Política
Salvadoreños continuarán viviendo en paz, tras extensión 34 del régimen de excepción
En reiteradas ocasiones, los diputados de la Asamblea Legislativa han aprobado la extensión de una herramienta de seguridad exitosa, tras implementarse desde el 27 de marzo de 2022: El régimen de excepción.
Con ella, la población ha logrado vivir con mucha tranquilidad en el territorio salvadoreño, se ha logrado recuperar espacios públicos que antes estaban invadidos por miembros de estructuras criminales y se han salvado muchas vidas.
Es por eso que nuevamente los parlamentarios aprobaron, con 57 votos, la extensión de la misma por el plazo de 30 días, por lo que será aplicada del 6 de enero al 4 de febrero de este 2025.
“Esta herramienta nos ha dado los resultados de esa paz que nunca habíamos vivido en este país. Esta es una gran diferencia de hacer política, el pueblo salvadoreño es y será nuestra prioridad”, expresó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.
Por ende, esta prórroga será la número 34, según lo comunicaron los diputados en el pleno legislativo, durante el desarrollo de la sesión plenaria número 37, la primera de este nuevo año. Así se le continuará brindando apoyo al Plan Control Territorial, implementada desde que el Presidente de la República, Nayib Bukele, asumió su cargo.
La diputada Alexia Rivas justificó que esta medida de seguridad debe de continuar porque aún hay remanentes de pandilleros. Recordó las últimas capturas que las autoridades han realizado de personas vinculadas a las estructuras delictivas.
“En estos últimos días hemos visto cómo las fuerzas de seguridad han realizado la captura de criminales que han estado escondiéndose en lugares subterráneos. Vimos como en Altavista, en temporada de fin de año, seis delincuentes fueron capturados por agrupaciones ilícitas y por delinquir en esa zona”, mencionó Rivas.
Los datos obtenidos con el régimen de excepción
Durante los gobiernos del Presidente Bukele se ha logrado tener un total de 800 días sin homicidios. Los datos dan cuenta hasta el 4 de enero de 2025.
Gracias a las estrategias de seguridad, El Salvador pasó a ser un país ejemplo a nivel regional, pues ha habido una caída drástica de los homicidios, que en el pasado causaron tanto dolor a muchas familias.
El presidente Castro recordó cuando se aprobó por primera vez esta iniciativa enviada por el mandatario Bukele y que contenía la herramienta constitucional del régimen de excepción.
“En esos momentos no sabíamos qué iba a suceder. Teníamos la esperanza de que iba a ayudar en algo porque estábamos pasando momentos difíciles y no era solo por ese fin de semana, esa fue la gota que derramó el vaso, fueron años de zozobra que vivimos en este país”, sostuvo Castro.
Hoy, la tasa de asesinatos por 100 mil habitantes es de 1.9. Es así que desde la implementación del régimen de excepción se suman 687 días sin muertes violentas intencionales, es decir que se contabiliza un 98% en la reducción de ataques mortales, respecto al último gobierno del FMLN.
Además, de acuerdo a las autoridades de seguridad, el 2024 cerró con 279 días sin homicidios, bajo un promedio de 0.3 asesinatos diarios.
En 2015, la tasa de asesinatos fue de 106 por cada 100 mil habitantes. Este fue uno de los años más sangrientos, debido a que las autoridades registraron 6 mil muertes violentas.
Luego, en 2016 la tasa de homicidios fue de 84; en 2017, los índices de homicidios bajaron a 83. Además, en 2018 llegó a 53.
En 2019, cuando el Presidente Bukele inició el desarrollo de su plan para rescatar el país, la tasa de homicidios fue de 38 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Además, en 2020 la tasa fue de 21.2; en 2021, bajó a 18.1; en 2022, cuando se aprobó el régimen de excepción, la tasa de homicidios bajó a 7.8.
Finalmente, en 2023 fue de 2.4 y este nuevo año ya alcanzó el punto más bajo de la historia. Enero ya suma tres días sin homicidios.
“Esto es trabajo en equipo. Las políticas de seguridad han sido claves y éxito para la mejora de la situación de seguridad que tenemos en este país. Hemos logrado desarticular la red de terroristas y ahora las instituciones garantizan justicia para los salvadoreños”, sostuvo el legislador Raúl Chamagua.
Por su parte, la diputada Elisa Rosales enfatizó en que con el voto para el régimen de excepción, los legisladores reiteran su compromiso con la seguridad del pueblo salvadoreño.
“Estoy segura que ningún salvadoreño quiere regresar a ese pasado de violencia, ni de tristeza. No debemos olvidar de dónde venimos para que sigamos construyendo el país que las futuras generaciones merecen”, dijo Rosales.
El docente y escritor salvadoreño Rafael Góchez analizó el escenario político nacional a partir de los resultados de la más reciente encuesta de LPG Datos y consideró poco probable que el respaldo ciudadano hacia el gobierno del presidente Nayib Bukele experimente cambios significativos antes de las elecciones generales previstas para el 28 de febrero de 2027.
Durante una entrevista, Góchez señaló que los niveles de aprobación reflejados en los estudios de opinión se han mantenido elevados y afirmó que proyectos de gran impacto, como el nuevo Hospital Nacional Rosales y otras obras en desarrollo, podrían contribuir a mantener la percepción favorable hacia la actual administración.
El analista destacó que la encuesta de LPG Datos otorgó al presidente Bukele un nivel de aprobación del 85.5 %, señalando que la gestión en materia de seguridad figura entre los principales factores asociados a ese respaldo. Asimismo, indicó que, pese al margen de error inherente a toda encuesta, el nivel de aceptación mostrado por el estudio es considerablemente alto.
Góchez también hizo referencia a una encuesta de CID Gallup realizada en mayo, la cual reportó que el 93 % de los salvadoreños aprueba al mandatario tanto por su gestión como por su imagen.
Además, señaló que, según datos de LPG Datos, cerca del 60 % de la población no se identifica con ningún partido político. No obstante, afirmó que el fenómeno político vinculado al presidente Bukele ha encontrado respaldo en ese segmento de la población y se ha mantenido en él.
Finalmente, sostuvo que la ciudadanía valora cada vez más la efectividad de la gestión gubernamental por encima de las ideologías partidarias. Como ejemplo, mencionó la inauguración del nuevo Hospital Nacional Rosales, la cual, a su juicio, refleja cambios en la estructura y funcionamiento del sistema de salud.
Los partidos ARENA y FMLN continúan con el proceso de inscripción de precandidatos de cara a sus elecciones internas, programadas para julio, como parte de las acciones previas a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.
Por ARENA, el concejal de la alcaldía de San Salvador Centro, Alejandro Nóchez, informó a través de redes sociales que participará en el proceso de selección de candidatos con la aspiración de convertirse en candidato a alcalde de la capital. En una publicación, señaló que lo acompaña una planilla integrada por mujeres y hombres nacionalistas comprometidos con trabajar por San Salvador Centro.
Asimismo, Ondina Ramos acudió a las oficinas del partido para inscribirse como precandidata a alcaldesa de San Salvador Centro. Durante su inscripción, manifestó que existen diferentes problemas en la capital y afirmó que es necesario pasar de las palabras a las acciones. También expresó su intención de convertirse en una figura que contribuya al desarrollo del municipio.
Por su parte, el FMLN continúa sumando aspirantes a cargos de elección popular. Entre ellos figura Liliana Andrade, actual concejal de San Salvador Centro, quien buscará una diputación en la Asamblea Legislativa. Andrade señaló la necesidad de contar con un equilibrio de poder en el órgano legislativo y de analizar cada propuesta de ley que sea presentada.
El partido también inscribió a Gloria Anaya como precandidata a diputada por San Salvador. Anaya ha participado esta semana en protestas relacionadas con temas ambientales. Además, Carmelo Pineda se inscribió como precandidato a diputado por Cabañas, mientras que Alexis Rivas buscará la candidatura para gobernar la municipalidad de Cabañas Oeste.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) presentó a jueces de siete cámaras de Primera Instancia y al secretario de actuaciones de la Cámara de Segunda Instancia los avances de la plataforma que se utilizará para la emisión de constancias a candidatos para las elecciones generales de 2027, informó la institución en su revista mensual de abril.
El ente contralor explica que durante la presentación se abordaron los avances en la actualización de la información generada por las cámaras en los sistemas informáticos, como unidades organizativas que por medio del registro y la actualización de la información garantizan la integridad.
«Esta reunión se desarrolló en el marco de la ruta definida por el organismo de dirección para fortalecer dicho proceso, correspondiendo a esta coordinación articulada supervisar y dar seguimiento a las acciones, en estrecha relación con los avances tecnológicos que permitirán la implementación de este trámite en línea como parte del proceso de modernización que impulsa la CCR», explicó el coordinador general jurisdiccional, José Antonio Lemus.
Por otra parte, el jefe del área de la Dirección de informática y desarrollo tecnológico, Carlos Beltrán, indicó que «la modernización de este proceso permitirá mayor eficiencia en la gestión de datos y la atención oportuna a los ciudadanos que soliciten las constancias electorales».
La CRR recalca que la base legal para la extensión de dichas constancias para fines estrictamente electorales se encuentra en el Código Electoral, artículo 160 literal “f”, que indica que para la solicitud de inscripción de planillas o candidatura no partidaria deben de presentar el «finiquito, certificación o constancia extendida por el presidente de la Corte de Cuentas de no tener pendiente al momento de la solicitud, sentencia ejecutoriada, la cual deberá extendida a más tardar dentro de los 15 días siguientes de haberse presentando la solicitud».
Y el artículo 166, que dice que las candidaturas para alcalde o alcaldesa deben de presentar «constancia o certificación de la Corte de Cuentas de que el candidato postulado no tiene responsabilidades establecidas por sentencia ejecutoriada pendiente de pago, como resultado del manejo de fondo u otros bienes públicos, fiscales o municipales».
