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Jimmy “Barbecue” Chérizier, el líder pandillero que siembra la violencia en Haití

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La historia ha demostrado en reiteradas oportunidades que en tiempos de desesperación y turbulencia social emergen figuras que se presentan como “unificadores” en medio del caos, pretendiendo abanderar causas nobles y “luchar por el bien común”.

Sin embargo, bajo el manto de la aparente benevolencia, yace una realidad mucho más oscura: estos supuestos salvadores, lejos de buscar el beneficio colectivo, están impulsados por sus intereses y la explotación de la crisis en beneficio propio.

Haití no escapa de esa realidad. El país caribeño ha alcanzado niveles críticos de violencia armada, con bandas criminales que han intensificado sus actividades hasta el punto de unirse para formar coaliciones más peligrosas y poderosas.

Este fenómeno ha cambiado drásticamente el panorama de seguridad en esta nación, llevando a una crisis humanitaria sin precedentes y a la renuncia del primer ministro Ariel Henry, quien intentó perpetuarse en el poder.

Uno de los personajes que ha ganado notoriedad y que le ha puesto rostro a este escenario de violencia y caos es Jimmy Chérizier, mejor conocido por su alias “Barbeque”, un ex oficial de la Policía Nacional haitiana que nació en Puerto Príncipe el 30 de marzo de 1977 y se convirtió en el líder de uno de los grupos armados más temidos del país y que ha sido señalado por la ONU y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como responsable de numerosas atrocidades, incluyendo masacres y ataques brutales que han exacerbado la crisis en la nación caribeña.

Originario del empobrecido barrio de Lower Delmas de Puerto Príncipe, Cherizier creció como el menor de ocho hermanos. La muerte de su padre cuando él tenía cinco años dejó a la familia en situación de vulnerabilidad, enfrentando las difíciles condiciones de vida en una de las zonas más desfavorecidas de la capital haitiana.

La incursión de Chérizier en la violencia y el crimen organizado se remonta a su tiempo como agente de la Policía Nacional de Haití, desde donde planeó y participó en el ataque mortal contra civiles en el barrio de La Saline en Puerto Príncipe en noviembre de 2018. Este asalto resultó en la muerte de al menos 71 personas y la destrucción de más de 400 viviendas, además de la violación de al menos siete mujeres por bandas armadas. Fue catalogada como la peor masacre en el país en una década.

Poco después, fue despedido del ente policial y se emitió una orden de captura en su contra, aunque logró evadir el arresto.

En noviembre de 2019, se vio involucrado en un ataque que se prolongó durante cuatro días en el barrio Bel-Air de la capital haitiana, donde junto con miembros de varias pandillas incendió viviendas y acabó con la vida de al menos 24 personas.

“Barbecue”, defendiéndose de las acusaciones, sostuvo en una entrevista para Al Jazeera que su lucha era contra un sistema corrupto y negó ser parte del crimen organizado. A pesar de esto, en 2020, impulsó la formación de G-9 y Familia, una coalición de nueve pandillas que demostró cercanía al entonces presidente Jovenel Moïse, evidenciando complejas dinámicas de poder y alianzas entre la política y grupos ilegales en el corazón de Haití.

Chérizier recibió apoyo material, logístico y financiero de altos funcionarios del gobierno de Moïse, quienes le proporcionaron dinero, armas, uniformes policiales y vehículos oficiales para llevar a cabo los ataques, según una investigación de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard.

Estos actos violentos resultaron ventajosos tanto para ciertos miembros del gobierno como para “Barbecue”. Por un lado, las autoridades podían ejercer un control más estricto sobre los disidentes políticos. Por otro lado, Jimmy Chérizier, fortalecía su dominio como cabecilla del grupo Delmas 6.

En mayo de 2020, el jefe pandillero lideró varios asaltos en los barrios de Pont-Rouge, Chancerelles, La Saline y Fort Dimanche, buscando extender su dominio territorial con apoyo policial. Los enfrentamientos resultaron en múltiples víctimas y la destrucción de viviendas.

Antes de la formación oficial de G-9 y Familia, “Barbecue” difundió un video en junio de 2020, presentando a la coalición como un medio para pacificar Puerto Príncipe. Sin embargo, la alianza facilitó la expansión territorial de las pandillas y proporcionó a las autoridades haitianas una herramienta para combatir a la oposición.

El asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 marcó un punto de inflexión para “Barbecue” y el G-9, al intentar capitalizar el vacío de poder resultante, exigiendo que se siguieran sus directrices en respuesta al magnicidio.

En octubre de ese año, forzó la huida de una ceremonia del entonces primer ministro interino, Ariel Henry tras un tiroteo entre pandilleros y fuerzas de seguridad. En noviembre, lideró un bloqueo a la principal terminal petrolera del país, la Terminal Varreux, en un intento por desestabilizar al gobierno.

“Sus acciones han contribuido directamente a la parálisis económica y humanitaria en Haití”, señaló el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Tras los continuos ataques a puntos neurálgicos del gobierno y la decisión de tomar el Palacio Nacional de Haití por la fuerza, la violencia de las pandillas lideradas por Chérizier llevaron a Ariel Henry al colapso.

El ahora ex jefe de gobierno, quien asumió el liderazgo nacional después del homicidio del presidente Jovenel Moise en 2021, enfrentó presiones tanto a nivel nacional como internacional, para propiciar un cambio de poder que contribuyera a mitigar la severa crisis y la desbordante violencia que azota la nación.

Las amenazas de “Barbecue” con una guerra civil y la inminente llegada a la nación caribeña de una misión multinacional liderada por Kenia disparó la ola de violencia en la región.

Un reciente acuerdo bilateral entre Kenia y Haití allanó el camino para el despliegue de un contingente de 1.000 oficiales de policía de Kenia, una medida respaldada por la ONU desde octubre del año pasado.

La urgencia de esta intervención se ha intensificado a raíz de todos estos episodios violentos liderados por “Barbecue” y otros líderes pandilleros, incluyendo el asesinato de cuatro policías y el asalto de varias comisarías, lo que ha sumido al país en un estado de miedo y caos.

El asalto a entidades fundamentales y los choques en áreas estratégicas de Puerto Príncipe, que se extienden desde Champ de Mars hasta Nazon, evidencian la profunda erosión de la seguridad interna.

Asediados por estos actos de violencia, los haitianos suman una nueva perturbación en su ya empobrecida vida cotidiana, resultando en la suspensión de actividades comerciales y educativas.

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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula

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Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.

Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.

El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.

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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala

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El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.

Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.

Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.

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Asesinan a testigo protegido por caso de trata de personas en Roatán

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Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.

El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.

La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.

Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.

Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía

Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».

Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.

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