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Inspeccionan rubro avícola para descartar incrementos injustificados de precios
Iniciando la semana, la Defensoría del Consumidor verificó los inventarios y precios del huevo en la empresa La Nueva Avícola, S.A. de C.V. (Huevos Catalana), en el marco de la vigilancia del mercado de alimentos para prevenir especulación y alza abusiva de precios.
Dicho operativo es parte de la labor de rutina de la Defensoría del Consumidor y se amplía a otras empresas del rubro. “Este es un amplio operativo”, destacó el titular de la institución, Ricardo Salazar, quien lideró la actividad. “De comprobarse faltas a la ley, las sanciones ascienden hasta los 500 salarios mínimos”, añadió.
Desde marzo a la fecha, este tipo de inspecciones se incrementaron como parte de las 11 medidas ante la inflación. A través de la Ley especial transitoria de combate a la inflación de precios de productos básicos, la Defensoría, en conjunto con personal de los Ministerios de Economía, Hacienda, Agricultura y Seguridad ha llevado a cabo 116,500 verificaciones.
Fruto de esta labor es que se desarrollan 300 investigaciones por incremento injustificado de precios; 80 de estos casos han trascendido, 50 fueron admitidos y 24 ya tienen una sentencia en el Tribunal Sancionador por un total de $95,600. “Esta es una labor incansable…en toda la cadena de abastecimiento, que comprende importadores, productores, empacadores, mayoristas y detallistas, comerciantes, supermercados y puestos de mercado”, amplió el funcionario.
El defensor de los derechos de los consumidores también comunicó que se han alcanzado 92,800 atenciones en lo que va del año y la institución está cerca de superar las 100,000 logradas en 2021.
Como producto de esta labor se han recuperado más de $9.3 millones a favor de 11,800 consumidores que denunciaron abusos en servicios financieros, telecomunicaciones, casas comerciales, entre otros.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
