Internacionales
Exigen decretar estado de emergencia en Costa Rica por inseguridad
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este 5 de octubre una moción para exigir al Gobierno de Rodrigo Chaves que declare estado de emergencia nacional ante la inseguridad en el país. Esto ocurrió un día después de que un oficial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fue asesinado a balazos en Tirrases, Curridabat, mientras realizaba un operativo.
Diputados del oficialismo también votaron a favor de la solicitud, especialmente cuando el país ya registró 680 asesinatos, superando los 661 en el cierre de 2022, de acuerdo con los datos del OIJ. Entre las provincias con más homicidios están San José (168), Limón (161) y Puntarenas (109).
Los parlamentarios urgieron al Ejecutivo desplegar a las fuerzas de seguridad lo antes posible. «Señor presidente de la República, escúchenos, señor presidente, responda el clamor del pueblo costarricense, señor presidente, autorice por medio de la declaratoria de emergencia los fondos necesarios que necesita la policía para atacar el flagelo de la delincuencia organizada. Señor presidente, póngase la mano en su corazón, nosotros como Asamblea estamos haciendo los esfuerzos. Señor presidente, obedezca», se refirió la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas.
Los congresistas también cuestionaron la capacidad de la administración de Chaves para combatir al crimen organizado. «Si no sabe gerenciar el país en un momento de emergencia, entonces que lo digan, para que la Asamblea Legislativa entre a tomar las decisiones que le corresponden. Es el momento de dejar de salir en video solamente diciendo que les preocupa la situación del país. Declaren la emergencia para que podamos los costarricenses vivir en paz nuevamente y que nuestras familias puedan salir a la calle a caminar» exigió el diputado del partido Liberal Progresista, Gilberto Campos Cruz.
«Amerita la declaratoria para que haya menos rigidez presupuestaria, para que las instituciones puedan coordinar entre sí, para que se pueda pedir ayuda a países amigos», compartió la subjefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Alejandra Larios.
Por su parte, los parlamentarios del oficialismo llamaron a trabajar en conjunto para salir de la crisis.
«Confiamos en que la moción es de sentimiento y recibo del señor presidente del poder Ejecutivo, para que podamos entre todos contribuir a desarrollar los planes en el tema de seguridad. Quisiera ver un poco más allá y que esto no se convierta solamente en un instrumento político, sino que todos podamos contribuir efectivamente con el Ejecutivo», indicó el parlamentario del partido Progreso Social Democrático, Jorge Rojas.
Tras la muerte del oficial OIJ, el miércoles, el fiscal general Carlo Díaz exigió más recursos al Gobierno para responder a la criminalidad y no solo a reunirse con los organismos, ya que un día antes de la tragedia fue convocado por las autoridades.
«Fue una reunión de puras intenciones, nada más, no se propuso ni siquiera darle una bicicleta a Fuerza Pública, tampoco se le ofreció nada al OIJ y mucho menos al Ministerio Público. Evidentemente hacen falta recursos, pero las buenas voluntades no van a frenar esta lucha contra la delincuencia, tiene que haber una inversión por parte del Gobierno en patrullas e inversión en seguridad», afirmó ante medios de comunicación.
Las declaraciones de Díaz provocaron una reacción de parte de la presidencia. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, a través de un video, solicitó al fiscal presentar la política de persecución y cómo priorizar las investigaciones a su cargo. «Esto no se soluciona pidiendo un edificio para el OIJ en Limón, sino con una política clara de parte de la Fiscalía, en las líneas de investigación a su cargo», enfatizó.
Sin embargo, el fiscal Díaz respondió que no es obligación de la Fiscalía informar al Poder Ejecutivo de sus medidas de persecución penal. «La Fiscalía es por ley absolutamente independiente, la política de persecución penal la giro a mis fiscales», aseveró.
Internacionales
PNC de Guatemala localiza 70 artefactos explosivos durante inspección en una bodega
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala localizó 70 artefactos explosivos de uso técnico y profesional durante una inspección realizada en una bodega ubicada en el kilómetro 25 de la carretera a El Salvador, en el sector del condominio Las Maravillas.
El operativo fue desarrollado por la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE), luego de recibir una alerta ciudadana.
De acuerdo con la información proporcionada, las autoridades mantienen abierta una investigación para establecer la procedencia y el destino de los artefactos explosivos encontrados.
Internacionales
«Era mi único amigo»: el desgarrador relato de una niña tras la muerte de su perrito en Argentina
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Más de 80 perros han muerto envenenados desde inicios de este año en la ciudad de Bolívar, Argentina, una situación que mantiene preocupados a los habitantes por el bienestar de sus mascotas.
Entre los casos más recientes, la prensa local dio a conocer el testimonio de una niña que rompió en llanto al relatar que su perro, llamado Turbo, fue uno de los canes que murieron envenenados.
«Es muy malo lo que hacen. Yo tuve un perro; era mi único amigo y me lo mataron», expresó la menor ante una reportera, visiblemente afectada por la pérdida de su mascota.
Al ser consultada sobre el mensaje que deseaba enviar a las personas responsables de la muerte de su perro, la niña pidió a la policía que capture a los responsables y que «no vuelvan nunca más».
Conmovida por el testimonio, la periodista afirmó que no encontraba palabras para consolar a la menor y destacó que, para muchas personas, las mascotas no son solo animales, sino integrantes de la familia.
Hasta el momento, se desconoce quiénes están detrás de las muertes de los perros, que aparecen muertos o agonizando en determinadas zonas de la ciudad, generalmente en grupos de tres o cuatro animales.
Internacionales
Hallan cinco bebés muertos en un domicilio en Francia
Agentes de policía hallaron los huesos de cuatro bebés y el cadáver de un quinto en el domicilio de una pareja ubicado en Orange, en el sureste de Francia, donde los restos se encontraban dentro de cajas, informaron este martes diversas fuentes.
La fiscalía local indicó que abrió una investigación por asesinato tras el hallazgo realizado la noche del lunes en un apartamento situado en el centro histórico de la ciudad.
De acuerdo con la institución, la mujer, de 32 años, dio a luz en su vivienda el domingo a un bebé sano antes de ser trasladada a un hospital.
El descubrimiento de los restos ocurrió luego de que el hombre, también de 32 años, comenzara a revisar la vivienda “tras descubrir, una vez más y muy tarde, que su pareja estaba embarazada”, según explicó la fiscalía.
Durante la inspección, el hombre encontró lo que parecían ser restos humanos y notificó al hospital, que posteriormente alertó a la fiscalía.
Un médico forense señaló que los restos probablemente pertenecen a cinco recién nacidos.
Hasta el momento, se desconocen las causas de la tragedia. Los investigadores aún no han podido entrevistar a la madre, quien permanece hospitalizada tras el parto.
La fiscalía informó además que la pareja tiene otros dos hijos, de ocho y nueve años.
Un vecino identificado como Florent Jean declaró a AFP que ambos niños asistían a una escuela primaria de la localidad y que la madre solía recogerlos al mediodía para almorzar, mientras su pareja permanecía fuera de casa por motivos laborales durante gran parte del día.
El martes, varias bicicletas permanecían apoyadas frente al apartamento de la familia, ubicado en la segunda planta del edificio, mientras la puerta se encontraba precintada con cinta roja.
Las autoridades señalaron que los casos de homicidios de bebés al nacer no son poco frecuentes y que, en ocasiones, están relacionados con una alteración del discernimiento de la madre o con la negación del embarazo, ocultándolo a su entorno.
Como antecedente, el texto recuerda que en febrero una mujer de 50 años fue detenida tras el hallazgo de dos bebés en un congelador en Aillevillers-et-Lyaumont, en el este de Francia.
Asimismo, menciona que el caso más grave de infanticidio registrado en Francia fue el de Dominique Cottrez, quien en 2015 fue condenada a nueve años de prisión por matar a ocho recién nacidos, luego de que un jurado reconociera una alteración de su discernimiento.






