Internacionales
Exigen decretar estado de emergencia en Costa Rica por inseguridad
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este 5 de octubre una moción para exigir al Gobierno de Rodrigo Chaves que declare estado de emergencia nacional ante la inseguridad en el país. Esto ocurrió un día después de que un oficial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fue asesinado a balazos en Tirrases, Curridabat, mientras realizaba un operativo.
Diputados del oficialismo también votaron a favor de la solicitud, especialmente cuando el país ya registró 680 asesinatos, superando los 661 en el cierre de 2022, de acuerdo con los datos del OIJ. Entre las provincias con más homicidios están San José (168), Limón (161) y Puntarenas (109).
Los parlamentarios urgieron al Ejecutivo desplegar a las fuerzas de seguridad lo antes posible. «Señor presidente de la República, escúchenos, señor presidente, responda el clamor del pueblo costarricense, señor presidente, autorice por medio de la declaratoria de emergencia los fondos necesarios que necesita la policía para atacar el flagelo de la delincuencia organizada. Señor presidente, póngase la mano en su corazón, nosotros como Asamblea estamos haciendo los esfuerzos. Señor presidente, obedezca», se refirió la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas.
Los congresistas también cuestionaron la capacidad de la administración de Chaves para combatir al crimen organizado. «Si no sabe gerenciar el país en un momento de emergencia, entonces que lo digan, para que la Asamblea Legislativa entre a tomar las decisiones que le corresponden. Es el momento de dejar de salir en video solamente diciendo que les preocupa la situación del país. Declaren la emergencia para que podamos los costarricenses vivir en paz nuevamente y que nuestras familias puedan salir a la calle a caminar» exigió el diputado del partido Liberal Progresista, Gilberto Campos Cruz.
«Amerita la declaratoria para que haya menos rigidez presupuestaria, para que las instituciones puedan coordinar entre sí, para que se pueda pedir ayuda a países amigos», compartió la subjefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Alejandra Larios.
Por su parte, los parlamentarios del oficialismo llamaron a trabajar en conjunto para salir de la crisis.
«Confiamos en que la moción es de sentimiento y recibo del señor presidente del poder Ejecutivo, para que podamos entre todos contribuir a desarrollar los planes en el tema de seguridad. Quisiera ver un poco más allá y que esto no se convierta solamente en un instrumento político, sino que todos podamos contribuir efectivamente con el Ejecutivo», indicó el parlamentario del partido Progreso Social Democrático, Jorge Rojas.
Tras la muerte del oficial OIJ, el miércoles, el fiscal general Carlo Díaz exigió más recursos al Gobierno para responder a la criminalidad y no solo a reunirse con los organismos, ya que un día antes de la tragedia fue convocado por las autoridades.
«Fue una reunión de puras intenciones, nada más, no se propuso ni siquiera darle una bicicleta a Fuerza Pública, tampoco se le ofreció nada al OIJ y mucho menos al Ministerio Público. Evidentemente hacen falta recursos, pero las buenas voluntades no van a frenar esta lucha contra la delincuencia, tiene que haber una inversión por parte del Gobierno en patrullas e inversión en seguridad», afirmó ante medios de comunicación.
Las declaraciones de Díaz provocaron una reacción de parte de la presidencia. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, a través de un video, solicitó al fiscal presentar la política de persecución y cómo priorizar las investigaciones a su cargo. «Esto no se soluciona pidiendo un edificio para el OIJ en Limón, sino con una política clara de parte de la Fiscalía, en las líneas de investigación a su cargo», enfatizó.
Sin embargo, el fiscal Díaz respondió que no es obligación de la Fiscalía informar al Poder Ejecutivo de sus medidas de persecución penal. «La Fiscalía es por ley absolutamente independiente, la política de persecución penal la giro a mis fiscales», aseveró.
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DEIC rescata a menor de 17 años secuestrada en la carretera a El Salvador y captura al presunto responsable en Villa Canales
Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil de Guatemala rescataron este sábado a una adolescente de 17 años que había sido secuestrada el jueves 20 de agosto en el kilómetro 29 de la ruta a El Salvador. La menor fue liberada sana y salva durante un operativo táctico.
El presunto secuestrador, identificado como Horacio “N”, de 39 años, fue capturado en el kilómetro 36 de la misma carretera, a la entrada de la aldea El Jocotillo, en Villa Canales. El hombre se desplazaba a bordo de un pick-up con placas P-198LVZ. Los agentes pertenecen a la delegación de Villa Nueva.
La víctima permanecía retenida contra su voluntad desde el jueves. Tras el operativo, el detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales mientras continúa la investigación.
El caso se registró en una de las principales vías de conexión entre Guatemala y El Salvador, zona que suele ser objeto de vigilancia por las autoridades de ambos países.
Las instituciones de seguridad recuerdan la importancia de denunciar de inmediato cualquier desaparición o hecho sospechoso.
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Rescatan a joven de 24 años tras cinco días de cautiverio, encadenada y agredida sexualmente por su excompañero en Águas Lindas de Goiás, Brasil
Emiliane Tamara Nunes Carvalho, de 24 años, fue rescatada el viernes 21 de agosto por la Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de la Policía Militar de Goiás en una casa del Setor Jardim América III, en Águas Lindas de Goiás (entorno del Distrito Federal). La joven permanecía desaparecida desde el 17 de agosto, cuando salió de su domicilio en el barrio Morada da Serra para una consulta médica.
Los agentes la encontraron amordazada, con una máscara en el rostro para impedir que gritara, y con brazos, piernas y cuello sujetos por cuerdas, algemas y una cadena de hierro. Presentaba dificultades para respirar y signos de violencia. Según su relato y las investigaciones, el sospechoso la sedó con medicamentos y la agredió sexualmente de forma reiterada durante los cinco días de cautiverio.
El presunto autor es Ailton Rodrigues de Souza, su excompañero. Fue detenido en flagrante tras intentar huir en un vehículo durante una aproximación policial. En el inmueble se incautó una pistola calibre 9 mm, el automóvil, sedantes, algemas, cuerdas y la cadena. El hombre deberá responder por secuestro, estupro, cárcere privado y porte ilegal de arma.
La víctima recibió atención médica y se encuentra en estado estable. Posteriormente relató en redes sociales que el agresor le introdujo paños con ácido en la boca. La Policía Civil de Goiás continúa las investigaciones.
El caso pone de manifiesto la gravedad de la violencia de género y la importancia de la denuncia temprana y la actuación rápida de las fuerzas de seguridad.
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Madre acusada de causar la muerte de su hijo de 28 años en accidente de bote en Nueva Jersey; segundo caso similar en Barnegat Bay
Jennifer L. Pearson, de 59 años y residente de Barnegat, Nueva Jersey, fue acusada de operar una embarcación bajo los efectos del alcohol y causar la muerte de su hijo Gunnar Pearson, de 28 años, en un accidente ocurrido el 25 de mayo (Memorial Day) en Barnegat Bay. Alrededor de las 5:45 p.m. su bote de 23 pies impactó contra una baliza de canal cerca del Brant Beach Yacht Club, en Long Beach, lo que lanzó al agua a su hijo y a la novia de este. Gunnar falleció posteriormente en un hospital a causa de las heridas; otras cuatro personas a bordo resultaron con lesiones leves.
Pearson se entregó a la Policía Estatal de Nueva Jersey el 20 de agosto. Las pruebas indicaron un nivel de alcohol en sangre de entre 0.09 y 0.12, superior al límite legal de 0.08. Se le imputan cargos por causar una muerte al operar una embarcación, operación bajo influencia, operación temeraria, no contar con certificado de seguridad náutica y no mantener vigilancia adecuada.
Este es el segundo caso similar en la misma bahía en pocas semanas. En julio, Stephen Schneider, de 64 años, fue acusado de operar ebrio un bote que chocó contra una baliza y provocó la muerte de sus dos nietos, de 7 y 9 años. Barnegat Bay, de aguas poco profundas, ha registrado varios accidentes contra marcadores de canal este verano.
La investigación continúa y Pearson permanece a la espera de audiencia. Las autoridades recuerdan que todos los cargos son acusaciones y se presume inocencia hasta que se pruebe lo contrario.
El caso ha generado debate sobre la seguridad en la navegación recreativa y el consumo de alcohol en embarcaciones en la zona.
