Internacionales
Exigen decretar estado de emergencia en Costa Rica por inseguridad
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este 5 de octubre una moción para exigir al Gobierno de Rodrigo Chaves que declare estado de emergencia nacional ante la inseguridad en el país. Esto ocurrió un día después de que un oficial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fue asesinado a balazos en Tirrases, Curridabat, mientras realizaba un operativo.
Diputados del oficialismo también votaron a favor de la solicitud, especialmente cuando el país ya registró 680 asesinatos, superando los 661 en el cierre de 2022, de acuerdo con los datos del OIJ. Entre las provincias con más homicidios están San José (168), Limón (161) y Puntarenas (109).
Los parlamentarios urgieron al Ejecutivo desplegar a las fuerzas de seguridad lo antes posible. «Señor presidente de la República, escúchenos, señor presidente, responda el clamor del pueblo costarricense, señor presidente, autorice por medio de la declaratoria de emergencia los fondos necesarios que necesita la policía para atacar el flagelo de la delincuencia organizada. Señor presidente, póngase la mano en su corazón, nosotros como Asamblea estamos haciendo los esfuerzos. Señor presidente, obedezca», se refirió la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas.
Los congresistas también cuestionaron la capacidad de la administración de Chaves para combatir al crimen organizado. «Si no sabe gerenciar el país en un momento de emergencia, entonces que lo digan, para que la Asamblea Legislativa entre a tomar las decisiones que le corresponden. Es el momento de dejar de salir en video solamente diciendo que les preocupa la situación del país. Declaren la emergencia para que podamos los costarricenses vivir en paz nuevamente y que nuestras familias puedan salir a la calle a caminar» exigió el diputado del partido Liberal Progresista, Gilberto Campos Cruz.
«Amerita la declaratoria para que haya menos rigidez presupuestaria, para que las instituciones puedan coordinar entre sí, para que se pueda pedir ayuda a países amigos», compartió la subjefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Alejandra Larios.
Por su parte, los parlamentarios del oficialismo llamaron a trabajar en conjunto para salir de la crisis.
«Confiamos en que la moción es de sentimiento y recibo del señor presidente del poder Ejecutivo, para que podamos entre todos contribuir a desarrollar los planes en el tema de seguridad. Quisiera ver un poco más allá y que esto no se convierta solamente en un instrumento político, sino que todos podamos contribuir efectivamente con el Ejecutivo», indicó el parlamentario del partido Progreso Social Democrático, Jorge Rojas.
Tras la muerte del oficial OIJ, el miércoles, el fiscal general Carlo Díaz exigió más recursos al Gobierno para responder a la criminalidad y no solo a reunirse con los organismos, ya que un día antes de la tragedia fue convocado por las autoridades.
«Fue una reunión de puras intenciones, nada más, no se propuso ni siquiera darle una bicicleta a Fuerza Pública, tampoco se le ofreció nada al OIJ y mucho menos al Ministerio Público. Evidentemente hacen falta recursos, pero las buenas voluntades no van a frenar esta lucha contra la delincuencia, tiene que haber una inversión por parte del Gobierno en patrullas e inversión en seguridad», afirmó ante medios de comunicación.
Las declaraciones de Díaz provocaron una reacción de parte de la presidencia. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, a través de un video, solicitó al fiscal presentar la política de persecución y cómo priorizar las investigaciones a su cargo. «Esto no se soluciona pidiendo un edificio para el OIJ en Limón, sino con una política clara de parte de la Fiscalía, en las líneas de investigación a su cargo», enfatizó.
Sin embargo, el fiscal Díaz respondió que no es obligación de la Fiscalía informar al Poder Ejecutivo de sus medidas de persecución penal. «La Fiscalía es por ley absolutamente independiente, la política de persecución penal la giro a mis fiscales», aseveró.
Internacionales
Se alimentaba del sol»: Influencer vegano a prisión por dejar morir de hambre a su bebé
Maxim Lyutyi ha sido condenado a ocho años de cárcel por dejar morir de hambre a su bebé de apenas un mes de vida.
El influencer vegano, originario de Rusia y de 44 años, ha confesado ante la justicia que su hijo Kosmos murió de «neumonía y desnutrición» y que fue por su «culpa».
«Mi hijo se alimentaba del sol. Ha muerto por mi culpa», aseguró Lyutyi, quien ha detallado que la dieta de su hijo era pránica, una alimentación basada en la energía y los nutrientes solares.
El bebé llegó a pesar menos de dos kilos y fue trasladado a un hospital con un cuadro médico de neumonía grave que se desarrolló a consecuencia de la desnutrición. Los sanitarios no pudieron hacer nada por su vida, por lo que finalmente murió.
Este hecho ocurrió el 8 de marzo de 2023, pero no ha trascendido hasta un año después, cuando ha sido aprobada la condena. En un principio, Lyutyi trató de culpabilizar a su pareja, Oxana Mironova, acusándola de que su hijo tenía falta de hierro en la sangre debido a las dietas que ella le proporcionaba.
Sin embargo, fuentes cercanas al matrimonio aseguran que la madre «intentaba amamantar al bebé a escondidas de su esposo, debido al gran temor a la reacción que este podría tener», tal y como recoge el medio Clarín. Aun así, Mironova recibió una pena condicional de dos años de «trabajo correccional».
Los abogados del ex mandatario estadounidense Donald Trump interrogan nuevamente a David Pecker, ex editor de The National Enquirer, con el propósito de desacreditar el testimonio del principal testigo de la Fiscalía en el juicio por “dinero en secreto”. El ex jefe de Estado está acusado de falsificar registros comerciales para ocultar dinero que habría pagado para silenciar a dos mujeres durante su campaña presidencial en 2016.
La defensa de Trump buscó este viernes socavar el testimonio de Pecker de que la práctica de un tabloide ayudó a enterrar historias vergonzosas sobre Trump como “parte de un plan” para colaborar en la campaña republicana de 2016.
David Pecker, ex editor del National Enquirer, regresó al estrado de los testigos por cuarto día consecutivo mientras los abogados defensores intentaban encontrar lagunas en su testimonio sobre los esfuerzos de su tabloide para proteger a su viejo amigo.
El testimonio de Pecker es crucial para los fiscales, quienes alegan que el esfuerzo fue una forma de influir ilegalmente en las elecciones de 2016.
Durante el contrainterrogatorio, los abogados de Trump están tratando de demostrar que cualquier trato que Trump haya tenido con Pecker tenía como objetivo proteger a Trump, su reputación y su familia pero no su campaña.
Pecker ha testificado que tramó un plan con Trump y el entonces abogado del ex mandatario Michael Cohen, en agosto de 2015, para que el National Enquirer ayude en la campaña presidencial de Trump.
Pero, al ser interrogado por el abogado de Trump, Emil Bove, Pecker reconoció que en esa reunión no se mencionó el término “atrapar y matar”, que describe la práctica de los tabloides que compran los derechos de las historias para que nunca vean la luz del día.
En la reunión tampoco se discutió ninguna “dimensión financiera”, como que el National Enquirer pagara a personas en nombre de Trump por los derechos de sus historias, dijo Pecker.
Bove también confrontó a Pecker con las declaraciones que hizo a los fiscales federales en 2018 que, según el abogado defensor, eran “inconsistentes” con el testimonio del ex editor a principios de esta semana. Pecker testificó anteriormente que Trump le agradeció durante una visita a la Casa Blanca en 2017 por su ayuda.
Sin embargo, según notas citadas por Bove en el tribunal, Pecker había dicho previamente a las autoridades federales que Trump no le expresó ningún agradecimiento durante la reunión.
Pecker se ciñó a la historia que contó en el tribunal. “El FBI observa que alguien que está escribiendo aquí podría estar equivocado”, dijo; y agregó: “Sé cuál es la verdad”.
El contrainterrogatorio de Pecker culmina una semana trascendental en los casos penales que enfrenta el ex presidente mientras compite por recuperar la Casa Blanca en noviembre.
“Disgustado”
Este jueves, David Pecker recordó a un iracundo Donald Trump llamándole un día después de que The Wall Street Journal publicara un artículo poco antes de las elecciones de 2016 que denunciaba el pago de USD 150.000 del tabloide National Enquirer a Karen McDougal por los derechos de la historia de la ex modelo de Playboy que afirmaba haber tenido un affaire con el candidato presidencial.
“Donald Trump estaba muy disgustado, diciendo: ‘¿Cómo ha podido pasar esto? Creía que lo tenías bajo control. O tú o uno de los tuyos filtró la historia’”, declaró Pecker. Dijo que le respondió a Trump que tal vez McDougal o alguien relacionado con ella había avisado al Journal. “Nuestra llamada terminó muy abruptamente. No se despidió, lo que fue muy inusual”, testificó Pecker.
El periodista declaró también que la respuesta del propietario del National Enquirer, American Media, al Journal de que la compañía “no había pagado a gente para matar historias perjudiciales sobre el señor Trump” era mentira. “Quería proteger a mi empresa, quería protegerme a mí mismo y quería también proteger a Donald Trump”, explicó Pecker en el estrado.
Poco después, el tribunal hizo una pausa para almorzar y Trump abandonó la sala sin dirigirse a los periodistas en el pasillo.
Escépticos sobre la inmunidad
Por otro lado, en Washington, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se mostró el jueves escéptico ante el pedido de Donald Trump para gozar de inmunidad judicial absoluta por haber sido presidente del país, pero hubo jueces que se inclinaron por no resolver totalmente el asunto y devolverlo a tribunales inferiores.
En una audiencia histórica de más de dos horas, los nueve magistrados (seis conservadores y tres progresistas) interrogaron al abogado de Trump, John Sauer, y al fiscal Michael Dreeben sobre la potencial inmunidad del republicano.
El alto tribunal debe decidir si debe anularse el juicio pendiente en un tribunal federal de Washington sobre Trump por injerencia electoral y por el asalto al Capitolio. La mayoría de los jueces se mostraron escépticos al pedido de Trump de inmunidad absoluta al considerar que solo las actuaciones propias de las funciones de un presidente están blindadas y no aquellas que tienen carácter personal.
Pero también hubo magistrados conservadores críticos con el manejo del caso por parte de la Fiscalía y sugirieron que podrían devolver el caso a la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia para determinar si las actuaciones de Trump fueron de carácter público o privado.
Tres carabineros fueron asesinados la madrugada del sábado en una zona mapuche del sur de Chile, víctimas de una emboscada el día en que se conmemora el aniversario de la institución policial, en el peor ataque sufrido en la historia reciente por las fuerzas de orden en la zona.
«Esta madrugada recibimos la grave y dolorosa noticia de un atentado en la provincia de Arauco en el que fueron asesinados tres carabineros», informó en su cuenta de X el presidente Gabriel Boric, que se trasladó a la zona junto a una gran comitiva de autoridades.
Los policías fueron encontrados calcinados dentro de una patrulla policial en una ruta de la localidad de Cañete, en las cercanías de la ciudad de Concepción, unos 500 km al sur de Santiago.
La zona se encuentra bajo resguardo militar debido a los ataques incendiarios que se registran allí, atribuidos en su mayoría a agrupaciones radicales mapuches, la mayor etnia chilena, que reivindica la restitución de tierras ancestrales.
El atentado ocurrió el día en que Carabineros, la policía militarizada chilena, celebra su aniversario 97.
«No tengo registro en mi historia de 38 años de servicio, de la muerte de un carabinero, y no sólo de uno, sino tres asesinados de forma cruel, el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual, no fue al azar», dijo el director general de Carabineros, Ricardo Yañez.
Las actividades conmemorativas en todo Chile se cancelaron tras los asesinatos y el presidente Boric declaró tres días de duelo oficial.
El atentado tiene lugar la misma semana en que la justicia declaró culpable de «usurpación violenta de predio», hurto y «atentado contra la autoridad» a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una de las agrupaciones que ha reivindicado ataques incendiarios en la zona.
Llaitul arriesga hasta 25 años de cárcel por esos delitos, en una sentencia que la justicia dará a conocer el próximo 7 de mayo.
«Terrible crimen»
Según relató a la prensa la ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, «se recibió por parte de Bomberos el aviso de un vehículo incendiándose y, cuando llegaron al lugar, descubrieron que se trataba de una patrulla de Carabineros».
«Al interior del vehículo, descubrieron a los tres funcionarios fallecidos, en esta condición de calcinados», agregó Tohá, que también viajó a la zona.
La camioneta en que se trasladaban los policías era blindada. Los cuerpos fueron hallados en la parte posterior del vehículo y habrían sido dejados allí tras recibir ráfagas de disparos en la ruta, donde cayeron abatidos, de acuerdo a la investigación preliminar.
«Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen», aseguró Boric, quien calificó a los autores del este triple asesinato como «terroristas».
Junto con Boric, en una señal de unidad institucional, viajaron a la ciudad de Concepción los comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, además de parlamentarios, y el presidente de la Corte Suprema.
«Acá no hay fisuras; somos una sola fuerza del Estado de Chile, de la sociedad chilena en contra de esos delincuentes, en contra de esos terroristas que hayan cometido este asesinato que enluta a todo el país», agregó el mandatario.
Al arribar a Concepción, Boric informó que no descarta convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), el más alto organismo consultivo en estas materias.
En Santiago, en tanto, centenares de personas se reunieron en las cercanías del palacio presidencial de La Moneda, para protestar por el asesinato de los tres policías.
Boric decretó hace casi dos años la militarización de la provincia de Arauco, junto a otras localidades de la vecina región de la Araucanía, en un intento de contener los frecuentes ataques incendiarios registrados allí, sobre todo en contra de las actividades de la industria forestal.
Esta semana el gobierno había celebrado la reducción a la mitad de las acciones violentas respecto al inicio de la gestión de Boric, en marzo de 2022.
Algunas comunidades radicales mapuches reivindican la restitución de tierras que consideran suyas por derechos ancestrales. En la zona también se han desbaratado a bandas dedicadas al robo de madera.
