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Política

Pleno legislativo ratifica préstamo de $50 millones con el BID para financiar viviendas de interés social

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Más de 20,000 familias de bajos ingresos económicos serán beneficiadas con el Programa de Financiamiento de Vivienda Social, luego de que 66 diputados de la Asamblea Legislativa ratificaran un préstamo de $50 millones, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De acuerdo a lo expuesto por los parlamentarios en la sesión plenaria número 89, el Fondo Social para la Vivienda (FSV) suscribirá el préstamo para ejecutar dicho proyecto, con el que se busca reducir el déficit habitacional del país al atender la demanda de financiamiento de interés social.

“Estamos completando el proceso para poder dar garantía a este contrato de préstamo y este dinero será puesto para disminuir el nivel de desigualdad y déficit habitacional que ha sido una deuda histórica”, expresó el legislador William Soriano.

Lo anterior se logrará mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios -para la adquisición de vivienda nueva o usada- a familias con ingresos bajos y medios, a mujeres que sean cabeza de hogar, a sectores de ingresos variables, al sector juvenil y a salvadoreños que residen en el exterior. Esto con el fin de brindarles a las familias beneficiarias una solución habitacional.

Se trata de un proyecto que tiene como objetivo garantizar los derechos de vida de las personas menos favorecidas en el país, atendiendo a que todo individuo debe tener un techo donde dormir.

“Las necesidades heredadas son muchísimas, pero estamos mejorando las condiciones de vida de nuestro pueblo y como bancada cyan seguimos trabajando de la mano con nuestro presidente de la República, Nayib Bukele”, apuntó el diputado Felipe Interiano.

Con este contrato de garantía, que fue acordado por el BID y el FSV el 19 de diciembre de 2022, se brindará líneas de crédito de vivienda de interés social hasta por $40 mil. El financiamiento del BID al Fondo permitirá brindar a sus usuarios créditos en condiciones blandas, de entre 20 y 25 años plazo.

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El 15 de marzo de 2022, el pleno legislativo autorizó al Órgano Ejecutivo el otorgamiento de los fondos, a través del Ministerio de Hacienda.

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Gobiernos de El Salvador y Senegal sostienen histórico encuentro

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Como parte de su visita oficial en el continente africano, el vicepresidente Félix Ulloa hijo viajó a la República de Senegal para reunirse con el presidente de dicho país y de la Unión Africana, el Sr. Macky Sall.

Por su parte, el vicepresidente salvadoreño se mostró satisfecho al tener el primer acercamiento de alto nivel con la Unión Africana, reiteró el deseo del Gobierno de El Salvador por fortalecer los lazos de amistad y generar un intercambio entre las cámaras de comercio de El Salvador y Senegal.

Asimismo, hablaron sobre la economía azul que reconoce la importancia de los mares y los océanos como motores económicos, ya que nuestro país tiene más territorio en mar que en tierra y de la apuesta de Senegal por utilizar los recursos marinos en su estrategia de soberanía alimentaria.

Además, el vicepresidente Ulloa invitó al presidente Macky Sall a participar como observador en el Foro de Inversionistas y Empresarios de todo el mundo que se llevará a cabo a finales del año 2023 en el marco de la Presidencia Pro Tempore del SICA que ostentará El Salvador. 

El mandatario aprovechó para manifestar su interés por el bitcoin y como el país ha demostrado su solvencia económica haciendo referencia al reciente pago realizado por el Gobierno de El Salvador correspondiente al bono 2023 por $800 millones.

En cuanto a temas de seguridad, el presidente Sall reafirmó el éxito del Plan Control Territorial y mostró interés en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) construido en un terreno de propiedad pública, inaugurado el 31 de enero de este año.

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ARENA quiere recuperar su relevancia en la Asamblea Legislativa

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El partido ARENA quiere recobrar la gobernabilidad de la que anteriormente gozaba por la cantidad de diputados que tenía en la Asamblea Legislativa, pero que perdió en las elecciones del 28 de febrero de 2021, cuando fue despreciado por el pueblo salvadoreño, que prefirió al partido Nuevas Ideas.

Con sus diputados, el partido tricolor dio, en parte, gobernabilidad al último gobierno del FMLN, liderado por Salvador Sánchez Cerén, un excomandante guerrillero que al término de su gestión huyó a Nicaragua, donde se nacionalizó para evitar la justicia salvadoreña por actos de corrupción con fondos públicos.

En 2016, cuando el Gobierno farabundista de Sánchez Cerén enfrentó problemas financieros, ARENA aceptó darle los votos para que el Estado emitiera $500 millones en bonos, pero lo chantajeó con que a cambio debía aprobar una ley de responsabilidad fiscal. Dicha normativa fue aprobada en la Asamblea Legislativa, pero el tricolor se retractó y solo dio los votos para la mitad del dinero, es decir, $250 millones.

En ese momento, ARENA tenía la «llave» de los votos en la Asamblea Legislativa porque disponía de 35 diputados, mientras que los partidos FMLN, PCN, PDC y CD sumaban 49. O sea, para llegar a cualquier acuerdo —como la adquisición de préstamos— estos cuatro partidos juntos necesitaban la mayoría calificada, que solo se lograba en acuerdo con ARENA.

Tener esa gobernabilidad o correlación legislativa le sirvió al tricolor para canjear la elección de funcionarios de segundo grado. Por ejemplo, el partido GANA (ahora aliado del Gobierno) denunció que ARENA le dio los votos al FMLN para que se eligiera como procurador de derechos humanos a Apolonio Serrano, quien fue financista del partido rojo cuando trabajó como asesor en la Asamblea Legislativa.

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A cambio, el FMLN votó para elegir como fiscal general de la república a Raúl Melara, quien antes de ocupar ese cargo fue asesor del candidato presidencial de ARENA en los comicios de 2019. Usuarios de redes sociales compartieron, en ese contexto electoral y poselectoral, varias fotos y videos de Melara en actividades proselitistas del tricolor.

ARENA y el FMLN fueron derrotados en las urnas el 28 de febrero de 2021 por Nuevas Ideas y ahora se unen programáticamente para tratar de afectar el trabajo del presidente de la república, Nayib Bukele, quien asumió el Ejecutivo el 1.º de junio de 2019, tras elecciones libres y democráticas.

En la Asamblea, ambos partidos bloquearon, teniendo correlación, el trabajo del Ejecutivo impidiendo, por ejemplo, el financiamiento para la ejecución de las fases II y III del Plan Control Territorial (PCT) y además decidieron, como acto proselitista, interpelar a funcionarios de carteras e instituciones como Salud, la Defensa, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

Con la toma de posesión de los nuevos diputados (con la mayoría calificada de Nuevas Ideas), el 1.º de mayo de 2021 concluyó la vieja forma de gobernabilidad del tricolor. Actualmente, el partido cian no depende de otros partidos políticos para aprobar leyes o recursos económicos en favor de los salvadoreños ni para elegir a funcionarios.

Sin embargo, ARENA quiere destruir esa buena gobernabilidad. Carlos Araujo, asesor de ese instituto político, recomendó que los partidos de oposición se enfoquen en obtener en 2024 el mayor número de diputaciones para reducir los 56 que actualmente tiene el partido cian y de esa manera afectar el trabajo del presidente Nayib Bukele.

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Diputados buscan incrementar cuantía para que empleados accedan a procesos abreviados en casos jurídicos

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Los diputados de la Comisión de Trabajo dictaminaron a favor de reformar los artículos 378 y 425 del Código de Trabajo, con el objetivo de que se agilicen y se simplifiquen los procesos en los juzgados de lo Laboral, incrementando la cuantía para el acceso a la jurisdicción.

Cuando un empleado desea acceder a la vía judicial, ante el incumplimiento de sus derechos laborales, el Código de Trabajo establece el monto como criterio o de determinación del proceso que se llevará a cabo.

El monto de la cuantía determina si un caso se ve por la vía abreviada o regular, la cuota actual es de 200 colones ($22.86). De ser aprobado por el Pleno Legislativo, el monto se subirá a tres salarios mínimos del sector servicio y comercio ($1,095).

“Al modificar la cuantía se va a permitir que la mayoría de los casos sean resueltos con procesos abreviados y con ello acortar los tiempos para que los empleados obtengan una resolución de los casos de manera rápida”, comentó el presidente de dicha mesa de labores, Edgardo Mulato.

Además, los plazos para emitir una sentencia se reducirían a tres; la notificación a las partes involucradas será en seis días (antes eran tres).

En cuanto a las multas, se contempla un salario mínimo por día si se retrasa la emisión de sentencia (tres días) y la notificaciones a los implicados (seis días).

Si el tribunal incumple estas disposiciones incurrirá en una multa, cuyo monto será de un salario mínimo diario de los sectores comercio y servicio por cada día de retraso, salvo justo impedimento.

“En esta Asamblea hemos venido a hacer cambios de raíz por los trabajadores. Necesitamos seguir impulsando transformaciones dentro del sistema judicial”, dijo el diputado Mulato. “Hemos aprobado reformas que dan garantías jurídicas a los empleados y armonizando con las leyes los derechos de ellos mismos”, agregó.

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De acuerdo a un estudio realizado en conjunto con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el impacto de esta reforma favoreció a más del 40% de los trabajadores, quienes están buscando resarcir derechos laborales.

Al año, aproximadamente unos 9 mil trabajadores se encuentran en este procedimiento, por lo que un 42 % de los casos no pueden tener acceso a un procedimiento abreviado por el monto de la cuantía.

“Este proyecto de reforma va a beneficiar a un número importante de la población afectada. Muchas veces los casos se tornan tortuosos, porque se dilatan en los juzgados, pero con la modificación se le garantizará los derechos a la clase trabajadora”, expresó el procurador general de la República, René Escobar. “Es viable y necesario, es una deuda histórica el brindar las herramientas para brindar una pronta y merecida justicia”, agregó el funcionario, quien fue invitado para el desarrollo del estudio de la reforma al Código.

En 2022, a nivel nacional, los Juzgados de lo Laboral tuvieron 9,500 casos con procesos ordinarios, una cantidad alta por la vulneración de los derechos de los empleados.

“Es evidente el desfase que hay de la norma a la realidad actual, por eso la reforma viene a contribuir a un proceso de modernización de las leyes. Además, esto potenciará la celeridad de la justicia”, señaló el magistrado de la Cámara Primera de lo Laboral, de la CSJ, Roberto Marcia.

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