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Nacionales

Inspeccionan rubro avícola para descartar incrementos injustificados de precios

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Iniciando la semana, la Defensoría del Consumidor verificó los inventarios y precios del huevo en la empresa La Nueva Avícola, S.A. de C.V. (Huevos Catalana), en el marco de la vigilancia del mercado de alimentos para prevenir especulación y alza abusiva de precios.

Dicho operativo es parte de la labor de rutina de la Defensoría del Consumidor y se amplía a otras empresas del rubro. “Este es un amplio operativo”, destacó el titular de la institución, Ricardo Salazar, quien lideró la actividad. “De comprobarse faltas a la ley, las sanciones ascienden hasta los 500 salarios mínimos”, añadió.

Desde marzo a la fecha, este tipo de inspecciones se incrementaron como parte de las 11 medidas ante la inflación. A través de la Ley especial transitoria de combate a la inflación de precios de productos básicos, la Defensoría, en conjunto con personal de los Ministerios de Economía, Hacienda, Agricultura y Seguridad ha llevado a cabo 116,500 verificaciones.

Fruto de esta labor es que se desarrollan 300 investigaciones por incremento injustificado de precios; 80 de estos casos han trascendido, 50 fueron admitidos y 24 ya tienen una sentencia en el Tribunal Sancionador por un total de $95,600. “Esta es una labor incansable…en toda la cadena de abastecimiento, que comprende importadores, productores, empacadores, mayoristas y detallistas, comerciantes, supermercados y puestos de mercado”, amplió el funcionario.

El defensor de los derechos de los consumidores también comunicó que se han alcanzado 92,800 atenciones en lo que va del año y la institución está cerca de superar las 100,000 logradas en 2021.

Como producto de esta labor se han recuperado más de $9.3 millones a favor de 11,800 consumidores que denunciaron abusos en servicios financieros, telecomunicaciones, casas comerciales, entre otros.

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Nacionales

FOTOS | Alcaldía de Santa Ana Centro investiga el abandono de cuatro gatitos en la colonia San Luis

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El alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, informó que la municipalidad ya cuenta con datos importantes sobre la persona responsable de abandonar a cuatro gatitos en la calle Barcelona, colonia San Luis, en Santa Ana, así como con evidencia recopilada mediante el sistema de videovigilancia.

Acevedo explicó que, desde el primer día en que se reportó el caso, giró instrucciones a la Unidad de Protección de Animales de Compañía Municipal (UPACM) y al Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) para localizar a la responsable de este hecho.

El funcionario detalló que las investigaciones se realizaron conforme a las facultades establecidas en la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal. Asimismo, indicó que la información y las pruebas recopiladas permitirán gestionar la Esquela de Emplazamiento por faltas muy graves, como la relacionada con este caso.

Sin embargo, el alcalde señaló que existen limitaciones legales para ingresar a una vivienda sin autorización. Según explicó, la municipalidad no puede derribar una puerta ni allanar una casa sin una orden judicial. Agregó que, si los ocupantes permiten el ingreso, es posible proceder con la imposición de la sanción correspondiente.

Ante esta situación, Acevedo hizo un llamado a la población y a las organizaciones de protección animal para que presenten la denuncia respectiva ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de que la institución pueda iniciar las acciones legales correspondientes contra la responsable.

El alcalde aseguró que la municipalidad entregará a la Fiscalía todos los videos y las pruebas recolectadas para contribuir a la conformación del caso.

Por otra parte, pidió a la organización Dame tu Pata El Salvador evitar señalamientos falsos y sostuvo que la alcaldía actuó de manera inmediata y responsable desde que tuvo conocimiento del abandono de los cuatro gatitos.

Finalmente, invitó a la organización y a la población a trabajar en conjunto para generar conciencia y prevenir que hechos de maltrato y abandono animal vuelvan a ocurrir. Acevedo reiteró que su compromiso con la protección de los animales es genuino y manifestó su intención de trabajar para que se cumpla la ley.

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Nacionales

Autoridades ejecutan peritaje en droga decomisada para su destrucción

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La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), inició este 8 de octubre un peritaje a droga decomisada que será destruida en cumplimiento de un mandato judicial.

Las autoridades realizan la prueba de campo, el registro, la clasificación y el levantamiento de actas como parte del procedimiento previo a la destrucción de las sustancias.

De acuerdo con la FGR, la droga corresponde a diferentes incautaciones realizadas por las autoridades en Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y San Salvador.

La diligencia se desarrolla en cumplimiento de una orden judicial.

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Judicial

Inicia juicio contra exalcaldesa de Soyapango por actos arbitrarios y desobediencia

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Este 8 de octubre inició el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de actos arbitrarios y desobediencia, en perjuicio de la administración pública y de empleados municipales.

De acuerdo con las investigaciones, durante su gestión al frente de la municipalidad, Montano realizó despidos de manera arbitraria, sin respetar los procedimientos legales establecidos para separar de sus cargos a los trabajadores de la comuna.

“Durante su gestión, Nercy Patricia Montano de Martínez realizó despidos de forma arbitraria, sin seguir el procedimiento legal establecido para separar de sus cargos a empleados de la municipalidad”, señaló la Fiscalía en su reporte.

Ante estas vulneraciones, los trabajadores afectados interpusieron recursos ante los juzgados correspondientes y obtuvieron fallos favorables que ordenaban su reinstalación inmediata, así como el pago de los salarios y las prestaciones adeudadas.

Sin embargo, según la información proporcionada, la exfuncionaria y su concejo municipal se negaron a cumplir con los mandatos judiciales, situación que dio origen al proceso penal que enfrenta actualmente.

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