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Judicial

Interponen denuncia penal contra Bertha Deleón, Arnau Baulenas, Carlos Martínez D’aubuisson y José Luis Sanz

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La abogada Jessica Rivas, en su calidad de mujer, ciudadana y abogada interpuso esta tarde, Denuncia Penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la abogada y candidata a diputada por Nuestro Tiempo: Bertha De León, los españoles Arnau Baulenas -colaborador judicial del IDHUCA- y José Luis Sanz -Director del periódico digital “El Faro”; así como también contra Carlos Martínez D’aubuisson -quien forma parte del staff de periodistas de El Faro- señalados del cometimiento de los delitos de Fraude Procesal, Encubrimiento y Coacción, con la intención de lograr la impunidad de Martínez D’aubuisson, a quien el periódico virtual LA PÁGINA, apuntó de haber abusado sexualmente a una compañera periodista, a quien se ha identificado como “MARTA” para proteger su identidad. 

De acuerdo a la profesional del derecho, su decisión está movida por sentar un precedente sobre lo que es la violencia de género, la corrupción y la desprotección jurisdiccional, a la cual puede verse sometida cualquier mujer frente a una relación de poder; el caso de “MARTA” deja muchas interrogantes, pues a pesar que el IDHUCA publicó el 18 de julio del presente año un comunicado que supuestamente contenía el deseo e interés de la víctima, de no dar continuidad a su caso y no sentirse víctima de violencia de género, ni solicitar que se prosiguiera una investigación penal contra la persona que habría abusado de ella. 

En este caso, debemos dejar bien claro, apuntó la abogada que nadie asuma que se trata de una persecución penal por motivos políticos o contra la libertad de expresión; las cosas como son. Tenemos una víctima que ha sufrido violencia de género y se debe indagar qué clase de asesoría, asistencia y acompañamiento ha recibido, porque a primer impresión parecería que todos los involucrados, incluyendo a quien ha actuado como su abogada -Bertha Deleón- están interesados en resolver la situación del infractor y no en proteger a la víctima, como tampoco prevenir que vuelva a ocurrir. Cuestionó que la abogada Deleón, hace tremendos aspavientos cuando considera que hay una expresión que la violenta en redes sociales; pero cuando se trata de la víctima “MARTA” no ha tenido un solo pronunciamiento exigiendo al Fiscal General llegar hasta el fondo de los hechos y castigar a los responsables. Y si la asesoró para que en su declaración “MARTA” ocultara hechos o circunstancias para variar una línea de investigación o cambiar la calificación jurídica, eso sería Fraude Procesal y está sancionado hasta con 10 años de prisión

También lamentó que en este intento de evitar la justicia, para el periodista Martínez D’aubuisson, estén involucrados dos sujetos de nacionalidad Española, refiriéndose a Baulenas -del IDHUCA- y a José Luis Sanz -de El Faro-; “sería una pena -de comprobarse- que mientras la Audiencia Nacional se ocupa de reconstruir la historia y que no queden impunes crímenes de lesa humanidad -como el de los Jesuitas- tengamos aquí dos personas de ese país, que pretendan torcer la justicia” 

De acuerdo al documento de denuncia, la abogada ha solicitado al Fiscal General, una serie de diligencias que comprobarán que “MARTA” habría sido coaccionada y que se cometió Fraude Procesal, para ocultar la verdad de los acontecimientos, entre estos que se citen a entrevista varias personas que estuvieron en la Fiesta donde ocurrió el abuso, las Consultoras de Género que atendieron a “MARTA” en las oficinas de EL FARO y a José María Tojeira, Diretor del IDHUCA. “El IDHUCA tiene mucho que explicar, especialmente a las mujeres de este país, porque la institución que por años se destacó por exigir al Estado el derecho a la verdad, hoy está a gusto, con que este caso quede a las sombras.” Recalcó.

Por último, dijo que hay en esto un reto para Fiscalía, demostrar que en verdad hay una política de atención y respuesta a la violencia de género; y que nadie puede escudarse en que realiza “periodismo incómodo” o en “ser opinóloga” para creer que podrán estar por encima de la ley.  

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Cadena perpetua para cinco miembros de La Mirada Loca Sureños 13 en San Miguel

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El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a prisión perpetua a cinco integrantes de La Mirada Loca Sureños 13 por el delito de pertenencia a organización terrorista. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la sentencia fue dictada después de que el tribunal valorara las pruebas presentadas contra la estructura que operaba en ese departamento.

Entre los sentenciados figura Josué Odir Granados Zapata, identificado por la Fiscalía como cabecilla y palabrero encargado de una zona. También recibieron prisión perpetua Edwin Omar Nájera Ventura, Carlos Humberto Velásquez Blanco, Eliú Ismael Pineda Portillo y Celso Alvarado Gálvez, señalados como integrantes de la misma agrupación.

En el mismo proceso, otros cuatro miembros fueron condenados a 45 años de cárcel cada uno por agrupaciones ilícitas. En total, el fallo comprende a nueve personas, con penas diferenciadas según los delitos por los que fueron encontradas responsables.

Los cuatro condenados a 45 años también tienen procesos judiciales pendientes, de acuerdo con la información atribuida a la FGR. Esas causas deberán resolverse por separado; los reportes consultados no detallan los delitos adicionales ni las fechas de las próximas audiencias.

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Capturan al “hermano Juan”, señalado de amenazar a una mujer de 40 años

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Juan Antonio Herrera Velásquez, de 43 años y conocido como “el hermano Juan”, fue capturado por presuntamente amenazar a una mujer de 40 años. Según la información publicada por El Blog, que atribuye el procedimiento a la Policía Nacional Civil (PNC), la detención se realizó en flagrancia.

El detenido fue presentado en publicaciones de redes sociales como un hombre dedicado a predicar mensajes religiosos. Sin embargo, la información consultada no identifica la congregación a la que pertenecería ni precisa si desempeña formalmente un cargo pastoral.

El delito señalado en el reporte es amenazas. Aunque el titular original utiliza la palabra “ultraja”, el contenido de la noticia no describe una agresión sexual ni detalla lesiones físicas contra la mujer. Tampoco especifica las expresiones que habría utilizado el detenido o las circunstancias que originaron el incidente.

Hasta la publicación consultada, no se había precisado oficialmente el lugar de los hechos ni si existía algún vínculo entre Herrera Velásquez y la víctima. Las búsquedas complementarias localizaron publicaciones sobre la captura, pero no aportaron un informe oficial accesible con mayores detalles del caso.

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Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos

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El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.

Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.

Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.

Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.

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