Judicial
Milena de Escalón a juicio por presunto enriquecimiento ilícito
La exdiputada y exalcaldesa del departamento de Santa Ana, por el partido Arena, Milena de Escalón, fue enviada a juicio por decisión de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, luego que no lograra justificar $2.3 millones de su patrimonio. El fallo contó con 12 de 15 votos.
De Escalón habría incrementado su fortuna desde el periodo de diputada que asumió el 1 de mayo de 2012, hasta que finalizó su vida política el 30 de abril de 2021 en la alcaldía de Santa Ana, cuando perdió frente a Gustavo Acevedo, de Nuevas Ideas. La suma exacta que le cuestiona la CSJ asciende a $2,316,270.16.
Según la Comisión de Ética y Probidad, se encontraron 163 inconsistencias en su patrimonio, las cuales en un principio sumaron $4,004,166.54, pero la exdiputada logró bajar la cifra con la documentación presentada.
«En el primer período correspondiente a la diputada propietaria de la Asamblea Legislativa del 1/5/2012 al 30/4/2015 se determinaron 64 observaciones luego de las justificaciones permaneció un monto observado de $1,772,643.59; para el segundo período de diputada del 1/5/2015 al 30/4/2018 se determinaron 58 inconsistencias y se mantuvo sin justificar $743,500.08; en el último período como Alcaldesa en la ciudad de Santa Ana del 1/5/2018 al 30/4/2021 se determinaron 41 observaciones y permaneció un monto no justificado de $361,795.86; de tal forma, que de los $4,004,166.54 no logró justificar $2,877,939.53, menos la disponibilidad de $561,669.37, por lo que permaneció observado un monto de $2,316,270.16”, detalla el acta.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
