Política
Sánchez Cerén propone creación de unidad especial para fortalecer seguridad de periodistas
El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, en una reunión en Casa Presidencial con unos 40 representantes de los medios de comunicación y del gremio periodístico, propuso la creación de una unidad especial de la Policía para la protección de los periodistas y se comprometió a promover una ley orientada a la seguridad de este gremio de profesionales.
Estas propuestas surgieron tras el asesinato de Karla Turcios, periodista de La Prensa Gráfica, y que luego que varios periodistas y gremiales exigieran mayor atención del Gobierno hacia la seguridad del gremio y propusieron tanto la creación de una unidad especial tanto de la Fiscalía General de la República (FGR), como de la Policía, así como una nueva ley.
“Nosotros hemos sido muy respetuosos de la libertad de expresión y de prensa, pero este hecho creo que pueda empañar esta visión. Queremos todo nuestro empeño para continuar garantizando la libertad de prensa y de expresión”, dijo el mandatario.
El presidente también mostró su respaldo a las iniciativas que han surgido desde el gremio periodístico para establecer mecanismos y normativas que contribuyan a asegurar su labor y mejorar sus condiciones de trabajo.
En este sentido, ofreció el apoyo de la Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia en la construcción de una iniciativa de ley para la protección de periodistas.
“El sector periodístico necesita tener toda la confianza y toda la tranquilidad para realizar sus labores, que son labores tan necesarias para un país, como es mantener informada a la población”, aseguró.
Por su parte, el director de la PNC, Howard Cotto, anunció el nombramiento de un enlace policial permanente para atender las denuncias y solicitudes de apoyo a su seguridad que demanden los profesionales de las comunicaciones.
A su vez, el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, brindó un informe sobre el estado de las investigaciones en casos de atentados y amenazas a periodistas, destacando el esclarecimiento del crimen del camarógrafo Samuel Rivas, revelado este día.
Además, anunció que muy pronto se resolverá el asesinato de la periodista Karla Turcios, pues las investigaciones se encuentran muy avanzadas.
El secretario de Comunicaciones y de Gobernabilidad, Roberto Lorenzana, expresó su compromiso para darle seguimiento a los compromisos generados en la reunión, y continuar generando espacios de acercamiento con los medios de comunicación y el gremio de periodistas.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
