Internacionales
Manifestantes indígenas ocupan una terminal fluvial de Cargill en Brasil
Un centenar de activistas indígenas ocuparon este fin de semana una terminal portuaria de Cargill en el norte de Brasil, para protestar contra la explotación de los ríos amazónicos para el transporte de granos.
Los manifestantes llevaban más de un mes acampados frente a la entrada de la terminal en la ciudad nórdica de Santarém.
Alegando responder a una orden judicial de desalojo, decidieron intensificar su acción el sábado, entrando en las instalaciones y ocupando, entre otros sitios, las oficinas que albergan los sistemas de vigilancia. La ocupación continúa este domingo.
En un comunicado enviado a la AFP, Cargill indicó que las operaciones de la terminal habían sido suspendidas a causa de «incidentes violentos derivados de una disputa en curso entre las autoridades gubernamentales (brasileñas) y las comunidades indígenas».
Los manifestantes exigen la derogación de un decreto firmado por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en agosto pasado, que designa los principales ríos amazónicos como zonas prioritarias para el transporte de carga y la expansión de puertos privados.
«Mientras no se derogue el decreto, nos quedaremos aquí», declaró a la AFP en la noche del sábado Alessandra Korap, líder del pueblo Munduruku.
Las comunidades indígenas brasileñas se oponen a la expansión portuaria y, en particular, al dragado de ríos, que consideran vitales para su modo de vida.
Hace dos semanas, el gobierno de Lula anunció la suspensión del dragado en el río Tapajós, un importante afluente del Amazonas, «en respuesta a la movilización de los pueblos indígenas y (…) como gesto de diálogo».
Korap consideró insuficiente esta medida. «El gobierno intentó engañarnos», dijo.
En una gran estructura metálica con vistas a la terminal, los manifestantes colgaron una pancarta con el mensaje «No al dragado».
En su comunicado, Cargill instó a «las partes directamente involucradas a priorizar la seguridad, a entablar un diálogo constructivo y a trabajar para lograr una solución que permita la reanudación de las operaciones».
«Si la gente de Cargill quiere que nos vayamos, que presionen a Lula», replicó Korap.
La multinacional estadounidense, con sede en Minnesota, opera logística agrícola en todo Brasil, donde emplea a aproximadamente 11.000 personas.
El viernes, activistas indígenas también se manifestaron frente a las instalaciones de Cargill en São Paulo (sureste).
«El dragado contaminará el río, que dejará de ser un bien común para toda la humanidad y se convertirá en un patrimonio privado», declaró a la AFP Thiago Guarani, uno de los manifestantes.
Brasil es el principal exportador mundial de soja y maíz, y el desarrollo de puertos fluviales en la Amazonia busca reducir el costo del transporte de estos granos.
Internacionales
Rescatistas salvadoreños continuará en Venezuela mientras existan vidas que salvar, afirma Protección Civil
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que el equipo salvadoreño de búsqueda y rescate desplegado en Venezuela continuará trabajando en las zonas afectadas con el objetivo de localizar a más sobrevivientes.
«Vamos a seguir buscando más personas con vida, es el objetivo», expresó el funcionario durante una entrevista concedida a canal 10 la madrugada de este viernes, al referirse a la misión humanitaria que El Salvador desarrolla en territorio venezolano.
Amaya explicó que los equipos de emergencia enviados por el país permanecerán en Venezuela mientras las condiciones de la emergencia lo requieran.
«Los equipos no tienen fecha de retorno; permanecerán en el lugar mientras existan vidas que salvar», sostuvo.
El funcionario destacó que el personal desplazado cuenta con la preparación necesaria para atender este tipo de emergencias. Según indicó, cada integrante del equipo de búsqueda y rescate posee conocimientos de primeros auxilios avanzados, lo que les permite brindar atención inmediata a las personas afectadas durante las operaciones.
Asimismo, señaló que el contingente fue enviado con todos los recursos necesarios para atender la emergencia.
«Se envió un equipo completo de talento humano, medicamentos y alimentos para atender la emergencia», afirmó.
De acuerdo con Amaya, los equipos de primera respuesta comenzaron a trabajar desde el momento en que arribaron a Venezuela y fueron distribuidos de inmediato en distintos puntos del territorio para incorporarse a las labores de búsqueda y rescate.
El contingente está conformado por 300 personas, quienes permanecen desplegadas en diferentes zonas del país sudamericano para realizar las tareas de rescate.
El director de Protección Civil también destacó la rapidez con la que fue organizada la misión humanitaria.
«Organizamos un operativo completo de asistencia humanitaria en muy corto plazo, debido a la magnitud de la necesidad del pueblo venezolano», manifestó.
Además, señaló que El Salvador fue el primer país en enviar un equipo de búsqueda y rescate al lugar de la emergencia.
«Fuimos el primer equipo de búsqueda y rescate que aterrizó en Venezuela», concluyó.
Por su parte, el presidente Nayib Bukele informó el jueves que el contingente salvadoreño también desarrolla labores de ayuda humanitaria mediante la entrega de alimentos, agua potable, medicamentos e insumos médicos. Asimismo, indicó que médicos y personal especializado brindan atención en hospitales y comunidades, además de ofrecer asistencia veterinaria a los animales afectados.
El abogado Matías Morla, una de las personas más cercanas al exfutbolista argentino Diego Maradona, declaró en el juicio por la muerte del exjugador y aseguró que, de haber estado en buen estado de salud, Maradona «no pasaba ni 30 segundos» dentro de la vivienda de la localidad de Tigre, en el norte de Buenos Aires, donde se recuperaba de una neurocirugía.
Maradona permaneció en esa residencia hasta su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 a causa de un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio.
El proceso judicial, que se desarrolla en la localidad de San Isidro, evalúa la pertinencia y las condiciones de la internación domiciliaria, además de determinar la responsabilidad del equipo médico encargado de su atención.
Al igual que otros testigos que han comparecido durante el juicio, Morla sostuvo que la habitación donde permanecía el exfutbolista «estaba armada de manera muy precaria» y señaló que en la vivienda «no había aparatología ni ambulancia» para atender una eventual emergencia.
Durante la declaración, el abogado explicó que mientras Maradona estaba con vida administraba sus negocios y contrataba personal para atenderlo, aunque aseguró que no tuvo participación en la decisión sobre la internación domiciliaria.
«Todos confiábamos en Swiss Medical, no soy médico», manifestó.
Morla también fue uno de los pocos testigos que expresó respaldo al neurocirujano Leopoldo Luque, médico de confianza de Maradona y principal acusado en el proceso judicial.
«Diego amaba a Luque, tenía una confianza con él tremenda», afirmó.
La comparecencia de Morla había generado expectativa debido al conflicto judicial que mantiene con los hijos de Maradona en una causa paralela relacionada con la explotación de la marca «Diego Maradona».
Por ese caso, Morla, dos hermanas de Maradona y otras tres personas enfrentarán un juicio por el presunto delito de «administración fraudulenta».
Horas antes también declaró Jonathan Espósito, sobrino y asistente de Maradona, quien fue una de las primeras personas en encontrar al exfutbolista sin vida.
«Estaba hinchado, con la lengua afuera y el cuerpo helado», recordó durante su testimonio.
En este proceso, Leopoldo Luque y otros seis profesionales de la salud enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían causar la muerte del exfutbolista. Todos los acusados se han declarado inocentes.
Los procesados —entre ellos enfermeros, médicos y un psicólogo— enfrentan una pena de hasta 25 años de prisión. Una octava acusada, una enfermera, será juzgada en un proceso separado.
Una mujer de 27 años, identificada como Sindel Nicol Mejía Girón, fue capturada por la Policía de Honduras tras ser señalada de planificar su propio secuestro y exigir a su familia el pago de 10 mil dólares por su supuesto rescate.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en noviembre de 2025, cuando la mujer salió de su vivienda con destino a una discoteca.
Desde ese momento no se tuvo información sobre su paradero hasta que quienes se identificaban como sus secuestradores se comunicaron con sus familiares para exigir el pago del rescate.
Sin embargo, las investigaciones realizadas por la Unidad Nacional Antisecuestros permitieron establecer que el secuestro nunca existió.
Las autoridades concluyeron que la propia Sindel Nicol Mejía Girón habría organizado toda la situación con el propósito de obtener el dinero, debido a que atravesaba problemas económicos y mantenía deudas pendientes.
Tras su captura, la mujer fue puesta a disposición del juzgado competente para continuar con el proceso judicial, detallaron las autoridades hondureñas.
