso. El abogado, financiado por la misión, pidió tres meses de prisión y la destitución del policía, cosa que se hizo.Al salir de la cárcel, el ex policía se convirtió en bandido y a las pocas semanas lo mataron a tiros. Su viuda acudió a mí en busca de ayuda, ya que había dejado tres huérfanos.Respuesta de la División: “No es nuestro mandato. Hable con el departamento de bienestar social.” (La víctima de la violación volvió a sus asuntos.)

La lección que saqué para mí, con el riesgo de que resulte un poco simplista, fue que los derechos humanos no son sólo una cuestión de leyes, sino una cuestión de seres humanos.Fue entonces cuando me di cuenta, más allá de los documentos, de que estos derechos no pueden ser política, sino que hay que pensar en una política de derechos humanos.¿Cuál es la diferencia? Permítanme recordarles que la base de nuestro mandato y nuestra acción es la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada en 1948, a su vez hija de la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776 y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

De hecho, los derechos fundamentales a la libertad, a la vida, a la dignidad, a la libre expresión y a la felicidad son, entre otros, derechos que no se conceden ni se exigen. Son derechos proclamados por los ciudadanos, y la razón de ser del sistema que hoy llamamos democrático es defender y promover esos derechos.La idea de construir un pueblo con derechos es una idea de intelectuales en busca de originalidad. Fue el pueblo francés en armas en 1789, la movilización de Martin Luther King en 1965, la lucha del Consejo Nacional Africano (ANC) en Sudáfrica durante décadas o la Primavera Árabe en 2010 lo que llevó a la adopción de medidas institucionales acordes con la demanda popular.Decir que los derechos humanos son la esencia de la política es caer en un cierto paternalismo que consistiría en decir: “los derechos humanos son la base de nuestra política, que consiste en defender tus derechos”. Hay una gran diferencia entre hacer feliz al pueblo (ningún poder autoritario dice lo contrario) y el derecho del pueblo a la felicidad.Por no hablar del hecho de que los derechos cambian, adoptan formas diferentes y se diversifican. Así que no basta con defender estos derechos, que se consideran inmutables, sino que también hay que tener en cuenta los nuevos derechos, nacidos de la historia y de las demandas de los ciudadanos.Cuando me enviaron a Afganistán en 2003 para ayudar a organizar las elecciones, me di cuenta una vez más de que los derechos “concedidos” no son necesariamente los derechos declarados.

Cuando ocuparon el país en 1979, los soviéticos abolieron los burkas e impusieron la educación mixta en las escuelas. En abstracto, eran medidas loables. En el contexto de la ocupación, se volvieron contra los más beneficiados: ácido lanzado contra mujeres sin burkas, granadas lanzadas contra escuelas mixtas.¿No sería preferible dejar que florezca el deseo de ciudadanía y que este deseo, ayudado por la educación para todos, refuerce el deseo de una identidad cívica y política que conduzca a la emancipación?Decir que es necesaria una política de derechos humanos es decir que, frente a ciudadanos decididos a defender sus derechos proclamados, las autoridades están obligadas a encontrar soluciones políticas e institucionales para proteger y reforzar esos derechos. Por lo tanto, estas políticas no pueden limitarse al debido proceso.

Tampoco pueden limitarse a los derechos existentes sin tener en cuenta los derechos futuros. Deben abrirse necesariamente a otros ámbitos, ya se trate de la política social (justicia social) o de la política económica (o, con la pandemia actual, de una política sanitaria digna de ese nombre), de la política del medio ambiente, del fortalecimiento de la arquitectura del sistema democrático, mediante el sufragio universal, el Estado constitucional de derecho, el pluralismo y el civismo político.Vayamos un paso más allá: en la esfera social y política tal como la conocemos, los derechos humanos son en principio equivalentes.En la práctica, sin embargo, nunca son absolutos (a excepción del derecho a la dignidad) y a veces se contradicen. El ordenamiento jurídico está para definir su relación, y el poder político y jurídico son instrumentos para jerarquizar esos derechos. Uno de mis profesores solía decir: “Es terrible ser explotado, pero a menudo es aún peor no serlo”, al hablar del desempleo masivo en los países en desarrollo. Hay que evitar la guerra, con su rastro de destrucción y sufrimiento, pero ¿cómo evitar la guerra si están en juego la libertad, la dignidad y la independencia?La experiencia de El Salvador durante los últimos años ilustra este carácter cambiante de los derechos humanos y la necesidad para el Estado de defender los Derechos Humanos cuando enfrenta desafíos nuevos: una nueva forma de guerra, una acción de tipo terrorista que se esconde detrás de crímenes comunes pero que amenaza no únicamente el derecho a la seguridad de la población, sino más allá, la existencia del Estado.

LA GUERRA CONTRA LAS PANDILLAS Y LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SALVADOR

Treinta años después de la firma de los Acuerdos de Chapultepec que pusieron fin a la guerra civil en El Salvador, volví como antiguo miembro de la ONUSAL para recordar este acontecimiento.Pero antes, tuve la oportunidad de volver a El Salvador para trabajar en proyectos de reforma electoral y participar en seminarios sobre gobernabilidad en los años 2000. Encontré un país todavía desgarrado, todavía dividido y profundamente preocupado por su futuro, en particular por el fenómeno de las maras, los expulsados de Estados Unidos que acababan en bandas de delincuentes que llevaban el nombre de las calles en las que vivían cuando estaban allí.Las medidas de seguridad eran severas porque la violencia estaba en el corazón de la capital y en las carreteras. Estuve presente cuando los periódicos informaban de crímenes atroces cometidos contra la población en barrios obreros, de violaciones utilizadas como arma de terror y, en algunas regiones, de la existencia de dos autoridades de tipo estatal.Después de haber trabajado en países como Afganistán, Irak, Timor Oriental e incluso más lejos, en Sudáfrica, conozco bien esta situación. La diferencia es que las elecciones sirvieron para poner fin a la guerra y restablecer la autoridad del Estado.

Aquí, en El Salvador, los crímenes son silenciosos, cometidos con pleno conocimiento de la opinión pública, un conflicto cuyas víctimas son a menudo personas sin voz ni medios de comunicación. Una guerra cotidiana, pues, y como toda guerra no declarada, una guerra sin piedad, tanto contra la población como contra el propio Estado de El Salvador.Norberto Bobbio, en su ensayo “Izquierda y Derecha”, afirma que la guerra que terminó sin vencidos ni vencedores fue una guerra que no cumplió su propósito.Reflexionando, y basándome en la experiencia que mi generación conoce directamente, tiendo a pensar que hay que ir más allá.El objetivo de una guerra de conquista puede alcanzarse estableciendo, con la victoria, un nuevo poder sobre el territorio conquistado. Pero, ¿es éste el final de la guerra o el principio de otra, la de liberación por ejemplo?

En cuanto a la guerra ideológica (que también es una guerra de conquista), es susceptible del mismo tratamiento. Afganistán es el último ejemplo.

En otras palabras, dudo que la guerra produzca ni vencedores ni vencidos. Cuando la situación es desesperada, los enemigos tienden a buscar un compromiso, lo que se denomina un acuerdo de paz, pero ¿cómo puede definirse la verdadera paz?Últimamente, me he topado con un enfoque rico en enseñanzas y relativamente cercano al adoptado por el gobierno de El Salvador. Se trata del enfoque desarrollado por Henry Laurens, una de cuyas tesis principales es “definir el verdadero final de la guerra”: la guerra termina realmente con la consecución de la paz, definida no como el cese de las hostilidades, sino como la reconciliación de la sociedad, la aceptación de las diferencias sociales, políticas, religiosas o étnicas, todas aquellas diferencias que hacen que una sociedad sea realmente una sociedad.Si volvemos a El Salvador, la tesis del gobierno de que la conmemoración de los Acuerdos debe ser más bien la de las víctimas, aunque choca frontalmente con los veteranos y los negociadores de estos Acuerdos, tiene el mérito de ser una llamada a la reflexión en el sentido propuesto anteriormente.Pero ésta fue una guerra típicamente civil.

La respuesta del gobierno de El Salvador es de sobra conocida, así como el resultado, que fue recibido con gratitud por gran parte de la población, que votó masivamente al equipo de gobierno saliente.Sin embargo, algunos medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos acusan al gobierno salvadoreño de “graves violaciones de los derechos humanos” en su lucha contra las organizaciones criminales conocidas como pandillas. Las fotos ampliamente difundidas de cientos de presos y las descripciones de las condiciones en las que se encuentran alimentan estas críticas, sin que se analice el tipo de guerra que libran las autoridades salvadoreñas ni el cuidado que han puesto en librarla.

Recordemos: Durante tres décadas (1992-2022), los derechos humanos de los salvadoreños fueron sistemáticamente violados por organizaciones criminales conocidas popularmente como maras o pandillas. Estos grupos se habían convertido en un poder paralelo al Estado, controlando la vida de los ciudadanos en las comunidades, extorsionando, secuestrando, violando, asesinando y desapareciendo a millares de salvadoreños en toda impunidad.Para hacer frente a esta situación, las autoridades, en junio de 2019, establecieron un plan de control territorial y luego adoptaron un estado de excepción provisional con suspensión de determinados derechos constitucionales en marzo de 2022.

Por mi parte, observo que esta política contra la guerra entre pandillas es crucial para el tema de los derechos humanos. En lugar de liderar silenciosamente la ofensiva contra las pandillas (como fue el caso de los asesinatos perpetrados por milicias extremistas en Argentina, por ejemplo), las autoridades salvadoreñas declararon la guerra a las pandillas (adoptando un Estado de Excepción, una medida dentro de la Constitución) y por un plan público conocido por todos. Como se señaló anteriormente, una guerra declarada es una guerra con formas legales de garantías que impiden que se convierta en una guerra de exterminio.Ante este verdadero genocidio contra el pueblo salvadoreño y la violación masiva de sus derechos a la vida y a la seguridad, se necesita un nuevo análisis de este tipo de violencia y de guerra. Quizás debemos alejarnos de la vieja doctrina de que solo los Estados violan derechos humanos, considerando simplemente como brutales actos de violencia las acciones de las pandillas.

La destrucción de las Torres en Nueva York provocó menos del 10% de las víctimas que causaron las pandillas, pero indujo un análisis nuevo de la naturaleza del atentado como una acción terrorista. ¿Cómo analizar las acciones de las bandas criminales de El Salvador?Fue hasta el mes de agosto de 2015, cuando hubo más de 900 homicidios en solo ese mes (promedio de más de 30 asesinados por día, es decir, cada hora se asesinaba a un salvadoreño), que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió declararlas terroristas: “son grupos terroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la pandilla (Barrio) 18 o Mara 18, y cualquier otra pandilla u organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado… así como a sus colaboradores, financistas y apologistas”.

Quienes critican esta política de seguridad no entendían que el Estado salió en defensa de los derechos humanos de millones de salvadoreños que estaban siendo violentados por estas estructuras criminales.En el caso de El Salvador, insisto, es importante subrayar que la lucha contra esta guerra se hizo tanto en base al derecho humanitario internacional (acudiendo al Jus ad bellum), como al derecho interno, aplicando la Constitución y reformando las leyes para introducir nuevas figuras jurídicas tales como la responsabilidad penal colectiva y el juzgamiento colectivo de la entidad criminal.También se adoptó la acumulación de penas cuando existe un concurso de delitos, llegando a establecerse penas de decenas y cientos de años. Solo así tendremos la garantía de ganar esta guerra y de generar una normativa especial contra el terrorismo.

Todo Estado tiene el derecho —y el deber— de salir en defensa de su población y su territorio cuando son atacados. Esta guerra necesaria se apega a los principios fundamentales que caracterizan a una guerra justa: desde su origen (la declara una autoridad legítima) hasta su objetivo (perseguir una causa justa para conducir a la paz) y sus medios (guardar la proporcionalidad entre la amenaza y los medios empleados).En caso de excesos de algunos agentes de autoridad o conductas que violen derechos humanos, la Policía Nacional Civil abrió una oficina de quejas contra agentes del orden. A la fecha existen varios procesos contra agentes acusados de ese tipo de malos comportamientos, hecho normal en un Estado de derecho.Para concluir.El Salvador, como Estado soberano, aceptó una observación y vigilancia internacional de su política de derechos humanos en 1992. A lo largo de su historia desde esos años, el país ha contribuido, por la inteligencia política de sus autoridades, a mejorar la significación del concepto de derechos humanos.Hoy el mundo está confrontado con nuevas formas de violencia (étnica, religiosa o sencillamente criminal) que afectan a la población en general pero que constituyen retos mortales para los Estados. El drama actual de Haití es el ejemplo más contundente.El Salvador nos está ofreciendo una experiencia importante para pensar los derechos humanos dentro de las nuevas formas de guerra.

Nguyen Huu Dong ex funcionario del Departamento de Asuntos Políticos de la Secretaria de la Organización de las Naciones Unidas. Fue coordinador de la ONUSAL en la zona oriental de El Salvador (1991-1992). Ha recibido el premio en Derechos Humanos “Ramon Sánchez Medal” de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos en Diciembre de 2020

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¿Y si dejamos de robar con Edgar Morín? – Lisandro Prieto Femenía

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“Si esta tendencia continúa, las naciones de todo el mundo producirán generaciones de máquinas útiles, pero ciudadanos deficientes”.

Martha C. Nussbaum

El panorama de la educación posmoderna se presenta como un escenario de profunda calamidad epistemológica. Si, arranqué fuerte, porque no se trata de una crisis de recursos, sino de una crisis de sentido, donde la formación ha desertado su función esencialmente humanista para convertirse en una simple transferencia mediocre de habilidades instrumentales o, peor aún, en una arquitectura curricular de modelos teóricos mal digeridos. El resultado es una escolarización inconsciente, marcada por la fragmentación del saber que impide al estudiante discernir las relaciones sistémicas entre los fenómenos. Esta matriz intelectual, heredera del mecanicismo que disoció la realidad en compartimentos estancos, es la que ha llevado a la pedagogía a esquivar la formación eficiente y consciente en aras de la superficialidad. Pues bien, frente a este reduccionismo intelectual y sus consecuencias pedagógicas, la obra de Edgar Morín se alza como la interpelación filosófica más vigorosa, que hoy intentaremos desmontar.

Su postulado no es una simple receta educativa, sino un llamado a reformar el entendimiento mismo. Morín postula el “paradigma de la complejidad” no como una teoría unívoca, sino como un método de intelección que exige el reconocimiento de la interdependencia y la incertidumbre en los sistemas vivos y sociales. El núcleo de su propuesta reposa en la articulación de la unidad y la multiplicidad, condensada en la premisa esencial de que “el pensamiento complejo es un pensamiento que religa… su misión es restituirnos al conocimiento multidimensional. El conocimiento pertinente debe enfrentar la complejidad, que es la unión entre la unidad y la multiplicidad” (Morin, Introducción al pensamiento complejo, 1990, p. 32).

Este acto de “religación”, lejos de ser un mero sincretismo, se apoya en principios potentes como el dialógico (que une términos complementarios y antagónicos como el orden y el desorden) y el hologramático (donde la parte está en el todo y el todo está en la parte). De hecho, Morín es enfático al distinguir su propuesta de una simple acumulación temática al afirmar que “la complejidad es la unión entre la unidad y la multiplicidad, pero es ante todo un método, una estrategia; no es una receta para el conocimiento; es una invitación a una estrategia de pensamiento” (Morín, 1990, p. 58). Esta distinción es crucial para entender el abismo entre la propuesta original y sus posteriores aplicaciones a la educación.

Antes de proceder a la disección crítica de las políticas educativas occidentales, es imperativo establecer la naturaleza precisa de esta objeción. La presente reflexión no pretende desmeritar la labor epistemológica de Morín; por el contrario, su llamado a la religación y al pensamiento multidimensional es reconocido como un antídoto necesario contra el pensamiento fragmentado de la modernidad. El blanco de nuestra crítica no es el arquitecto del “pensamiento complejo”, sino los diletantes y perezosos exegetas y burócratas curriculares que, al apropiarse de su terminología, han vaciado sus conceptos de rigor. Se trata de una denuncia a la interpretación subalterna que ha convertido una exigencia meta-epistemológica en una simple receta administrativa, es decir, a aquellos que se han dedicado a «robar» en nombre de Morin, utilizando la complejidad como un rótulo para justificar la falta de criterio y la dispersión programática. La crítica se dirige, en suma, a la celeridad acrítica con la que se han elaborado políticas educativas que, bajo el auspicio de la complejidad, han debilitado estructuralmente la formación disciplinar por generaciones.

La riqueza de este pensamiento, concebido para la reflexión filosófica y la meta-epistemología, ha sido recibida en el sector educativo con un entusiasmo desmedido que, irónicamente, la ha simplificado hasta la banalidad. En el árido terreno de la política curricular, la vocación de síntesis moriniana se ha transmutado en un postulado retórico que aboga por la disolución de las asignaturas en vastas “áreas del conocimiento” o en “ejes transversales”, cuyo fin declarado es integrar los famosos siete saberes necesarios para la educación del futuro (Morin, 1999). Esta traslación instrumental, al convertir la complejidad en una exigencia administrativa, suele precipitar un eclecticismo exacerbado en el diseño curricular. El intento por abarcar la “unitas multiplex” termina por pulverizar la identidad de los saberes disciplinares. La necesidad de tratar simultáneamente la “identidad terrenal” y el “enfrentamiento de las incertidumbres” en cada clase diluye la profundidad propedéutica, dejando a los estudiantes con una percepción difusa de la realidad educativa, carente de las herramientas lógicas y metodológicas esenciales.

La crítica fundamental a esta deriva no radica en negar la existencia de sistemas complejos, sino en censurar la pérdida del criterio en la selección pedagógica. La imperiosa necesidad de “religar” se convierte en una justificación a priori para eludir la justificación ontológica y la criba epistemológica de los contenidos. Aquí, emerge con resonancia la voz de la filosofía materialista española. Gustavo Bueno, desde su sistema homónimo, denuncia la abstracción que domina estas tendencias totalizadoras. Para él, la realidad se estructura en categorías ontológicas que no pueden ser mezcladas impunemente sin caer en la confusión: no todo tiene que ver con todo.

La educación debe, precisamente, enseñar a distinguir la lógica de la Física de la lógica de la Biología o de la Historia. La obsesión por la “visión integral” sin distinción material es, a juicio de Bueno, un fraude programático: “Los fenómenos no son nunca ‘complejos’ en un sentido metafísico o irracional, sino que son estructurados en diferentes categorías ontológicas. La educación que persigue una visión ‘integral’ sin establecer la distinción material de los saberes, no es más que una confusión programática” (Bueno, Filosofía y educación 2018, p. 27). La fuerza de su argumentación radica en la gnoseología misma, es decir: si el pensamiento complejo aspira a la rigurosidad, debe pasar por la disciplina. Enfatizando esta necesidad de rigor, Bueno aclara que “la unidad del saber no se da en un ‘continuum’ borroso, sino en la conexión rigurosa de campos mutuamente distintos y, a menudo ‘irreductibles’. La gnoseología materialista exige el cierre categorial” (Bueno, 2018, p. 55).

Este materialismo categorial nos recuerda que la disciplina no es una limitación, sino el marco necesario para el cierre categorial, es decir, para la obtención de verdades científicas o lógicas dentro de un campo del saber específico. Al disolver este cierre bajo el manto de la complejidad, sólo se logra una superficialidad que no permite al estudiante adquirir una formación sólida en la lógica interna de ningún saber. El término mismo de “complejidad”, en manos de pedagogos chantas, se trueca en una licencia para la vacuidad, donde la multidisciplinariedad reemplaza vergonzosamente a la rigurosidad y se carga a la verdadera comprensión cabal de los contenidos.

A esta crítica epistemológica se suma la objeción sociológica, en este caso, de Basil Bernstein, quien analizó las consecuencias de la integración curricular en términos de poder y equidad social. La disolución de fronteras disciplinares, típica del eclecticismo que surge de aplicar mal la complejidad, tiende a debilitar lo que él denomina el código de clasificación fuerte. Bernstein argumenta que, “cuanto más integrado es el currículo, más débil es la clasificación y más implícitas y abstractas son las reglas de la jerarquía” (Bernstein, 1975, p. 95) ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento disciplinar y explícito (código fuerte) es el que otorga acceso a los principios generativos de un campo, y su debilitamiento, bajo la apariencia de una visión holística o compleja, en realidad perjudica a los estudiantes de los estratos socioeconómicos más bajos, ya que éstos carecen del capital cultural para llenar los vacíos implícitos del currículo integrado. Así, el intento de “religar” termina siendo una herramienta de reproducción de la desigualdad al no garantizar el acceso democrático al conocimiento formal.

La paradoja se ensombrece aún más al considerar el impacto de esta disolución en la formación cívica y humana. La promesa de Morín de formar un “ciudadano terrestre” capaz de afrontar la incertidumbre se ve saboteada por la misma metodología que la implementa. Al fragmentarse el currículo en macro-competencias vagas, se desatiende el cultivo paciente de las humanidades, que son el antídoto (pharmakon) contra la simplificación política y moral. Martha Nussbaum articuló esta preocupación con vehemencia, argumentando que la fascinación utilitarista por las “destrezas” aptas para la generación de renta está provocando una “crisis silenciosa” en la formación democrática: “se están produciendo cambios drásticos en aquello que las sociedades democráticas enseñan a sus jóvenes. Estamos erradicando las materias y las carreras relacionadas con las artes y la humanidades”, se lamenta nuestra filósofa (Nussbaum, 2010, p. 23).

La aplicación laxa de la complejidad corre el riesgo de ser cooptada por esta misma lógica utilitaria: al buscar la “totalidad” del conocimiento global y las “competencias sistémicas”, se descuida la profundidad del conocimiento particular, aquel que dota al individuo de las herramientas para la reflexión crítica, la imaginación narrativa y el juicio moral. De hecho, Nussbaum advierte sobre la consecuencia directa de esta tendencia al sostener que si esta tendencia continúa, las naciones de todo el mundo producirán generaciones de máquinas útiles, pero ciudadanos deficientes” (Nussbaum, 2010, p. 18). La capacidad de emitir un juicio crítico sobre los dirigentes políticos o de pensar el bien común, habilidades que ella considera esenciales, requiere la inmersión profunda en la historia y la filosofía. Cuando el currículo se convierte en una vasta red de referencias mutuas sin nodos fuertes, el resultado no es un “pensamiento complejo”, sino un pensamiento débil, incapaz de resistir a las lógicas utilitarias o discursos simplificadores.

La reflexión sobre la aplicación de Morín en la pedagogía impone la necesidad ineludible de cuestionar si la fascinación por el concepto de complejidad no oculta, en realidad, una huida de la responsabilidad de la decisión pedagógica. El desafío de la educación no pasa simplemente por reconocer la complejidad del mundo, sino proveer las estructuras conceptuales rigurosas para operar sobre él. En este sentido, si la complejidad exige el imperativo de “religar”, el problema central del diseño curricular se desplaza del “qué-enseñar” al criterio de exclusión. ¿Cuál es, entonces, el fundamento filosófico y gnoseológico que debe guiar la selección de ciertos saberes por sobre otros, evitando que la totalidad sea un pretexto para la dispersión y el sincretismo sin fundamento? Al abrazar lo complejo, la política educativa debe ofrecer una justificación sólida que impida la mera acumulación de temas que están de moda, de lo contrario, se corre el riesgo de que el currículo sea un espejo de todas las inquietudes globales sin la suficiente densidad para afrontar ninguna con rigor.

De esta primera tensión surge una segunda inquietud, de índole estrictamente pedagógica: ¿cómo se asegura que un currículo basado en el axioma de la complejidad no abandone su función propedéutica irrenunciable? La educación básica y media está obligada a dotar a los estudiantes de las herramientas disciplinares mínimas- la gramática formal, la lógica proposicional, las matemáticas duras- que constituyen el andamiaje sobre el cual se construye también el pensamiento crítico. Si, en nombre de la incertidumbre y la multidimensionalidad, se debilitan estos fundamentos, el resultado no es un pensador complejo, sino un ciudadano desarmado que carece de la precisión conceptual necesaria para enfrentar realmente la ambigüedad del mundo adulto, haciendo de la vaguedad su única competencia.

Este debate desciende entonces al ámbito de la política pública, obligándonos a preguntar si la invocación de la complejidad, con su alta carga idealista, no funciona como una elegante cortina de humo que desvía la atención de los fallos materiales del sistema. ¿Puede el lenguaje de la “transversalidad” y la “integración” disimular la crónica falta de inversión en la especialización del profesorado, el presupuesto insuficiente y la precariedad de la infraestructura? Al focalizar toda la reforma en la dimensión retórica del diseño curricular, se elude la necesidad de abordar los problemas concretos de gestión educativa, utilizando el idealismo moriniano como un sofisticado recurso de evasión de las responsabilidades financieras y estructurales.

Finalmente, es imperativo interrogar la funcionalidad ideológica del paradigma en el contexto neoliberal: ¿es posible que el lenguaje de la complejidad se haya convertido, en realidad, en la retórica sofisticada que legitima un currículo funcional a las demandas líquidas del mercado laboral? Al priorizar “competencias sistémicas” y la adaptabilidad constante, se corre el riesgo de que la educación se centre en formar trabajadores flexibles, es decir, desprovistos de la base filosófica e histórica que les permitiría resistir o cuestionar el sistema político y económico. La pérdida de la dimensión emancipadora que reside en la crítica disciplinaria profunda convierte al “pensamiento complejo” en un mero entrenamiento para la obediencia adaptativa, despojando a los ciudadanos de su capacidad de trascendencia crítica y reflexión autónoma.

 

Referencias Bibliográficas

Bernstein, B. (1975). Clase, códigos y control. Vol. 3: Hacia una teoría de las transmisiones educativas. Akal.

Bueno, G. (2018). Filosofía y educación (2.ª ed.). Pentalfa Ediciones.

Morin, E. (1990). Introducción al pensamiento complejo. Editorial Gedisa.

Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO/Paidós.

Nussbaum, M. C. (2010). Sin fines de lucro: Por qué la democracia necesita de las humanidades. Katz Editores.

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“No, no todas las opiniones son respetables”- Lisandro Prieto Femenía

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«Nuestra cultura ha entronizado un principio que me parece letal: “Todas las opiniones son respetables”. Es una solemne estupidez. Las personas son respetables, pero las opiniones deben ganarse el respeto a través de las pruebas, de las razones, de la veracidad o de su utilidad» (Marina, 2004, p. 112).

Lamentablemente, nos hemos habituado a caminar sobre un suelo de vidrio, temerosos de que el sonido de una contradicción quiebre la frágil paz de la convivencia posmoderna. Existe un virus silencioso, una suerte de patología de la inteligencia, que se ha infiltrado en nuestras aulas, en nuestras tertulias y en el núcleo mismo de nuestra vida política. Se trata de la creencia de que todas las opiniones, por el solo hecho de ser enunciadas, gozan de una aureola de respetabilidad sagrada. Esta idea, bajo un disfraz de tolerancia parece proteger la democracia, pero, en realidad, es su mayor enemigo. Cuando afirmamos que todas las opiniones valen lo mismo, estamos decretando, en la práctica, que todas valen nada.

¿Desde cuándo el derecho a tener una creencia otorga a dicha creencia una inmunidad diplomática frente a la verdad? Es fundamental que nos detengamos a diseccionar esta confusión terminológica que hoy parece la norma. La libertad de expresión y la libertad de culto son derechos inalienables que protegen a los individuos, es decir, al sujeto de derecho, pero jamás al contenido semántico de lo que ese sujeto expresa. Un ciudadano tiene el derecho legal de afirmar que la Tierra es plana o que el odio al diferente es una virtud, y el Estado no debería encarcelarlo por ello. Sin embargo, ese mismo derecho no obliga a la sociedad ni a la academia a otorgar a tales despropósitos un lugar en la mesa de la racionalidad. Al confundir el respeto a la persona con el respeto a su opinión, estamos desarmando nuestra capacidad de juicio y entregando las llaves del bien común a la arbitrariedad más absoluta.

En su obra titulada “La inteligencia fracasada: teoría y práctica de la estupidez”, José Antonio Marina (2004) nos previene sobre los peligros de esta claudicación intelectual. El filósofo señala que la inteligencia puede ser utilizada para el bien o para el mal, pero también puede quedar atrapada en callejones sin salida por culpa de prejuicios que se vuelven dogmas intocables. La patética frase, muy utilizada en la actualidad, “respeto tu opinión aunque no la comparta” suele ser, en la mayoría de los casos, un gesto de pereza mental o de cobardía. Es la forma elegante de decir que no nos importa la verdad lo suficiente como para entrar en la noble lid de la argumentación. Si una opinión es falsa, calumniosa o violenta, ¿por qué habríamos de otorgarle el honor de nuestro respeto? El respeto es un valor moral que se debe a la dignidad humana, pero la verdad es un valor epistémico que se debe a la realidad.

Esta renuncia se disfraza hoy bajo el manto de lo políticamente correcto, una forma de censura blanda que confunde la cortesía con la sumisión. Lo que denominamos tolerancia se ha degradado en una suerte de nihilismo amable, donde señalar el error ajeno se percibe como un acto de crueldad y no como un servicio a la comunidad. La verdadera tolerancia es un ejercicio de fortaleza que nos obliga a soportar la existencia de lo que nos disgusta, pero jamás nos exige validar la mentira. Por el contrario, la sumisión a lo políticamente correcto es un acto de debilidad en tanto que representa el sacrificio de la honestidad intelectual en el altar de una armonía ficticia. En este contexto, Hannah Arendt es tajante al respecto en su ensayo “Verdad y política” (1996) cuando expresa que “la libertad de opinión es una farsa a menos que se garantice la información objetiva y que no se cuestionen los hechos mismos; la libertad de opinión, en otras palabras, no se refiere a la verdad factual” (p. 249).

Cuando permitimos que lo “adecuado” asfixie a lo “verdadero”, la convivencia se transforma en un teatro de sombras donde nadie se atreve a encender la luz. Esta sumisión crea un vacío ético donde los hechos dejan de importar y sólo sobrevive el sentimiento de haber sido ofendidos por la realidad. Pensemos por un instante en el daño que causa esta equidistancia en el ámbito educativo. Los jóvenes, imbuidos de un relativismo mal entendido, sostienen que criticar una idea ajena es una forma clara de agresión. Pero la verdadera agresión es permitir que alguien permanezca en el error bajo la falsa premisa de la tolerancia. Si un alumno defiende una postura que atenta contra la evidencia científica o los derechos humanos, nuestra obligación ética como docentes no es “respetar su visión”, sino confrontarla con rigor. Al respecto, John Stuart Mill, en su tratado “Sobre la libertad” (1984), ya nos recordaba la importancia del choque de ideas para el progreso de la humanidad. El pensador inglés sostenía que incluso si una opinión es errónea, su discusión beneficia a la verdad al obligarnos a defenderla con mejores argumentos: “Si toda la especie humana no tuviera más que una opinión, y solamente una persona fuera de la opinión contraria, la humanidad no tendría más derecho a imponer silencio a esa persona que el que tendría ella misma a imponer silencio a la humanidad, si pudiese” (p. 68).

No obstante, esa defensa de la libertad de expresión que hace Mill no debe leerse como una validación de la ignorancia. El hecho de que no debamos silenciar al que yerra no implica que debamos poner su error al mismo nivel que la verdad contrastada. Esta inercia hacia la aceptación universal se ha visto potenciada por una posmodernidad que ha exaltado la complacencia por la mentira. Vivimos en lo que Byung-Chul Han (2017) define como la “sociedad de la positividad”, es decir, un sistema que busca eliminar toda negatividad, todo choque y todo “no” que pueda interrumpir el flujo del consumo y la aprobación social. En esta arquitectura del consenso forzado, decir “no” a una opinión que consideramos falsa o aberrante se etiqueta inmediatamente como un acto de intolerancia, cuando en realidad es el último reducto de la libertad. Concretamente, Han nos advierte con lucidez que “la proliferación de lo igual se hace pasar por crecimiento. […] Lo que hoy se experimenta no es la libertad, sino la falta de libertad que resulta de la autoexplotación y de la presión por la positividad” (p. 14).

Sumergidos en este mar de rostros que asienten, hemos olvidado que la filosofía es, ante todo, un ejercicio de distinción. Recuperar la valentía de decir “no” frente a discursos orquestados por agendas culturales que exigen nuestra adhesión incondicional es una urgencia ética a la que nadie le está prestando atención. Requiere la fortaleza que Nietzsche (1972) atribuía al espíritu cuando se transforma en león. Para él, no basta con soportar la carga del deber, sino que es necesario conquistar la libertad para crear nuevos valores, y eso sólo es posible mediante el “santo decir no”, frente a la tradición y el rebaño. Así lo expresa Nietzsche en “Así habló Zaratustra”: “Para crear valores nuevos, eso no lo puede hacer todavía el león; pero crearse libertad para un nuevo crear, eso sí lo puede hacer el poder del león” (p. 54).

Esta valentía de la negación, sin embargo, conlleva un precio social que hoy pocos están dispuestos a pagar. La sociedad estupidizada y masificada no tolera la disonancia y castiga con una ferocidad ácida a quien se atreve a señalar que el emperador está desnudo. Una ilustración magistral de este fenómeno la encontramos en la serie “Curb your enthusiasm”, donde Larry David encarna al paria de la etiqueta social. Larry es tildado de “asesino social” no porque sea un malvado, sino porque se niega abiertamente a participar en la farsa de las opiniones respetables por compromiso. El mote de “asesino social” (alegoría de “asesino serial” aplicada a lo políticamente correcto) que recae sobre David no es un estigma de su incapacidad para convivir, sino una medalla de su integridad epistemológica. Lo que el protagonista asesina no es la paz, sino la mentira ritualizada que sostiene una armonía muy cómoda, pero ficticia. Su insistencia en la verdad- incluso en la verdad trivial- lo convierte inmediatamente en el chivo expiatorio de una comunidad que prefiere la hipocresía reconfortante al roce de la honestidad. En este escenario, el discrepante es ridiculizado, tratado como un payaso o un desubicado, un recordatorio de lo que René Girard (1986) describía como la necesidad de la masa de unificar sus frustraciones contra una víctima propiciatoria para restaurar una paz ficticia.

Al observar las peripecias de David, asistimos a la anatomía del linchamiento posmoderno. El grupo no ataca la lógica de sus argumentos, sino su falta de “tacto”, esa palabra que hoy usamos para camuflar nuestra claudicación ante la falsedad. Aquí, el ridículo se invierte: no es David quien resulta patético por su franqueza, sino la turba que reacciona con violencia desmedida para proteger el statu quo de su propia idiotez. Esta violencia es el mecanismo de defensa de lo que José Ortega y Gasset (2005) identificaba como el “hombre-masa”, ese individuo que no quiere dar razones ni tener razón, sino que simplemente desea imponer sus vulgares opiniones como si fueran leyes universales. Con preocupación, Ortega y Gasset nos señalaba que “el hombre-masa es el que no se exige nada, sino que es en cada instante lo que ya es, sin esfuerzo de perfección, boya que va a la deriva. […] Aquí el hombre-masa no desea dar razones, sino que se siente con el derecho a no tener razón y a imponer su sinrazón” (pp. 118-121).

En esta atmósfera de nivelación, aquel que no tiene miedo de discrepar es visto como un error del sistema que debe ser corregido mediante la burla o la expulsión. Convertir al disidente en un payaso es la estrategia más eficaz de la posmodernidad para desactivar el peligro de sus ideas: si logramos que el que dice la verdad parezca un loco o una inadaptado, ya no necesitamos refutar sus razones. Se produce, entonces, lo que Søren Kierkegaard (2012) denominaba “la nivelación”, un proceso donde el individuo es absorbido por “el público”, ese monstruo abstracto que anula toda excelencia y toda distinción en nombre de una igualdad mal entendida. Con amargura, Kierkegaard explicaba que “la nivelación es el predominio de la categoría generación sobre la categoría individuo. […] Para que la nivelación se produzca verdaderamente hace falta que se introduzca primero un fantasma, cuyo espíritu sea la nivelación, un monstruoso nada, una abstracción: el público” (pp. 71-72).

Esta enfermedad social nos devuelve al eterno retorno de la fábula de Hans Christian Andersen, donde el emperador desfila con un traje inexistente tejido con el hilo de la vanidad y el miedo. El relato no trata sobre la desnudez de un monarca, sino sobre la complicidad de una corte y un pueblo que prefieren validar la nada antes que admitir su propia vulnerabilidad ante la mirada del otro. En el mundo contemporáneo, ese traje invisible está hecho de “opiniones respetables” que carecen de sustento, pero de que todos admiran para no ser tildados de ignorantes o crueles. El grito del niño “¡el Rey está desnudo!” no es sólo una observación óptica, sino un acto de sabotaje contra la arquitectura de la hipocresía. Al respecto, Michel Foucault (2004), en sus lecciones sobre el coraje de la verdad, rescató el concepto de “parresía”, ese hablar veraz que implica un riesgo para quien lo ejerce. La parresía no es sólo decir la verdad, es decirla cuando la estructura de poder- o de la masa- exige el silencio: “La parresía es la actividad discursiva por la cual alguien afirma, de manera clara y franca, su relación personal con la verdad, y corre un riesgo al hacerlo, pues el decir la verdad es un acto de libertad que se opone a la coacción” (pp. 25-26).

Cuando el niño expresa la verdad, no está pidiendo respeto por su opinión, está arrojando un hecho contra el cristal de la mentira colectiva. Lo trágico de nuestra época es que hoy, si un niño se atreviera a tal proeza, la multitud no despertaría de su letargo, sino que exigiría el respeto por el diseño invisible del sastre y acusaría al niño de carecer de sensibilidad estética o de “odio” hacia el colectivo de la corona. En pocas palabras, amigos míos, hemos convertido la ceguera voluntaria en un valor ético superior a la visión honesta y sensata.

Pregunto, ¿es posible construir una sociedad justa si renunciamos a la jerarquía de los valores y de las ideas? Al claudicar ante el “todo vale”, nos quedamos huérfanos de criterios para distinguir lo bello de lo mediocre, lo justo de lo útil y lo verdadero de lo ilusorio. Esta renuncia nos deja vulnerables ante los demagogos que, sabiendo que su discurso no resiste al mínimo análisis lógico, se refugian en el derecho a la opinión para sembrar el caos. El dolor que produce ver la degradación de la palabra pública debería conmovernos un poquito más, ¿no les parece? Debería despertarnos esa inquietud socrática que nos impide aceptar las sombras de la caverna como si fueran la luz del sol.

Tal vez sea el momento de recuperar el coraje de decir: “No, no respeto tu opinión”. No lo digamos desde la soberbia, sino desde el amor a la sabiduría y desde la responsabilidad que tenemos para con los demás. ¿No es, acaso, más honesto y más humano desafiar al otro a pensar mejor que dejarlo naufragar en su propia insensatez? La próxima vez que alguien les pida respeto por una idea que agrede a la razón o a la decencia, preguntémonos: ¿estamos siendo tolerantes o simplemente estamos siendo cómplices de la estupidez? ¿Estamos dispuestos a sacrificar la verdad en el altar de una falsa armonía? El silencio ante el error no es paz, es desierto y la filosofía, queridos lectores, comienza precisamente donde termina la comodidad de las opiniones aceptadas. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por el confort de nuestro silencio? ¿Es nuestra paz social un templo construido sobre los cimientos de la mentira? Piénsalo, ¿no te parece?

Referencias bibliográficas y fuentes consultadas

Arendt, H. (1996). Entre el pasado y el futuro: Ocho ejercicios sobre la reflexión política. (A. Poljak, Trad.). Península. (Original publicado en 1961).

Foucault, M. (2004). Discurso y verdad en la antigua Grecia. (F. Fuentes, Trad.). Paidós. (Original publicado en 1983).

Girard, R. (1986). El chivo expiatorio. (J. Jordá, Trad.). Anagrama. (Original publicado en 1982).

Han, B.-C. (2017). La expulsión de lo distinto. (A. Saratxaga, Trad.). Herder. (Original publicado en 2016).

Kierkegaard, S. (2012). La época presente. (V. Gómez, Trad.). Trotta. (Original publicado en 1846).

Marina, J. A. (2004). La inteligencia fracasada: Teoría y práctica de la estupidez. Anagrama.

Mill, J. S. (1984). Sobre la libertad. (P. Levy, Trad.). Alianza Editorial. (Original publicado en 1859).

Nietzsche, F. (1972). Así habló Zaratustra. (A. Sánchez Pascual, Trad.). Alianza Editorial. (Original publicado en 1883).

Ortega y Gasset, J. (2005). La rebelión de las masas. Alianza Editorial. (Original publicado en 1930).

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Analizando el sentido del chivo expiatorio- Lisandro Prieto Femenía

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«Lo que cura y lo que mata, aquello que salva a la comunidad y a la vez es sacrificado por ella, no son opuestos sino la misma cosa tomada desde dos caras de la misma operación» (Derrida, 1995, p. 82).

La historia del pensamiento occidental puede leerse como un intento persistente de trazar fronteras nítidas donde la realidad sólo ofrece matices. En el centro de esta pugna, se halla la figura del “phármakon”, un término que en la Grecia clásica designaba un objeto que porta en su raíz la incertidumbre: es el remedio que restaura la salud y, simultáneamente, el veneno, la droga o el hechizo que la socava. Esta polisemia no es un error semántico, sino la condición de posibilidad de un sentido trágico que encarna una ambivalencia constitutiva. Algo similar ocurre con el rito del “azazel” o “chivo expiatorio”, donde se desplaza sobre un animal la totalidad de las culpas colectivas para expulsarlas y así gestionar la crisis comunitaria por medio de la transferencia. Ambas figuras comparten una funcionalidad estructural, puesto que curar y envenenar son operaciones que se articulan mutuamente en la vida simbólica de las sociedades.

En el “Fedro”, Platón presenta el mito de la invención de la escritura como un phármakon que se ofrece como remedio para la memoria, pero que actúa como causa de su debilitamiento al volverla dependiente de una exterioridad que disuelve la dinámica del logos vivo. Como señala Platón en la precitada obra, “es un olvido lo que producirán en las almas de quienes aprendan, al descuidar la memoria, ya que, fiándose a lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, mediante caracteres ajenos” (Platón, 1999, p. 402). En este sentido, la escritura funciona también como un chivo expiatorio: es señalada como la responsable del deterioro intelectual y moral del saber auténtico. Esta tensión sitúa a Platón en diálogo con las críticas contemporáneas a la técnica y a la automatización de la experiencia- desde Heidegger hasta Bernard Stiegler- donde se reconoce que toda mediación técnica introduce una reconfiguración de la experiencia y de las relaciones de responsabilidad.

Para Bernard Stiegler, la técnica es intrínsecamente farmacológica. Al delegar nuestras capacidades en dispositivos, sufrimos una “proletarización” del espíritu donde el remedio que expande nuestro alcance envenena nuestra autonomía. Él mismo advierte en su obra que “si todo objeto técnico es un phármakon, el diseño y la puesta en marcha de una nueva organización social deben ser pensados como una práctica farmacológica, es decir, como una terapéutica” (Stiegler, 2015, p. 82). Pues bien, el capitalismo de la atención, en la actualidad, explota esta naturaleza, utilizando plataformas que prometen conectar pero que, simultáneamente, fragmentan los lazos públicos y destruyen la consistencia del deseo. La técnica posmoderna, desde los psicofármacos hasta las inteligencias artificiales, opera hoy como un phármakon cultural que, al intentar resolver carencias, introduce nuevas dependencias y modos de alienación.

Esta lógica farmacológica tiene implicaciones profundas en la salud mental contemporánea. El remedio psicofarmacológico puede restituir funcionalidad, pero simultáneamente domestica la pluralidad emocional. Al medicar la angustia sin interrogar sus causas sociales, se utiliza el fármaco como un chivo expiatorio que suprime el síntoma para restaurar la productividad, silenciando la pregunta por el sentido de una cultura que enferma a sus miembros. La medicalización funciona como una estrategia de control que desplaza el conflicto al terreno de la patología privada, reduciendo al sujeto a una “nuda vida” bajo estados de excepción, tal como describe Giorgio Agamben.

Para comprender lo precedentemente señalado, es necesario desentrañar cómo la psiquiatrización de la existencia no es sólo un acto clínico, sino un dispositivo biopolítico que despoja al individuo de su dimensión ciudadana. En la arquitectura del pensamiento de Agamben, la “nuda vida” representa aquella vida biológica elemental que ha sido separada de su forma política y jurídica, quedando expuesta a una violencia soberana sin mediaciones. Como él mismo explica, “el protagonista de este libro es la nuda vida, es decir, la vida matable e insacrificable del ‘homo sacer’, cuya función esencial en la política moderna hemos intentado reivindicar”.

Bajo esta luz, la precitada medicalización posmoderna opera al transformar el malestar- a menudo derivado de fracturas sociales o existenciales- en un mero desajuste neuroquímico individual. Al etiquetar la ansiedad como una patología privada, el sistema declara un “estado de excepción” sobre el cuerpo del sujeto: se suspende su capacidad de acción y se lo reduce a una existencia puramente biológica que debe ser administrada. El resultado de esto es la producción de una subjetividad dócil, donde la salud se define por la funcionalidad orgánica y no por la libertad, confirmando la tesis de Agamben de que “la producción de un cuerpo biopolítico es la aportación original del poder soberano”. De este modo, el fármaco actúa como el instrumento que garantiza la reclusión del conflicto en el silencio del organismo

El resultado es la producción de una subjetividad dócil, donde la salud se define por la funcionalidad orgánica y no por la libertad, confirmando la tesis de Agamben de que «la producción de un cuerpo biopolítico es la aportación original del poder soberano». De este modo, el fármaco actúa como el instrumento que garantiza la reclusión del conflicto en el silencio del organismo, impidiendo que el síntoma se convierta en una pregunta política abierta. Complementariamente, no debemos olvidar el señalamiento de Freud cuando describía el malestar de la cultura al expresar que “la sustitución del poder del individuo por el de la comunidad es el paso decisivo de la cultura” (Freud, 1930/1992, p. 94), es decir, una transición que impone límites y represiones cuyas tensiones demandan permanentemente una salida sacrificial.

Por su parte, Jacques Derrida sostenía que el “phármakon” constituye una unidad de sentido que se sitúa antes de la oposición entre el bien y el mal, la salud y la enfermedad. Al calificarlo como “indecidible”, el autor se refiere a aquellos términos o procesos que, aunque habitan el sistema de oposiciones (como remedio/veneno), no pueden ser comprendidos bajo ninguno de sus polos. En su obra fundamental sobre este tema, Derrida afirma que “el phármakon es el movimiento, el lugar y la reserva de la diferencia. Es la diferencia la que, antes de ser la distinción entre el bien y el mal, la libertad y el imperativo, la presencia y la ausencia, permite que se articulen entre sí” (Derrida, 1995, p. 82).

Bajo el precitado marco, “habitar la ambivalencia” significa renunciar a la pulsión racionalista de decidir si algo es ‘exclusivamente’ curativo o ‘exclusivamente’ dañino. Resolver esta tensión mediante la ‘violencia simbólica’ implicaría forzar una definición unívoca, lo cual suele derivar en la lógica del chivo expiatorio: expulsar una parte del concepto (el “veneno”) para purificar la otra (el “remedio”). Pues bien, Derrida agudiza la reflexión al demostrar que el phármakon es precisamente aquello que “no se deja dominar por ninguna de las oposiciones de la metafísica, pues las comprende a todas, las desborda y las trabaja desde dentro” (Derrida, 1995, p. 91). Por tanto, la ética de lo indecidible nos obliga a sostener la mirada en la contradicción, reconociendo que la suplementariedad- el hecho de que todo remedio añade algo que altera lo original- es una condición ineludible de la cultura y la técnica.

Complementariamente, René Girard aporta la trama antropológica a este fenómeno: la violencia mimética genera crisis que precipitan la selección de una víctima para cristalizar las tensiones y restaurar el orden mediante su eliminación ritual. La eficacia del sacrificio reside en su función simbólica de permitir la catarsis colectiva, convirtiendo al chivo expiatorio en la versión social del phármakon: cura a la comunidad en la medida en que envenena a uno. Como afirma Girard en “El chivo expiatorio”, “la víctima es el pharmakós, que es, a la vez, despreciable y preciosa, porque se la debe expulsar con horror pero se la debe conservar con el mayor cuidado, ya que es la portadora de la salvación comunitaria” (Girard, 1986, p. 54).

En la modernidad, estas funciones sacrificiales toman formas tecnológicas y políticas muy puntuales. Migrantes, pobres y disidentes cumplen hoy la función de chivos expiatorios en discursos políticos que buscan ordenar la incertidumbre. Los discursos de odio posmodernos no son exabruptos irracionales, sino operaciones de ingeniería sacrificial. El odio funciona como un phármakon identitario que ofrece la cura inmediata a la angustia mediante la designación de un culpable. Según Freud, “el odio no es un afecto primario, sino el resultado de una desilusión del narcisismo que busca en el otro el receptáculo de todo lo que el yo no puede tolerar de sí mismo” (Freud, 1915/1991, p. 124). Esta proyección busca exteriorizar en un “otro” los aspectos repudiados del grupo, lo que Jung denomina la “sombra colectiva”, la cual interpretamos como el estrato de la psique social que agrupa los impulsos, tendencias y verdades que una cultura rechaza por considerarlos inferiores o inmorales.

Según Carl G. Jung, el peligro de esta estructura radica en que lo no reconocido no desaparece, sino que se proyecta hacia el exterior con una fuerza compensatoria. En su obra fundamental, Jung afirma que “el individuo no se da cuenta de que proyecta en el otro su propia sombra; la consecuencia de ello es que este “otro” se convierte en un objeto de odio y desprecio, y el individuo se siente a sí mismo como alguien superior y limpio de toda falta” (Jung, 1959, p. 145). Esta proyección busca exteriorizar en un “otro” los aspectos repudiados del grupo, permitiendo que la comunidad recupere una coherencia ilusoria a través del sacrificio simbólico de su víctima.

Frente a esta dinámica, una “clínica de la cultura” debe proponer una ética de la integración en lugar de una de la expulsión. En lugar de tratar el malestar como algo que debe ser extraído mediante la farmacología o el chivo expiatorio, debe ser abordado como un síntoma que revela las fallas de la estructura simbólica de la sociedad. Integrar la sombra implica reconocer, como sostiene Jung, que “la sombra es una parte viva de la personalidad y, por lo tanto, no puede ser eliminada mediante ningún tipo de exclusión, sino que debe ser aceptada y asimilada para que la personalidad pueda alcanzar la totalidad” (Jung, 1959, p. 152). Así, la tarea clínica no consiste en “curar” al grupo mediante la eliminación del síntoma, sino en obligar a la comunidad a hacerse cargo de su propia oscuridad constitutiva, evitando que esta se convierta en la hoguera de un tercero.

La redención de este ciclo se encuentra en la posibilidad del perdón y el papel que juega el arte en nuestra cultura. Para Hannah Arendt, el perdón es la única reacción que actúa de nuevo y de forma inesperada, liberando a la comunidad de las consecuencias irreversibles del acto y desactivando la necesidad sacrificial de la venganza. En sus palabras, “el perdón es la única reacción que no simplemente «reacciona», sino que actúa de nuevo y de forma inesperada, no condicionada por el acto que la provocó y, por lo tanto, librando de las consecuencias del acto tanto a quien perdona como a quien es perdonado” (Arendt, 2009, p. 258). Por su parte el arte opera como un phármakon capaz de sublimar la violencia social en una nueva forma de verdad. A diferencia del sacrificio, el arte no destruye la vida, sino que utiliza la herida de la experiencia para revelar la profundidad humana, permitiendo una catarsis simbólica que no requiere de víctimas reales. Pero éste último, es un tema para abordar extensivamente en otra ocasión.

Para ir cerrando, es necesario indicar que la posibilidad de una clínica de la cultura nos sitúa ante la responsabilidad ética de renunciar al alivio moral que proporciona el señalar a un culpable. Si el chivo expiatorio ha sido el cimiento invisible de todo orden colectivo, ¿estamos preparados para construir una comunidad que reconozca sus heridas sin buscar siempre una víctima que las absorbe? Aceptar el síntoma en lugar de medicarlo implica abrazar un malestar que nos mantiene alertas frente a las injusticias, pero ¿qué ocurriría si dirigiéramos esa energía hacia la co-responsabilidad por los daños en lugar de hacia la expulsión del diferente?

Sin dudas, debemos cuestionar si la estructura de nuestras detonadas democracias técnicas no está diseñada para producir chivos expiatorios industriales que sostengan su inercia. Si el orden social actual necesita generar enemigos internos para evitar mirar su propio vacío, la única salida es una transformación radical de nuestra relación con el phármakon del poder. ¿Es posible una política que admita la ambigüedad de las soluciones y que no delegue la responsabilidad última en los dispositivos tecnológicos?

Finalmente, cabe preguntarse si estamos dispuestos a soportar la incertidumbre de una cura que no promete una seguridad total. La madurez ética consiste en negarse a delegar la compra propia en otro sacrificial y en inventar maneras de procesar la culpa que no requieran la violencia. ¿Podremos transformar la necesidad de expulsión en prácticas de reparación que no oculten la economía del alivio moral, sino que la desarticulen definitivamente a través de la responsabilidad compartida?

Referencias Bibliográficas

Agamben, G. (1998). Homo sacer: el poder soberano y la nuda vida. Barcelona: Paidós.

Arendt, H. (2009). La condición humana. Buenos Aires: Paidós.

Biblia de Jerusalén (2009). Levítico 16. Bilbao: Desclée de Brouwer.

Derrida, J. (1995). La farmacia de Platón. Buenos Aires: Editorial Tormenta.

Freud, S. (1915/1991). Pulsiones y destinos de pulsión. En Obras Completas (Vol. XIV). Buenos Aires: Amorrortu.

Freud, S. (1930/1992). El malestar en la cultura. En Obras Completas (Vol. XXI). Buenos Aires: Amorrortu.

Girard, R. (1986). El chivo expiatorio. Barcelona: Anagrama.

Jung, C. G. (1959). El hombre y sus símbolos. Barcelona: Paidós.

Platón. (1999). Fedro. En Diálogos III. Madrid: Gredos.

Stiegler, B. (2015). Lo que hace que la vida valga la pena: de una farmacología positiva. Madrid: Alianza Editorial.

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