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Judicial

Interponen denuncia penal contra Bertha Deleón, Arnau Baulenas, Carlos Martínez D’aubuisson y José Luis Sanz

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La abogada Jessica Rivas, en su calidad de mujer, ciudadana y abogada interpuso esta tarde, Denuncia Penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la abogada y candidata a diputada por Nuestro Tiempo: Bertha De León, los españoles Arnau Baulenas -colaborador judicial del IDHUCA- y José Luis Sanz -Director del periódico digital “El Faro”; así como también contra Carlos Martínez D’aubuisson -quien forma parte del staff de periodistas de El Faro- señalados del cometimiento de los delitos de Fraude Procesal, Encubrimiento y Coacción, con la intención de lograr la impunidad de Martínez D’aubuisson, a quien el periódico virtual LA PÁGINA, apuntó de haber abusado sexualmente a una compañera periodista, a quien se ha identificado como “MARTA” para proteger su identidad. 

De acuerdo a la profesional del derecho, su decisión está movida por sentar un precedente sobre lo que es la violencia de género, la corrupción y la desprotección jurisdiccional, a la cual puede verse sometida cualquier mujer frente a una relación de poder; el caso de “MARTA” deja muchas interrogantes, pues a pesar que el IDHUCA publicó el 18 de julio del presente año un comunicado que supuestamente contenía el deseo e interés de la víctima, de no dar continuidad a su caso y no sentirse víctima de violencia de género, ni solicitar que se prosiguiera una investigación penal contra la persona que habría abusado de ella. 

En este caso, debemos dejar bien claro, apuntó la abogada que nadie asuma que se trata de una persecución penal por motivos políticos o contra la libertad de expresión; las cosas como son. Tenemos una víctima que ha sufrido violencia de género y se debe indagar qué clase de asesoría, asistencia y acompañamiento ha recibido, porque a primer impresión parecería que todos los involucrados, incluyendo a quien ha actuado como su abogada -Bertha Deleón- están interesados en resolver la situación del infractor y no en proteger a la víctima, como tampoco prevenir que vuelva a ocurrir. Cuestionó que la abogada Deleón, hace tremendos aspavientos cuando considera que hay una expresión que la violenta en redes sociales; pero cuando se trata de la víctima “MARTA” no ha tenido un solo pronunciamiento exigiendo al Fiscal General llegar hasta el fondo de los hechos y castigar a los responsables. Y si la asesoró para que en su declaración “MARTA” ocultara hechos o circunstancias para variar una línea de investigación o cambiar la calificación jurídica, eso sería Fraude Procesal y está sancionado hasta con 10 años de prisión

También lamentó que en este intento de evitar la justicia, para el periodista Martínez D’aubuisson, estén involucrados dos sujetos de nacionalidad Española, refiriéndose a Baulenas -del IDHUCA- y a José Luis Sanz -de El Faro-; “sería una pena -de comprobarse- que mientras la Audiencia Nacional se ocupa de reconstruir la historia y que no queden impunes crímenes de lesa humanidad -como el de los Jesuitas- tengamos aquí dos personas de ese país, que pretendan torcer la justicia” 

De acuerdo al documento de denuncia, la abogada ha solicitado al Fiscal General, una serie de diligencias que comprobarán que “MARTA” habría sido coaccionada y que se cometió Fraude Procesal, para ocultar la verdad de los acontecimientos, entre estos que se citen a entrevista varias personas que estuvieron en la Fiesta donde ocurrió el abuso, las Consultoras de Género que atendieron a “MARTA” en las oficinas de EL FARO y a José María Tojeira, Diretor del IDHUCA. “El IDHUCA tiene mucho que explicar, especialmente a las mujeres de este país, porque la institución que por años se destacó por exigir al Estado el derecho a la verdad, hoy está a gusto, con que este caso quede a las sombras.” Recalcó.

Por último, dijo que hay en esto un reto para Fiscalía, demostrar que en verdad hay una política de atención y respuesta a la violencia de género; y que nadie puede escudarse en que realiza “periodismo incómodo” o en “ser opinóloga” para creer que podrán estar por encima de la ley.  

Judicial

314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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