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Jimmy “Barbecue” Chérizier, el líder pandillero que siembra la violencia en Haití
La historia ha demostrado en reiteradas oportunidades que en tiempos de desesperación y turbulencia social emergen figuras que se presentan como “unificadores” en medio del caos, pretendiendo abanderar causas nobles y “luchar por el bien común”.
Sin embargo, bajo el manto de la aparente benevolencia, yace una realidad mucho más oscura: estos supuestos salvadores, lejos de buscar el beneficio colectivo, están impulsados por sus intereses y la explotación de la crisis en beneficio propio.
Haití no escapa de esa realidad. El país caribeño ha alcanzado niveles críticos de violencia armada, con bandas criminales que han intensificado sus actividades hasta el punto de unirse para formar coaliciones más peligrosas y poderosas.
Este fenómeno ha cambiado drásticamente el panorama de seguridad en esta nación, llevando a una crisis humanitaria sin precedentes y a la renuncia del primer ministro Ariel Henry, quien intentó perpetuarse en el poder.
Uno de los personajes que ha ganado notoriedad y que le ha puesto rostro a este escenario de violencia y caos es Jimmy Chérizier, mejor conocido por su alias “Barbeque”, un ex oficial de la Policía Nacional haitiana que nació en Puerto Príncipe el 30 de marzo de 1977 y se convirtió en el líder de uno de los grupos armados más temidos del país y que ha sido señalado por la ONU y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como responsable de numerosas atrocidades, incluyendo masacres y ataques brutales que han exacerbado la crisis en la nación caribeña.
Originario del empobrecido barrio de Lower Delmas de Puerto Príncipe, Cherizier creció como el menor de ocho hermanos. La muerte de su padre cuando él tenía cinco años dejó a la familia en situación de vulnerabilidad, enfrentando las difíciles condiciones de vida en una de las zonas más desfavorecidas de la capital haitiana.
La incursión de Chérizier en la violencia y el crimen organizado se remonta a su tiempo como agente de la Policía Nacional de Haití, desde donde planeó y participó en el ataque mortal contra civiles en el barrio de La Saline en Puerto Príncipe en noviembre de 2018. Este asalto resultó en la muerte de al menos 71 personas y la destrucción de más de 400 viviendas, además de la violación de al menos siete mujeres por bandas armadas. Fue catalogada como la peor masacre en el país en una década.
Poco después, fue despedido del ente policial y se emitió una orden de captura en su contra, aunque logró evadir el arresto.
En noviembre de 2019, se vio involucrado en un ataque que se prolongó durante cuatro días en el barrio Bel-Air de la capital haitiana, donde junto con miembros de varias pandillas incendió viviendas y acabó con la vida de al menos 24 personas.
“Barbecue”, defendiéndose de las acusaciones, sostuvo en una entrevista para Al Jazeera que su lucha era contra un sistema corrupto y negó ser parte del crimen organizado. A pesar de esto, en 2020, impulsó la formación de G-9 y Familia, una coalición de nueve pandillas que demostró cercanía al entonces presidente Jovenel Moïse, evidenciando complejas dinámicas de poder y alianzas entre la política y grupos ilegales en el corazón de Haití.
Chérizier recibió apoyo material, logístico y financiero de altos funcionarios del gobierno de Moïse, quienes le proporcionaron dinero, armas, uniformes policiales y vehículos oficiales para llevar a cabo los ataques, según una investigación de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard.
Estos actos violentos resultaron ventajosos tanto para ciertos miembros del gobierno como para “Barbecue”. Por un lado, las autoridades podían ejercer un control más estricto sobre los disidentes políticos. Por otro lado, Jimmy Chérizier, fortalecía su dominio como cabecilla del grupo Delmas 6.
En mayo de 2020, el jefe pandillero lideró varios asaltos en los barrios de Pont-Rouge, Chancerelles, La Saline y Fort Dimanche, buscando extender su dominio territorial con apoyo policial. Los enfrentamientos resultaron en múltiples víctimas y la destrucción de viviendas.
Antes de la formación oficial de G-9 y Familia, “Barbecue” difundió un video en junio de 2020, presentando a la coalición como un medio para pacificar Puerto Príncipe. Sin embargo, la alianza facilitó la expansión territorial de las pandillas y proporcionó a las autoridades haitianas una herramienta para combatir a la oposición.
El asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 marcó un punto de inflexión para “Barbecue” y el G-9, al intentar capitalizar el vacío de poder resultante, exigiendo que se siguieran sus directrices en respuesta al magnicidio.
En octubre de ese año, forzó la huida de una ceremonia del entonces primer ministro interino, Ariel Henry tras un tiroteo entre pandilleros y fuerzas de seguridad. En noviembre, lideró un bloqueo a la principal terminal petrolera del país, la Terminal Varreux, en un intento por desestabilizar al gobierno.
“Sus acciones han contribuido directamente a la parálisis económica y humanitaria en Haití”, señaló el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Tras los continuos ataques a puntos neurálgicos del gobierno y la decisión de tomar el Palacio Nacional de Haití por la fuerza, la violencia de las pandillas lideradas por Chérizier llevaron a Ariel Henry al colapso.
El ahora ex jefe de gobierno, quien asumió el liderazgo nacional después del homicidio del presidente Jovenel Moise en 2021, enfrentó presiones tanto a nivel nacional como internacional, para propiciar un cambio de poder que contribuyera a mitigar la severa crisis y la desbordante violencia que azota la nación.
Las amenazas de “Barbecue” con una guerra civil y la inminente llegada a la nación caribeña de una misión multinacional liderada por Kenia disparó la ola de violencia en la región.
Un reciente acuerdo bilateral entre Kenia y Haití allanó el camino para el despliegue de un contingente de 1.000 oficiales de policía de Kenia, una medida respaldada por la ONU desde octubre del año pasado.
La urgencia de esta intervención se ha intensificado a raíz de todos estos episodios violentos liderados por “Barbecue” y otros líderes pandilleros, incluyendo el asesinato de cuatro policías y el asalto de varias comisarías, lo que ha sumido al país en un estado de miedo y caos.
El asalto a entidades fundamentales y los choques en áreas estratégicas de Puerto Príncipe, que se extienden desde Champ de Mars hasta Nazon, evidencian la profunda erosión de la seguridad interna.
Asediados por estos actos de violencia, los haitianos suman una nueva perturbación en su ya empobrecida vida cotidiana, resultando en la suspensión de actividades comerciales y educativas.
Al menos seis personas resultaron muertas y otras 15 están desaparecidas luego de un ataque ucraniano con drones contra el Colegio Starobelsk, afiliado a la Universidad Pedagógica de Lugansk, afirmaron el viernes autoridades rusas, aunque Kiev afirmó que era el cuartel general de una unidad militar rusa.
Según fuentes rusas, 86 jóvenes de entre 14 y 18 años se encontraban en un dormitorio de varios pisos, que se derrumbó tras un ataque llevado a cabo durante la noche en Starobelsk, una ciudad de unos 16,000 habitantes.
«En estos momentos sabemos que seis personas han perdido la vida, que 39 han resultado heridas y 15 están desaparecidas, ya que continúa la remoción de los escombros», declaró el presidente Vladímir Putin tras un minuto de silencio retransmitido por televisión.
De acuerdo con Putin, el ataque «no fue accidental» y se desarrolló «en tres oleadas, con 16 drones dirigidos al mismo lugar».
«No había ningún objetivo de carácter militar, ni instalaciones pertenecientes a los servicios de inteligencia o a servicios afines» en las inmediaciones, aseguró el presidente ruso, quien prometió una respuesta de su ejército.
En tanto, la cancillería rusa mencionó un «ataque deliberado contra la población civil» y denunció la asistencia de países occidentales, que «proporcionan información a las fuerzas armadas ucranianas y las ayudan a dirigir sus ataques».
El gobernador de la región de Lugansk, Leonid Pasetchnik, había difundido previamente en redes sociales fotos de edificios gravemente dañados: uno en llamas y parcialmente derrumbado, y otro con las paredes calcinadas y las ventanas destrozadas.
«Es un crimen monstruoso […] del régimen de Kiev», acotó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
De su lado, el Estado Mayor ucraniano afirmó que sus fuerzas habían bombardeado el «cuartel general» de una unidad militar rusa en la región ocupada.
Tulsi Gabbard renunció como directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, según confirmó este viernes a través de una carta dirigida al presidente Donald Trump. La salida, efectiva el 30 de junio de 2026, se produce tras el diagnóstico de cáncer de hueso de su esposo, Abraham Williams, y convierte a Gabbard en la cuarta secretaria de gabinete —todas mujeres— en abandonar la administración Trump durante su segundo mandato.
“Mi esposo ha sido diagnosticado recientemente con una forma extremadamente rara de cáncer de hueso”, escribió Gabbard en la carta, que también publicó en X. “No puedo en buena conciencia pedirle que enfrente esta batalla solo mientras continúo en este cargo tan exigente”.
Gabbard, de 45 años, veterana de la guerra de Irak y oficial en reserva del Ejército, describió a Williams como su “roca” durante los 11 años de matrimonio. Señaló que su fortaleza la sostuvo a lo largo de despliegues militares, campañas electorales y su paso por la administración Trump. La directora notificó su decisión al presidente durante una reunión en el Despacho Oval.
Tras la renuncia, Trump elogió a Gabbard: “Tulsi ha hecho un trabajo increíble y la echaremos de menos”, dijo Trump en su red social Truth, y añadió que su adjunto, Aaron Lukas, asumiría el cargo de director interino de Inteligencia Nacional.
La salida de Gabbard se da en un momento en que Estados Unidos atraviesa un estancamiento en su guerra contra Irán, conflicto que desencadenó una crisis energética global tras el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz por parte de Teherán, la vía que conecta el Golfo Pérsico con el Mar Arábigo. Con un historial de oposición a las intervenciones militares estadounidenses en el exterior —incluidas las guerras de Irak y Afganistán—, Gabbard quedó en una posición incómoda tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.
En una audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado en marzo, sus respuestas esquivaron de forma reiterada las preguntas sobre si la Casa Blanca había sido advertida de las posibles consecuencias del conflicto. Gabbard declaró por escrito que Irán no había intentado reconstruir su capacidad nuclear tras los ataques estadounidenses, afirmación que contradijo directamente a Trump. El presidente respondió: “No me importa lo que ella dijo. Creo que estaban muy cerca de tener una”.
La directora sostuvo que “no es responsabilidad de la comunidad de inteligencia determinar qué constituye o no una amenaza inminente”. Esa postura, junto con su tibia respuesta ante la decisión de atacar Irán, alimentó durante semanas la especulación sobre su permanencia en el cargo.
Según informó NBC News, Gabbard nunca logró integrarse al entorno más cercano del presidente. En momentos decisivos —cuando Trump deliberaba sobre acciones militares o seguía en tiempo real las operaciones en Irán y Venezuela— Gabbard frecuentemente no estaba en la sala. Mantuvo fricciones con su par en la CIA, John Ratcliffe, y con otros funcionarios de la administración.
En agosto, Gabbard sorprendió a la agencia al revelar el nombre de un agente encubierto de la CIA en una lista de personas a quienes retiró credenciales de seguridad, según reportó NBC News. También desclasificó un documento sobre interferencia electoral rusa con escasas redacciones, lo que generó alarma en la sede de la agencia. El portavoz de Gabbard negó que hubiera omitido consultar a la CIA en ambos casos.
Su confirmación como directora de Inteligencia Nacional había sido aprobada por 52 votos contra 48, con el senador republicano Mitch McConnell como único voto en contra de su propio partido. Casi 100 exfuncionarios de diplomacia, seguridad nacional e inteligencia —con experiencia bajo administraciones de ambos partidos— habían escrito a los líderes del Senado para expresar su preocupación por la nominación.
Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista y uno de los principales asesores de Gabbard, había renunciado en marzo alegando que “no podía en buena conciencia” respaldar la guerra, y sostuvo en una carta pública que Israel indujo a Trump a creer que Irán representaba una amenaza inminente. Kent y Gabbard compartían una visión crítica de las intervenciones militares externas, forjada en sus trayectorias como veteranos.
Las otras tres salidas del gabinete incluyeron a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, removida por Trump a fines de marzo en medio de críticas por su gestión de la política migratoria y la respuesta a desastres naturales; a la fiscal general Pam Bondi, quien renunció ante el creciente malestar por el manejo del Departamento de Justicia en relación con los archivos de Jeffrey Epstein; y a la secretaria de Trabajo Lori Chavez-DeRemer, que dejó el cargo en abril tras ser objeto de diversas investigaciones por conducta indebida.
Honduras volvió a estremecerse luego de conocerse nuevos y escalofriantes detalles sobre el asesinato de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), cuyos cuerpos fueron encontrados descuartizados y parcialmente quemados en una zona montañosa de Corinto, Omoa, departamento de Cortés.
Los agentes habían desaparecido durante un operativo antidrogas ejecutado en una zona fronteriza con Guatemala, donde presuntos integrantes de una estructura criminal vinculada al narcotráfico los habrían privado de libertad antes de asesinarlos con extrema violencia.
Las autoridades confirmaron que los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala y señales de tortura, además de haber sido desmembrados y quemados posteriormente por sus atacantes.
La Secretaría de Seguridad confirmó oficialmente la identidad de los policías que murieron durante el operativo en Corinto, Omoa.
Los cinco agentes pertenecían a la Dipampco y habían salido desde Tegucigalpa para participar en una operación contra estructuras criminales dedicadas al tráfico y distribución de drogas en la zona fronteriza.
El caso ha generado una fuerte conmoción nacional debido al nivel de violencia con el que fueron asesinados los uniformados.
De acuerdo con los reportes preliminares, equipos especiales de rescate ingresaron fuertemente armados a una zona montañosa de Omoa luego de recibir información sobre el posible paradero de los agentes desaparecidos.
Las autoridades detallaron que los agentes habrían sido capturados por miembros de una organización criminal durante el operativo antidrogas y posteriormente ejecutados.
El informe preliminar indica que los cuerpos presentaban múltiples heridas de bala y signos de extrema violencia.
Las investigaciones revelaron además que los responsables desmembraron los cuerpos de los agentes, los decapitaron y posteriormente intentaron quemarlos para dificultar su identificación.
Las imágenes y detalles del crimen generaron indignación en distintos sectores del país y reavivaron el debate sobre el avance de estructuras criminales fuertemente armadas en Honduras.
Hasta el momento, las autoridades descartaron bajas civiles relacionadas con el operativo. Sin embargo, se presume que varios miembros de la estructura criminal lograron escapar hacia Guatemala tras el ataque.
Por esa razón, Honduras ya coordinó acciones con autoridades guatemaltecas para intentar ubicar a los sospechosos que cruzaron la frontera.
Las autoridades consideran que existieron fallas operativas que terminaron exponiendo a los agentes asesinados durante el operativo antidrogas.
Mientras tanto, más de 500 policías y 200 militares permanecen desplegados en la zona realizando operaciones de búsqueda, rastreo y aseguramiento del sector.
La ola de violencia ha provocado preocupación nacional e internacional por el deterioro de la seguridad en distintas regiones del país.
