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La SRS fortalece medidas de control sanitario ante alta movilidad de turistas
La Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) implementa un operativo especial de vigilancia en sitios turísticos del país, como parte de las acciones preventivas ante la alta movilidad de visitantes durante la temporada de Semana Santa.
El plan comenzó desde el 10 de marzo y estará vigente hasta el 27 del mismo mes y prioriza la inspección de establecimientos dedicados a la preparación y venta de alimentos y de bebidas, con el fin de garantizar condiciones seguras para la población.
«El objetivo es asegurar que los negocios cumplan con la normativa sanitaria y reduzcan riesgos a la salud», informaron autoridades de la institución.
Como parte de este despliegue, equipos técnicos supervisaron el Centro Recreativo Costa del Sol, donde inspectores evaluaron prácticas de manipulación de alimentos, limpieza de instalaciones, manejo de desechos y acceso a agua segura.
Durante las inspecciones también se promueve la adopción de buenas prácticas de manufactura, al tiempo que se orienta a los responsables de los establecimientos sobre la corrección inmediata de posibles irregularidades.
Las intervenciones se han concentrado en zonas con alta afluencia turística, con énfasis en prevenir enfermedades asociadas al consumo de alimentos fuera del hogar.
«Estas acciones permiten anticipar riesgos y fortalecer la seguridad sanitaria en espacios de recreación», señalaron técnicos participantes.
Con este operativo, la SRS mantiene su labor de vigilancia en salud ambiental y acompaña el desarrollo de actividades turísticas en condiciones adecuadas para visitantes nacionales y extranjeros.
Internacionales
OPS advierte sobre riesgos sanitarios tras terremotos que dejaron 4,734 fallecidos en Venezuela
A casi tres semanas de los devastadores terremotos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio, la respuesta sanitaria entró en una fase crítica de recuperación temprana, centrada en restablecer los servicios esenciales de salud, fortalecer las redes de referencia y prevenir emergencias secundarias de salud pública, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
De acuerdo con un balance oficial divulgado por las autoridades venezolanas, los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, que afectaron principalmente la región norte-centro del país, han dejado 4,734 personas fallecidas y 16,740 heridas.
Además, 17,907 personas se quedaron sin vivienda y 20,903 damnificados se han instalado en 107 campamentos temporales. Asimismo, 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron.
En este contexto, la OPS señaló a través de un boletín que, si bien la atención médica de emergencia y las evaluaciones rápidas permitieron salvar vidas durante los primeros momentos posteriores al desastre, la prioridad se centra actualmente en restablecer los servicios de salud, rehabilitar los establecimientos afectados y garantizar la continuidad de la atención esencial conforme avance la recuperación.
«A medida que la respuesta entra en esta nueva etapa, la OPS continúa apoyando al Ministerio del Poder Popular para la Salud mediante cooperación técnica y la coordinación del Clúster de Salud, que reúne a 110 organizaciones involucradas en la respuesta sanitaria y es codirigido por la OPS y el Comité Internacional de Rescate (IRC)», indicó la entidad panamericana.
Según la OPS, el Análisis de la Situación de Salud Pública identifica los principales riesgos sanitarios previstos para los próximos tres meses y orienta las prioridades en materia de vigilancia epidemiológica, vacunación e intervenciones relacionadas con agua, saneamiento e higiene.
La organización advirtió que el desplazamiento de personas, el hacinamiento y las interrupciones de los servicios esenciales incrementan el riesgo de enfermedades diarreicas y respiratorias, enfermedades transmitidas por vectores y padecimientos prevenibles mediante vacunación.
Estas condiciones también podrían agravar la desnutrición, las complicaciones relacionadas con la salud materna y las necesidades de atención en salud mental.
«A medida que la respuesta deja atrás la fase de emergencia inmediata, mantener el acceso a los servicios esenciales de salud seguirá siendo fundamental para proteger la salud de las comunidades afectadas», consideró la OPS.
La entidad regional subrayó que trabajará junto con el Ministerio del Poder Popular para la Salud y sus socios para fortalecer las capacidades nacionales y apoyar una recuperación que no solo permita restablecer los servicios sanitarios, sino también fortalecer la resiliencia del sistema de salud de cara al futuro.
México es uno de los países más afectados por la violencia contra las mujeres, con un promedio de una docena de asesinatos diarios, según Naciones Unidas.
El feminicidio ha sido motivo de protestas durante los últimos años debido a que, en numerosos casos, los agresores han quedado impunes.
Ante esta situación, será presentada una iniciativa ante el Congreso bicameral, que el pasado 6 de mayo reformó la Constitución para abrir paso a esta ley.
El proyecto busca homologar la definición del delito y unificar la forma en que se investiga, juzga y sanciona el feminicidio. El Gobierno señaló que los 32 estados del país aplican procedimientos distintos y que, en muchos casos, no se toma en cuenta el contexto de violencia en el que viven las víctimas.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que espera que la ley permita que «haya cero impunidad» en este delito.
La propuesta establece penas de entre 50 y 70 años de prisión. Actualmente, los estados del país contemplan sanciones diferentes. Por ejemplo, en Zacatecas la pena es de entre 30 y 50 años de cárcel.
La iniciativa también contempla agravantes que podrían incrementar la sanción cuando la víctima sea una niña, adolescente o esté embarazada. Además, establece que el delito no prescriba.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, confió en que la iniciativa sea aprobada en septiembre, cuando inicie un nuevo periodo de sesiones en el Congreso.
El presidente de la República, Nayib Bukele, recibió al director de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Jarbas Barbosa, quien entregó oficialmente el reconocimiento que acredita a El Salvador como el primer país de Centroamérica en eliminar el tracoma como problema de salud pública.
El tracoma es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Chlamydia trachomatis y es considerada la principal causa infecciosa de ceguera prevenible en el mundo. La enfermedad se transmite principalmente en comunidades con acceso limitado a agua potable y saneamiento. Las infecciones repetidas pueden provocar daños permanentes en la córnea y la pérdida irreversible de la visión.
La eliminación del tracoma como problema de salud pública significa que el país redujo la enfermedad a niveles en los que ya no representa un riesgo para la población. Este resultado fue alcanzado mediante la implementación de estrategias sostenidas de vigilancia epidemiológica, diagnóstico oportuno, tratamiento, promoción de la higiene y mejoras en las condiciones sanitarias.
El logro es resultado del trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud, las comunidades y organismos internacionales, que durante años desarrollaron acciones para identificar y atender los casos, además de fortalecer la prevención en las zonas históricamente afectadas.
Durante el encuentro, Barbosa entregó el reconocimiento al mandatario y destacó el esfuerzo del país para alcanzar este hito sanitario, que posiciona a El Salvador como un referente regional en la lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas.
El reconocimiento se suma a otros avances registrados en el sistema nacional de salud, entre ellos la modernización de la infraestructura hospitalaria, la ampliación de la red de atención, la incorporación de innovación médica y el fortalecimiento de las estrategias de prevención y control de enfermedades.
Con este reconocimiento, El Salvador se convierte en el primer país de Centroamérica en alcanzar la eliminación del tracoma como problema de salud pública, un hito que evidencia los avances del país en materia de salud y el cumplimiento de los estándares establecidos por la Organización Panamericana de la Salud.
