Según informes de la Fiscalía General de la República (FGR), en lo que va del año al menos 10 personas acusadas de estafa han sido condenadas a prisión.

Las cantidades defraudadas por los imputados oscilan entre $12,000 y $375,360, mientras que las penas impuestas van desde seis hasta 62 años de cárcel.

Las autoridades aseguran que las detenciones de estafadores y posteriores condenas se deben al trabajo coordinado entre la Policía y la Fiscalía, quienes han fortalecido sus esfuerzos tanto en la investigación de estos casos como en la propuesta y diseño de reformas legales orientadas a combatir delitos para combatir delitos que afectan contra el patrimonio de los salvadoreños.

«Tenemos la responsabilidad de gestionar, ordenar e investigar para poner tras las rejas y frente a un juez a los responsables de delitos graves. Hemos venido trabajando en una técnica de empezar por los delitos más graves, todo lo que tiene que ver con los delitos de la libertad sexual, violaciones, agresiones sexuales, estafas, robos y hurtos», señaló recientemente, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

El funcionario detalló que, para luchar contra este tipo de delitos, se presentaron el año pasado ante la Asamblea Legislativa, una serie de reformas relacionadas a delitos patrimoniales.

«El año pasado también llevamos a la Asamblea el último compacto de reformas que estaba relacionado a delitos patrimoniales, y también estamos analizando la información, escuchando las nuevas formas en que los salvadoreños se manifiestan y denuncian este tipo de delitos para lograr capturar a los implicados y llevarlos tras las rejas», indicó Villatoro.

El pasado 16 de febrero, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador decretó una condena de seis años de prisión a Jorge Franklin Ríos Rugamas, quien fue declarado culpable por el delito de estafa agravada. El imputado también fue condenado a pagar $85,000 en calidad de responsabilidad civil.

«Los hechos sucedieron a comienzos del año 2020 cuando la víctima conoció a Ríos Rugamas, quien se hacía pasar como un empresario del área de las edificaciones y otros rubros. El imputado le ofreció a la víctima diferentes servicios del sector construcción y suscribió varios contratos para efectuar los proyectos», explicó el fiscal del caso.

Al vencer los plazos establecidos, Ríos Rugamas incumplió los contratos; sin embargo, simuló que respondería económicamente debido a los daños y perjuicios que ocasionó, pero lo hizo emitiendo cheques sin fondos.

En otro caso, un mes después, el 20 de marzo, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador decretó que Edgar Omar Revelo Álvarez siga en prisión mientras avanzan las investigaciones en su contra por el delito de estafa agravada en perjuicio de 23 víctimas.

«En 2025 se comenzaron a recibir múltiples denuncias contra el imputado, quien ofrecía boletos aéreos a bajo costo a través de redes sociales», explicó la fiscal del caso.

Según la representación fiscal, Revelo Álvarez se hacía pasar por empleado de una aerolínea y promocionaba supuestas ofertas bajo modalidades como el pago únicamente de impuestos o promociones de 2×1 a países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, España, Italia, Indonesia, Tailanda, Japón, Panamá, Perú y México.

«Las víctimas realizaban transferencias por los supuestos boletos; sin embargo, el imputado cortaba toda comunicación posteriormente, y las reservaciones resultaban falsas o inexistentes. El monto total de lo estafado asciende a $50,491.04», dijo la fiscal.

Mientras que, en Usulután, el Tribunal de Sentencia de dicha localidad declaró culpables a Santos Tomás Mercado y José Reinaldo Turcios Callejas por el delito de estafa y les impuso una pena de ocho años de prisión. Los imputados estafaron a 32 personas residentes en distintas comunidades del departamento.

«Los ahora condenados solicitaron a las víctimas diversas cantidades de dinero a cambio de supuestos beneficios como viviendas, terrenos, ganado y abonos para proyectos agrícolas. Los imputados aseguraban que dichos recursos serían entregados mediante una presunta ayuda humanitaria proveniente de China Taiwán», detalló el fiscal del caso.

En abril de 2025, las víctimas fueron convocadas a una reunión en San Salvador, donde supuestamente recibirían escrituras y otros beneficios; sin embargo, las promesas nunca se concretaron. Tras constatar el incumplimiento y la pérdida de su dinero, los afectados interpusieron la denuncia que dio origen al proceso judicial y a la posterior sentencia condenatoria.