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Inspeccionan rubro avícola para descartar incrementos injustificados de precios
Iniciando la semana, la Defensoría del Consumidor verificó los inventarios y precios del huevo en la empresa La Nueva Avícola, S.A. de C.V. (Huevos Catalana), en el marco de la vigilancia del mercado de alimentos para prevenir especulación y alza abusiva de precios.
Dicho operativo es parte de la labor de rutina de la Defensoría del Consumidor y se amplía a otras empresas del rubro. “Este es un amplio operativo”, destacó el titular de la institución, Ricardo Salazar, quien lideró la actividad. “De comprobarse faltas a la ley, las sanciones ascienden hasta los 500 salarios mínimos”, añadió.
Desde marzo a la fecha, este tipo de inspecciones se incrementaron como parte de las 11 medidas ante la inflación. A través de la Ley especial transitoria de combate a la inflación de precios de productos básicos, la Defensoría, en conjunto con personal de los Ministerios de Economía, Hacienda, Agricultura y Seguridad ha llevado a cabo 116,500 verificaciones.
Fruto de esta labor es que se desarrollan 300 investigaciones por incremento injustificado de precios; 80 de estos casos han trascendido, 50 fueron admitidos y 24 ya tienen una sentencia en el Tribunal Sancionador por un total de $95,600. “Esta es una labor incansable…en toda la cadena de abastecimiento, que comprende importadores, productores, empacadores, mayoristas y detallistas, comerciantes, supermercados y puestos de mercado”, amplió el funcionario.
El defensor de los derechos de los consumidores también comunicó que se han alcanzado 92,800 atenciones en lo que va del año y la institución está cerca de superar las 100,000 logradas en 2021.
Como producto de esta labor se han recuperado más de $9.3 millones a favor de 11,800 consumidores que denunciaron abusos en servicios financieros, telecomunicaciones, casas comerciales, entre otros.
En atención a varias denuncias ciudadanas, elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) realizaron un operativo en varios bares y centros nocturnos de la colonia Escalón, en San Salvador Centro.
De acuerdo con las autoridades edilicias, algunos de estos establecimientos operaban de manera ilegal y, además, generaban ruido y desorden en la zona.
Durante la intervención fueron inspeccionados ocho negocios, de los cuales tres fueron clausurados temporalmente por operar de forma ilegal.
Asimismo, las autoridades impusieron 14 esquelas por diversas infracciones, entre ellas la falta de licencia, la venta no autorizada de bebidas alcohólicas y acciones en contra de los delegados municipales.
El operativo contó con el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes acompañaron al personal de la comuna capitalina durante las inspecciones.
Además, se realizaron 12 prevenciones por obstrucción de la vía pública y para regular el orden vehicular en la zona.
La Comuna Central sigue trabajando 24/7 para garantizar el orden y la tranquilidad ciudadana. pic.twitter.com/wXk9kR1Nmd
— PrensaSanSalvadorCentro (@Prensa_SSCentro) July 3, 2026
Con el objetivo de promover una mejor convivencia ciudadana y proteger la tranquilidad de las comunidades, la alcaldía de San Salvador Este recordó a la población la importancia de respetar los niveles de ruido permitidos en el municipio.
Según informó la comuna, en las zonas residenciales los niveles máximos autorizados son de 55 decibeles (dBA) durante el día y 45 decibeles (dBA) durante la noche. En el caso de discotecas y otros establecimientos, los límites establecidos son de 100 y 110 dBA, respectivamente.
Las autoridades municipales también hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie de forma anónima los casos en los que viviendas o establecimientos excedan los niveles de ruido permitidos.
Las denuncias pueden realizarse a través del WhatsApp del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), al número 6071-6861, o mediante la página oficial de Facebook de la alcaldía.
La municipalidad reiteró la importancia de la colaboración ciudadana para identificar los lugares donde no se respeta la sana convivencia y contribuir al bienestar de las comunidades.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
