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Inspeccionan rubro avícola para descartar incrementos injustificados de precios
Iniciando la semana, la Defensoría del Consumidor verificó los inventarios y precios del huevo en la empresa La Nueva Avícola, S.A. de C.V. (Huevos Catalana), en el marco de la vigilancia del mercado de alimentos para prevenir especulación y alza abusiva de precios.
Dicho operativo es parte de la labor de rutina de la Defensoría del Consumidor y se amplía a otras empresas del rubro. “Este es un amplio operativo”, destacó el titular de la institución, Ricardo Salazar, quien lideró la actividad. “De comprobarse faltas a la ley, las sanciones ascienden hasta los 500 salarios mínimos”, añadió.
Desde marzo a la fecha, este tipo de inspecciones se incrementaron como parte de las 11 medidas ante la inflación. A través de la Ley especial transitoria de combate a la inflación de precios de productos básicos, la Defensoría, en conjunto con personal de los Ministerios de Economía, Hacienda, Agricultura y Seguridad ha llevado a cabo 116,500 verificaciones.
Fruto de esta labor es que se desarrollan 300 investigaciones por incremento injustificado de precios; 80 de estos casos han trascendido, 50 fueron admitidos y 24 ya tienen una sentencia en el Tribunal Sancionador por un total de $95,600. “Esta es una labor incansable…en toda la cadena de abastecimiento, que comprende importadores, productores, empacadores, mayoristas y detallistas, comerciantes, supermercados y puestos de mercado”, amplió el funcionario.
El defensor de los derechos de los consumidores también comunicó que se han alcanzado 92,800 atenciones en lo que va del año y la institución está cerca de superar las 100,000 logradas en 2021.
Como producto de esta labor se han recuperado más de $9.3 millones a favor de 11,800 consumidores que denunciaron abusos en servicios financieros, telecomunicaciones, casas comerciales, entre otros.
El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Jorge Castañeda, anunció este lunes la incorporación de un nuevo equipo dedicado exclusivamente a la pavimentación de calles luego de las intervenciones en tuberías.
El objetivo de esta medida es evitar que las reparaciones de fugas y otros trabajos en la red hidráulica dejen daños permanentes en las vías públicas. El equipo de pavimentación, contratado de forma adicional, comenzará a trabajar una vez que las cuadrillas de ANDA finalicen sus labores en las tuberías.
Castañeda invitó a la población a reportar cualquier bache o hoyo que no haya sido reparado tras las intervenciones, para atenderlo con prontitud. «Si hay un hoyo que han dejado, por favor repórtelo que inmediatamente lo vamos a reparar», indicó el funcionario durante la entrevista televisiva.
Desde este lunes, el Viceministerio de Transporte (VMT) comenzó a emitir facturas electrónicas para todos los pagos realizados en Banco Hipotecario, la plataforma Simple.sv y Sertracen, tanto en ventanillas físicas como virtuales.
La nueva modalidad requiere que los usuarios proporcionen un correo electrónico válido al momento de realizar el trámite, ya que ahí se enviará el Documento Tributario Electrónico (DTE), el cual es generado, firmado y transmitido electrónicamente al Ministerio de Hacienda, incluyendo el sello oficial de recepción.
El VMT informó que este cambio forma parte del proceso de modernización institucional y mejora en la gestión de documentos fiscales. Además, hizo un llamado a los usuarios a reportar cualquier inconveniente: “Si no recibes tu factura en 24 horas, llama al 2133-3600”, publicó la institución en su cuenta oficial de la red social X.
Entre el 12 de octubre de 2022 y el 21 de junio de 2025, el Gobierno de El Salvador ha llevado a cabo 12 cercos de seguridad en diferentes municipios del país, como parte de la fase 5 del Plan Control Territorial, denominada «Extracción». En estas operaciones han participado alrededor de 39,000 efectivos de la Fuerza Armada, que apoyan en tareas de seguridad pública junto a la Policía Nacional Civil.
El primer cerco se instaló en octubre de 2022 en Comasagua, La Libertad Sur, luego del asesinato de un mandador de finca a manos de la Mara Salvatrucha. La operación contó con 2,000 soldados y el uso de equipos especiales para acceder a zonas difíciles.
En diciembre de 2022 se realizaron dos cercos simultáneos en las comunidades Tutunichapa y La Granjita, en San Salvador, ambas conocidas por su actividad en tráfico de drogas. En cada lugar se desplegaron 1,000 soldados con el objetivo de extraer a los pandilleros que operaban en estas zonas.
Durante 2023 se instalaron cuatro cercos más, entre ellos en Nueva Concepción (Chalatenango) y Cabañas, tras ataques y asesinatos a agentes policiales. En estas acciones participaron entre 5,500 y 8,000 militares y policías. También se realizaron operaciones en Apopa y Soyapango, atendiendo denuncias ciudadanas sobre intentos de reorganización de pandillas.
Para 2024, los cercos se extendieron a Chalatenango, Apopa y San Marcos, con un despliegue de 9,000 soldados distribuidos en varias comunidades y colonias, reforzando la vigilancia en zonas rurales y urbanas.
El último cerco se instaló el 21 de junio de 2025 en San Bartolo, Ilopango, con 1,500 militares y 500 policías, tras denuncias de pandilleros intentando reorganizarse. El presidente Nayib Bukele reiteró que la meta es “localizar y capturar a los remanentes de pandillas” y aseguró que no se dará “un solo paso atrás”.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que las fuerzas del orden cuentan con información detallada de los objetivos a capturar en cada cerco, consolidando así la estrategia para mantener el control y la seguridad en las comunidades afectadas.
