Judicial
Logran que constructora pague indemnización a familia de trabajador que murió en La Puerta del Diablo
El Ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció que la empresa que ejecuta obras en el parque nacional Puerta del Diablo, indemnizará a la familia de un joven trabajador quien falleció el pasado 2 de septiembre, al despeñarse mientras trataba de huir de un ataque de abejas.
El joven Douglas Enrique Ortiz, fue atacado por abejas cuando trabajaba en una estructura a una altura considerable. Al ser picado, trató de escapar pero, por no poseer equipo adecuado como arneses y otros, cayó al vacío muriendo en el acto.
«Hoy anuncio que hemos logrado que la empresa reconozca una fuerte indemnización a la madre del joven fallecido en el proyecto en la Puerta del Diablo en Planes de Renderos», dijo el funcionario.
Agregó que el propósito de su ministerio «es llevar justicia laboral», y que en el pasado «los poderosos imponían sus criterios y, ante pérdidas de vida y accidentes laborales de sus trabajadores, solo reemplazaban a las víctimas como piezas desechables», comentó.
«Esa impunidad se ha terminado, estamos llevando justicia incluso en las zonas rurales donde antes estos accidentes pasaban desapercibidos y las personas humildes, dada su sencillez aceptaban lo que el patrón decidía», manifestó.
Castro se refirió además al caso de dos niños que resultaron intoxicados en una finca en Ahuachapán, luego de manipular agroquímicos con los que trabajaban para su patrono. «Gracias a Dios ambos están con vida, pero el empleador deberá pagar indemnización grande y proporcional a los daños ocacionados a las dos familias de los menores», advirtió.
Detalló que el MINTRAB garantizará que los pagos se hagan de forma inmediata a las familias afectadas.
«Sabemos que nunca una cantidad borrará el dolor y el sufrimiento, pero es una medida de justicia y reparación para las víctimas. Ver los rostros de personas humildes que nos manifiestan que no tenían esperanza, pero que ahora se sienten satisfechos porque se ha reconocido el daño y protegidos sus derechos, nos compromete aún más para avanzar por este camino», añadió.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
