Internacionales
Afectados por la DANA en las “zonas aisladas” de Valencia piden ayuda “desesperadamente”
La Comunidad Valenciana enfrenta su cuarto día tras las consecuencias de la DANA que ha dejado ya más de 200 personas fallecidas y cientos de desaparecidos. Las redes sociales se han convertido en un centro de peticiones de auxilio, especialmente en las zonas afectadas a las que los equipos de rescate y maquinaria está tardando en llegar o donde su presencia es aún muy escasa. El miércoles, al día siguiente de la DANA, el Gobierno de Carlos Mazón rechazó la ayuda del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) de Cataluña, cuerpo de Bomberos de la Generalitat especializado en salvamentos y rescates, y no fue hasta el jueves cuando solicitó ayuda del Ejército del Ministerio de Defensa. Finalmente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado este sábado que enviará 5.000 efectivos más del Ejército y 10.000 policías y guardias civiles para las tareas de emergencia.
Para muchos, es tarde. Habitantes de pueblos como Aldaia, Alaquàs, Calicanto, Albal o Catarroja, entre otros, reclaman que se sienten abandonados y que son los propios vecinos los que se ayudan entre ellos. “No estamos saliendo en los medios de comunicación. Resistimos gracias a la solidaridad vecina y obrera”, menciona en X Raven, una joven de 21 años procedente de Alaquàs, una de las zonas afectadas por la DANA, a menos de 10 kilómetros de Valencia. “En los pueblos pequeños de alrededor necesitamos ayuda desesperadamente. Está todo lleno de fango, electrodomésticos, coches… Muchas casas siguen sin agua, necesitamos alimentos, ropa, materiales de limpieza… Pero sobre todo que vengan maquinarias y profesionales desde fuera, no están enviando a nadie”, añade en declaraciones a Infobae España.
El motivo por el que algunos pueblos como el suyo no están recibiendo ayuda, según cuenta, es porque “las carreteras están cortadas, estamos muy aislados”. “Abren algunas carreteras en horarios muy específicos y luego las cierran”, menciona. “El padre de mi amiga, por ejemplo, aprovechó ese horario para ir a una cita médica en el hospital general y cuando quiso volver habían cortado las calles, se quedó horas allí sin poder volver”, añade. Además de su pueblo, que tiene cerca de 30.000 habitantes, también está ayudando en Aldaia, una localidad vecina con un par de miles de habitantes más, y solo separada de la suya por unas vías del tren.
También en Aldaia, Lia, de 25 años, de donde es natal, cuenta a Infobae España que lleva desde el jueves 31 pidiendo en redes sociales ayuda de “los servicios de Emergencia”. Según cuenta, ni la UME (Unidad Militar de Emergencias) ni dichos servicios llegaron hasta el jueves a mediodía, y fueron “muy pocos”. Para este sábado, explica que ha visto bomberos y “solo un camión de la UME”. “Solo hemos visto ayuda de la gente. Está viniendo muchísima gente de Valencia”, dice. “Yo a mi casa, por ejemplo, no puedo ir porque no tenemos ni luz, ni agua, ni absolutamente nada de cobertura. No nos hemos podido duchar, ni cocinar, ni nada”, añade.
Lo mismo ocurre en Albal, otra localidad situada a 10 kilómetros de la capital. “Muchos de los voluntarios se quedan en los primeros pueblos, pero por aquí también se necesita la misma ayuda, sobre todo para limpiar”, cuenta a este medio Alba, de 18 años. La joven reclama que, ante el colapso de las carreteras, lo que más falta hace en la zona es “ayuda para quitar todo el fango y los obstáculos”. Explica que la UME llegó a la localidad entre tres y cuatro días después y que los militares lo hicieron por primera vez este viernes en la localidad de Catarroja, después de que Mazón solicitara ayuda al Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles.
“Aún hay coches incrustados en paredes y en bajos afectando a la estructura de los edificios, impidiendo el paso de las personas para salir de ellos, y también garajes llenos de agua que pueden afectar al edificio”, explica. “Aún no se han limpiado garajes inundados y te aseguro que hay muchísimos fallecidos más de los que se habla. Durante la riada, se veía a la gente flotar, no quiero imaginar la de gente que habrá en dichos garajes”. Alba también agradece a todos los voluntarios que se están acercando a ayudar. “Si no fuera por el pueblo, habríamos estado abandonados mucho tiempo y no quiero ni pensar qué habría pasado”, dice, en contra de lo difundido por las autoridades el viernes, que advertían de “colapso” por un supuesto exceso de gente tratando de ayudar.
Este sábado por la mañana, miles de voluntarios se han congregado en el centro de coordinación de la Generalitat Valenciana en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, con el objetivo de colaborar en la asistencia a las zonas afectadas. No obstante, las críticas por la falta de organización no han tardado en llegar. Desde las primeras horas, usuarios en redes sociales denunciaron el caos logístico, mencionando que un autobús, inicialmente destinado al municipio de Chiva, fue redirigido hacia el centro comercial Bonaire para tareas de limpieza, ante lo cual varios voluntarios se negaron a pararse en este destino.
Un usuario en la red social X, identificado como @CondeDookuOli, comentó que los autobuses llegaron al centro de coordinación a las 6:30, aunque su vehículo no partió hasta las 7:30, supuestamente hacia Chiva. Sin embargo, afirmó que “cambiaron el destino” llevándolos al supermercado Bonaire, donde permanecieron “sin hacer nada”. La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, explicó que el centro comercial Bonaire actúa como punto de encuentro desde donde Protección Civil organiza la distribución de los voluntarios hacia las áreas necesitadas.
Por su parte, Joan Guanter, secretario general de la formación valencianista Jóvenes del País Valencià, publicó en X su experiencia desde Chiva, describiendo cómo decenas de voluntarios permanecían inactivos en la localidad. Según Guanter, la Guardia Civil desconocía la llegada de los voluntarios, aunque finalmente fueron enviados a la zona unos 15 autobuses con aproximadamente 750 personas. Guanter agregó que partieron de Valencia alrededor de las 10:00 y que, a las 11:30, aún no habían podido iniciar ninguna tarea en Chiva.
Al menos seis personas resultaron muertas y otras 15 están desaparecidas luego de un ataque ucraniano con drones contra el Colegio Starobelsk, afiliado a la Universidad Pedagógica de Lugansk, afirmaron el viernes autoridades rusas, aunque Kiev afirmó que era el cuartel general de una unidad militar rusa.
Según fuentes rusas, 86 jóvenes de entre 14 y 18 años se encontraban en un dormitorio de varios pisos, que se derrumbó tras un ataque llevado a cabo durante la noche en Starobelsk, una ciudad de unos 16,000 habitantes.
«En estos momentos sabemos que seis personas han perdido la vida, que 39 han resultado heridas y 15 están desaparecidas, ya que continúa la remoción de los escombros», declaró el presidente Vladímir Putin tras un minuto de silencio retransmitido por televisión.
De acuerdo con Putin, el ataque «no fue accidental» y se desarrolló «en tres oleadas, con 16 drones dirigidos al mismo lugar».
«No había ningún objetivo de carácter militar, ni instalaciones pertenecientes a los servicios de inteligencia o a servicios afines» en las inmediaciones, aseguró el presidente ruso, quien prometió una respuesta de su ejército.
En tanto, la cancillería rusa mencionó un «ataque deliberado contra la población civil» y denunció la asistencia de países occidentales, que «proporcionan información a las fuerzas armadas ucranianas y las ayudan a dirigir sus ataques».
El gobernador de la región de Lugansk, Leonid Pasetchnik, había difundido previamente en redes sociales fotos de edificios gravemente dañados: uno en llamas y parcialmente derrumbado, y otro con las paredes calcinadas y las ventanas destrozadas.
«Es un crimen monstruoso […] del régimen de Kiev», acotó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
De su lado, el Estado Mayor ucraniano afirmó que sus fuerzas habían bombardeado el «cuartel general» de una unidad militar rusa en la región ocupada.
Tulsi Gabbard renunció como directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, según confirmó este viernes a través de una carta dirigida al presidente Donald Trump. La salida, efectiva el 30 de junio de 2026, se produce tras el diagnóstico de cáncer de hueso de su esposo, Abraham Williams, y convierte a Gabbard en la cuarta secretaria de gabinete —todas mujeres— en abandonar la administración Trump durante su segundo mandato.
“Mi esposo ha sido diagnosticado recientemente con una forma extremadamente rara de cáncer de hueso”, escribió Gabbard en la carta, que también publicó en X. “No puedo en buena conciencia pedirle que enfrente esta batalla solo mientras continúo en este cargo tan exigente”.
Gabbard, de 45 años, veterana de la guerra de Irak y oficial en reserva del Ejército, describió a Williams como su “roca” durante los 11 años de matrimonio. Señaló que su fortaleza la sostuvo a lo largo de despliegues militares, campañas electorales y su paso por la administración Trump. La directora notificó su decisión al presidente durante una reunión en el Despacho Oval.
Tras la renuncia, Trump elogió a Gabbard: “Tulsi ha hecho un trabajo increíble y la echaremos de menos”, dijo Trump en su red social Truth, y añadió que su adjunto, Aaron Lukas, asumiría el cargo de director interino de Inteligencia Nacional.
La salida de Gabbard se da en un momento en que Estados Unidos atraviesa un estancamiento en su guerra contra Irán, conflicto que desencadenó una crisis energética global tras el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz por parte de Teherán, la vía que conecta el Golfo Pérsico con el Mar Arábigo. Con un historial de oposición a las intervenciones militares estadounidenses en el exterior —incluidas las guerras de Irak y Afganistán—, Gabbard quedó en una posición incómoda tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.
En una audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado en marzo, sus respuestas esquivaron de forma reiterada las preguntas sobre si la Casa Blanca había sido advertida de las posibles consecuencias del conflicto. Gabbard declaró por escrito que Irán no había intentado reconstruir su capacidad nuclear tras los ataques estadounidenses, afirmación que contradijo directamente a Trump. El presidente respondió: “No me importa lo que ella dijo. Creo que estaban muy cerca de tener una”.
La directora sostuvo que “no es responsabilidad de la comunidad de inteligencia determinar qué constituye o no una amenaza inminente”. Esa postura, junto con su tibia respuesta ante la decisión de atacar Irán, alimentó durante semanas la especulación sobre su permanencia en el cargo.
Según informó NBC News, Gabbard nunca logró integrarse al entorno más cercano del presidente. En momentos decisivos —cuando Trump deliberaba sobre acciones militares o seguía en tiempo real las operaciones en Irán y Venezuela— Gabbard frecuentemente no estaba en la sala. Mantuvo fricciones con su par en la CIA, John Ratcliffe, y con otros funcionarios de la administración.
En agosto, Gabbard sorprendió a la agencia al revelar el nombre de un agente encubierto de la CIA en una lista de personas a quienes retiró credenciales de seguridad, según reportó NBC News. También desclasificó un documento sobre interferencia electoral rusa con escasas redacciones, lo que generó alarma en la sede de la agencia. El portavoz de Gabbard negó que hubiera omitido consultar a la CIA en ambos casos.
Su confirmación como directora de Inteligencia Nacional había sido aprobada por 52 votos contra 48, con el senador republicano Mitch McConnell como único voto en contra de su propio partido. Casi 100 exfuncionarios de diplomacia, seguridad nacional e inteligencia —con experiencia bajo administraciones de ambos partidos— habían escrito a los líderes del Senado para expresar su preocupación por la nominación.
Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista y uno de los principales asesores de Gabbard, había renunciado en marzo alegando que “no podía en buena conciencia” respaldar la guerra, y sostuvo en una carta pública que Israel indujo a Trump a creer que Irán representaba una amenaza inminente. Kent y Gabbard compartían una visión crítica de las intervenciones militares externas, forjada en sus trayectorias como veteranos.
Las otras tres salidas del gabinete incluyeron a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, removida por Trump a fines de marzo en medio de críticas por su gestión de la política migratoria y la respuesta a desastres naturales; a la fiscal general Pam Bondi, quien renunció ante el creciente malestar por el manejo del Departamento de Justicia en relación con los archivos de Jeffrey Epstein; y a la secretaria de Trabajo Lori Chavez-DeRemer, que dejó el cargo en abril tras ser objeto de diversas investigaciones por conducta indebida.
Honduras volvió a estremecerse luego de conocerse nuevos y escalofriantes detalles sobre el asesinato de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), cuyos cuerpos fueron encontrados descuartizados y parcialmente quemados en una zona montañosa de Corinto, Omoa, departamento de Cortés.
Los agentes habían desaparecido durante un operativo antidrogas ejecutado en una zona fronteriza con Guatemala, donde presuntos integrantes de una estructura criminal vinculada al narcotráfico los habrían privado de libertad antes de asesinarlos con extrema violencia.
Las autoridades confirmaron que los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala y señales de tortura, además de haber sido desmembrados y quemados posteriormente por sus atacantes.
La Secretaría de Seguridad confirmó oficialmente la identidad de los policías que murieron durante el operativo en Corinto, Omoa.
Los cinco agentes pertenecían a la Dipampco y habían salido desde Tegucigalpa para participar en una operación contra estructuras criminales dedicadas al tráfico y distribución de drogas en la zona fronteriza.
El caso ha generado una fuerte conmoción nacional debido al nivel de violencia con el que fueron asesinados los uniformados.
De acuerdo con los reportes preliminares, equipos especiales de rescate ingresaron fuertemente armados a una zona montañosa de Omoa luego de recibir información sobre el posible paradero de los agentes desaparecidos.
Las autoridades detallaron que los agentes habrían sido capturados por miembros de una organización criminal durante el operativo antidrogas y posteriormente ejecutados.
El informe preliminar indica que los cuerpos presentaban múltiples heridas de bala y signos de extrema violencia.
Las investigaciones revelaron además que los responsables desmembraron los cuerpos de los agentes, los decapitaron y posteriormente intentaron quemarlos para dificultar su identificación.
Las imágenes y detalles del crimen generaron indignación en distintos sectores del país y reavivaron el debate sobre el avance de estructuras criminales fuertemente armadas en Honduras.
Hasta el momento, las autoridades descartaron bajas civiles relacionadas con el operativo. Sin embargo, se presume que varios miembros de la estructura criminal lograron escapar hacia Guatemala tras el ataque.
Por esa razón, Honduras ya coordinó acciones con autoridades guatemaltecas para intentar ubicar a los sospechosos que cruzaron la frontera.
Las autoridades consideran que existieron fallas operativas que terminaron exponiendo a los agentes asesinados durante el operativo antidrogas.
Mientras tanto, más de 500 policías y 200 militares permanecen desplegados en la zona realizando operaciones de búsqueda, rastreo y aseguramiento del sector.
La ola de violencia ha provocado preocupación nacional e internacional por el deterioro de la seguridad en distintas regiones del país.
