Judicial
JUEZ DECLARA EN FIRME ABANDONO DE ACUSACIÓN CONTRA ENRIQUE RAIS, POR PARTE DE LOS CANADIENSES MATTEO PASQUALE Y FRANCO PACETTI
De acuerdo a la legislación procesal penal vigente, el abandono de la querella impide toda persecución penal por parte del querellante contra los acusados.
Una fuente judicial cercana a la Unidad de comunicaciones del Centro de Justicia Penal de San Salvador, informó a este medio que el Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador declaró a fecha 28 de enero del presente año “EJECUTORIADO” el abandono de la Querella que ejercía el abogado René Alberto Medrano, en representación de los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti.
- El caso.
Los abogados de Enrique Rais, al ser consultados sobre el caso, por este medio, con documentación de respaldo manifestaron que el Ex jefe de la Unidad de Crimen Organizado de la FGR, Wil Walter Ruiz, en octubre 2017, abrió una investigación contra Rais y otros, utilizando como prueba la declaración de un testigo criteriado solamente identificado como “Clave Grecia”, sobre el que nunca se permitió ni a Rais, ni a sus defensores conocer las diligencias efectuadas por fiscalía, ni ante qué juez se otorgó el criterio de oportunidad.
Asimismo utilizaron para armar el caso un expediente de intervenciones telefónicas en el que no existen autorizaciones judiciales para intervenir comunicaciones de Rais, ni tampoco este era objeto de investigación, ni aparece vinculado a ningún hecho delictivo. Las escuchas captadas en esa intervención, además de no tener relación con Rais, fueron de acuerdo al detalle de los abogados, judicializadas fuera del plazo de seis meses que concede la ley de escuchas telefónicas. Pues la validez de la prueba abarcaba hasta el 14 de octubre de 2015; sin embargo se presentan como prueba el 13 de enero de 2019, más de 3 años después de carecer de valor probatorio.
Los hechos del proceso consistían en la supuesta manipulación de un peritaje psicológico efectuado a Enrique Rais, por un perito de Medicina Legal, con el que presuntamente se había cometido fraude para procesar a los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, acusación totalmente falsa e infundada, que ni siquiera pudo sostener el abogado querellante ante el juez de instrucción, motivo por el que le fue declarada abandonada la querella.
El abadono de la querella fue recurrido por el abogado de los canadienses, confirmada por un Tribunal de Segunda instancia, donde todavía en una litigación dilatoria, René Alberto Medrano, interpuesto recurso de revocatoria ante la Cámara de lo Penal, el que fue rechazado por improcedente y con ello quedó en firme la decisión, que demuestra que los canadienses nunca fueron víctimas del supuesto hecho delictivo, sino que se trataba de una maquinación para evadir la justicia, ya que actualmente tienen órdenes de captura internacional y declaratoria de rebeldía al estar acusados del delito de Extorsión y el de Apropiación Indebida, en perjuicio de Enrique Rais.
Precisamente, un tema que lamentan los abogados de Rais, es que se hayan permitido al abogado de los canadienses litigar de forma temeraria y dilatoria en los procesos, al grado de presuntamente haber presentado acreditaciones falsas en un proceso penal, hecho por el que ya ha sido denunciado; y en otros casos, simplemente no ha presentado personería alguna, sino que solamente ha manifestado ser el apoderado legal de Matteo Pasquale, Franco Pacceti y algunas compañías.
- Una persecución ilegal fabricada por intereses económicos contra Rais.
De acuerdo al abogado, Carlos Miranda Rubio, quien representa los intereses del empresario en los distintos procesos penales, el caso seguido contra Enrique Rais, en el curso de los procesos penales se ha venido demostrando que su cliente ha sido víctima de una persecución penal ilegal y arbitraria, sobre lo que resalta los siguientes hechos:
- Rais fue acusado de ser parte de crimen organizado, lo que fue desacreditado totalmente por decisión de Corte Plena, al dejar en claro que eso no era cierto.
- Rais fue señalado de obtener favorecimiento del Ex Fiscal General Luis Martínez para perjudicar a Matteo Pasquale y Franco Pacetti, sin embargo, estos últimos no han podido sostener ni en instancias civiles, ni penales ser víctimas de Enrique Rais, al grado que se les ha declarado abandonada la Querella y rechazado reclamos civiles por no haber podido demostrar la existencia de la deuda que reclaman.
- Rais fue recientemente sobreseído en Suiza, en virtud que la Fiscalía Suiza, no encontró méritos probatorios después de una investigación de más de 3 años, a causa de una denuncia interpuesta por Matteo Pasquale y Franco Pacetti, por los mismos hechos por los que está siendo procesado el empresario en El Salvador.
- En esa denuncia interpuesta en Suiza, los canadienses dejan de manifiesto que el abogado que los representaba en El Salvador, era Mario Calderón, ex abogado de Rais, quien fue denunciado por patrocinio infiel, hecho que la Corte Suprema de Justicia dejó caducar sin razón o causa válida para ello; y quien también ha sido denunciado por fraude procesal ante fiscalía, en virtud de haber suprimido una prueba sobre una cuenta de Twitter a la que se realizaría un peritaje y desde la cual se divulgó información que tenía reserva en el proceso penal y que aún no había sido puesta en disposición de las partes.
Los abogados piden a la Fiscalía y al fiscal general que judicialicen las denuncias y que estás mismas sean puestas en manos de la instancia judicial o que se haga una reconversión de caso privado, pues ya paso el plazo razonable venció.
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno continúan produciendo resultados positivos a corto plazo con la ventilación de los procesos judiciales contra los cabecillas de los grupos criminales que por años sembraron terror y creyeron tener el control del país.
Este lunes continuó la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la MS-13 con la participación de la representación fiscal en los alegatos finales en un proceso amplio debido a la cantidad de acusaciones contra los involucrados.
«Estos alegatos, por tratarse de un caso bastante complejo y por la cantidad de las imputaciones que superan las 47,400, se han dividido, empezando primero a explicar la teoría para responsabilizar a todos estos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que es la autoría de los aparatos organizados de poder», explicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz.
Muñoz agregó que, en la evolución que tuvieron estos grupos criminales lograron extenderse con el paso del tiempo hasta abarcar sus operaciones criminales en todo el territorio. “En su evolución, fueron formándose las clicas territoriales, pero posteriormente fue creciendo tanto la organización criminal, a lo largo de los años, que surgieron los programas, que es la unión de varias clicas y está conformada por 32 programas a nivel nacional”, ahondó.
A partir de ello, dijo, hay más de 230 causas abiertas en contra de esta organización criminal, que son las detenciones que se han realizado en el marco del régimen de excepción. En los alegatos, se planteará el desarrollo de esta organización criminal, empezando por la ranfla histórica, pasando por los ranfleros en los penales que tuvieron poder durante la época de la tregua 2012-2015.
“Obviamente, pues estando en una supuesta tregua con el gobierno, pues en las cárceles prácticamente no había controles”, indicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado.
La ranfla histórica estaba conformada por 24 miembros. Entre ellos, había dos personas muy influyentes: El Diablito de Hollywood y El 13 de Teclas. Estas dos personas eran las más influyentes de la ranfla, pero tenían grandes diferencias”, agregó el fiscal.
A los pandilleros se les atribuye el uso de niños para movilizar la droga, cobrar la extorsión, mover las armas de fuego para evitar cualquier tipo de sospecha por parte de la policía en esos momentos.
Kevin Enrique Henríquez Laínez deberá permanecer en detención por orden del Juzgado Décimo de Paz, luego de ser procesado por el delito de tráfico ilícito, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado fue capturado el 21 de mayo de 2026 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un patrullaje realizado en la 49.ª Avenida Sur y Pasaje Los Héroes, en San Salvador.
Según el acta policial, los agentes observaron que Henríquez Laínez conducía una motocicleta de forma indebida y que, al notar la presencia policial, realizó maniobras en zigzag con el aparente propósito de evadirlos.
Tras ordenarle que detuviera la marcha para efectuar un registro, los policías encontraron cuatro porciones medianas de marihuana dentro de bolsas plásticas transparentes ocultas bajo el asiento de la motocicleta. Además, le decomisaron $210 en efectivo.
La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente se dedicaba a la venta de droga en San Salvador, por lo que fue acusado del delito de tráfico ilícito, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.
Una prueba de campo realizada por expertos antinarcóticos determinó que la sustancia incautada correspondía a 38.8 gramos de marihuana.
Al concluir la audiencia inicial, la jueza resolvió que los indicios presentados permitían establecer la existencia del delito y la probable participación de Henríquez Laínez, por lo que ordenó que continúe en detención mientras avanza el proceso penal.
