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Inspeccionan rubro avícola para descartar incrementos injustificados de precios
Iniciando la semana, la Defensoría del Consumidor verificó los inventarios y precios del huevo en la empresa La Nueva Avícola, S.A. de C.V. (Huevos Catalana), en el marco de la vigilancia del mercado de alimentos para prevenir especulación y alza abusiva de precios.
Dicho operativo es parte de la labor de rutina de la Defensoría del Consumidor y se amplía a otras empresas del rubro. “Este es un amplio operativo”, destacó el titular de la institución, Ricardo Salazar, quien lideró la actividad. “De comprobarse faltas a la ley, las sanciones ascienden hasta los 500 salarios mínimos”, añadió.
Desde marzo a la fecha, este tipo de inspecciones se incrementaron como parte de las 11 medidas ante la inflación. A través de la Ley especial transitoria de combate a la inflación de precios de productos básicos, la Defensoría, en conjunto con personal de los Ministerios de Economía, Hacienda, Agricultura y Seguridad ha llevado a cabo 116,500 verificaciones.
Fruto de esta labor es que se desarrollan 300 investigaciones por incremento injustificado de precios; 80 de estos casos han trascendido, 50 fueron admitidos y 24 ya tienen una sentencia en el Tribunal Sancionador por un total de $95,600. “Esta es una labor incansable…en toda la cadena de abastecimiento, que comprende importadores, productores, empacadores, mayoristas y detallistas, comerciantes, supermercados y puestos de mercado”, amplió el funcionario.
El defensor de los derechos de los consumidores también comunicó que se han alcanzado 92,800 atenciones en lo que va del año y la institución está cerca de superar las 100,000 logradas en 2021.
Como producto de esta labor se han recuperado más de $9.3 millones a favor de 11,800 consumidores que denunciaron abusos en servicios financieros, telecomunicaciones, casas comerciales, entre otros.
En el marco del proyecto presidencial Dos Escuelas por Día, la Dirección de Obras Municipales (DOM) inició la remodelación del Centro Escolar Cantón La Morita, en el distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste
Este proyecto tiene el propósito de crear condiciones apropiadas para que niñas y niños abran su primera puerta hacia la educación y la superación, a través del desarrollo de sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales.
Las obras se ejecutan en un área de 1,267.24 metros cuadrados, donde se intervienen seis módulos, 9 aulas desde parvularia hasta noveno grado, servicios sanitarios, oficinas administrativas, escenario, salón de usos múltiples y laboratorio de informática.
«El aula de parvularia tendrá a su interior sanitario infantil, ducha y lavamanos, también bodega para materiales educativos y externamente, área de juegos lúdicos», dió a conocer la DOM.
También, el proyecto incluye la construcción de un módulo que será exclusivo para cocina y comedor. Además como obras complementarias se construirá una cisterna con su cuarto de bombeo, 3 pozos de absorción, una fosa séptica, área de caminamiento, cambio de piso, puertas y ventanas, techo termoacústico, reparación de paredes, pintura y nuevos acabados, iluminación LED e Internet gratis.
Este proyecto no solo mejorará la infraestructura escolar de más de 200 estudiantes, sino que también generará empleo local, contribuyendo a la reactivación de la economía familiar.
Esta se convierte en la octava escuela en ser intervenida por la Dirección de Obras Municipales en el departamento de San Miguel, en el marco del proyecto presidencial.
Sandra Yamileth Amaya Morales fue condenada a seis años de cárcel y a pagar $ 4,000 en concepto de responsabilidad civil por cometer el delito de apropiación indebida de vehículo automotor, en San Miguel.
En la investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el el 20 de julio de 2022 la víctima le compró el vehículo a Amaya Morales por un monto de $8,000.
Luego de la compra, Amaya Morales se aprovechó de la amistad que tenía con la víctima y el 20 de octubre del mismo año le pidió prestado el vehículo para realizar unas diligencias personales.
«El vehículo se lo entregó (a la procesada) y cuando la víctima quiso registrar el vehículo a su nombre, le informaron que la imputada había vendido el vehículo a otra persona», dice el reporte fiscal.
Los hechos ocurrieron en el cantón Valle Alegre del distrito de San Miguel y la condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel.
Un empleado de la alcaldía de Morazán Sur falleció la tarde del pasado viernes en un supuesto accidente laboral ocurrido en la planta de desechos sólidos ubicada en San Francisco Gotera.
El hombre fue identificado como José David Membreño, quien se desempeñaba en el área de recolección de desechos de la oficina distrital de Osicala. La Policía Nacional Civil (PNC) acudió a la planta de Desechos Sólidos para realizar las respectivas indagaciones del caso.
Por su parte, la alcaldía lamentó la pérdida de Membreño, a quien reconocían por su esfuerzo y dedicación; sin embargo, la alcaldía no brindó información sobre los hechos de su fallecimiento.
«Recordaremos siempre su esfuerzo, humildad y dedicación en las labores de aseo y ordenanza pública, trabajo que realizaba con compromiso al servicio de nuestra gente», dice la nota de duelo de la comuna
