Política
Participación electoral por internet de los salvadoreños en el exterior llega al 19 %
Un total de 140,391 de salvadoreños que viven en el extranjero ya emitieron su voto en línea para la elección presidencial y 126,345 lo hicieron para la elección legislativa, según datos registrados hasta ayer por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
De manera general, la cantidad de votantes registrados por el organismo electoral representa una participación del 19 % de un total de 741,094 connacionales habilitados para votar por la modalidad en línea (por internet).
Dora Esmeralda Martínez, presidenta del TSE, aseguró el domingo pasado, cuando se registraban 136,842 votos para la elección presidencial, que la emisión del sufragio en línea continúa en aumento; sin embargo, invitó a los connacionales que aún no han ejercido su derecho a votar a que ingresen al sitio web votacion.tse.gob.sv, para que se unan a la fiesta electoral salvadoreña y sean partícipes de la importante decisión para elegir al próximo gobernante y demás funcionarias que representarán a los ciudadanos en la Asamblea Legislativa.
«(Hago un llamado) a todos los salvadoreños que se encuentran en el extranjero para que participen, para que hagan uso de ese derecho en el voto por internet. Hay más de 700,000 electores que pueden continuar con esa votación que finaliza el 4 de febrero, a las 5 de la tarde hora de El Salvador», expresó la funcionaria.
El TSE habilitó desde el pasado 6 de enero el sistema de votación en línea, y con base a la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero mantendrá activo dicho sitio web durante 30 días, para que todos los salvadoreños que deseen ejercer su voto puedan tener la oportunidad de ingresar y elegir a su partido o candidaturas de preferencia.
Los salvadoreños que residen en el extranjero que pueden votar en línea son aquellos que cuentan con Documento Único de Identidad (DUI) con dirección en el exterior, y pueden emitir el sufragio desde cualquier parte del mundo utilizando dispositivos electrónicos con acceso a internet y con cámara.
La titular del TSE recomendó a los connacionales ejercer el voto en línea en un lugar con suficiente iluminación, para que no tengan problemas con la identificación facial que realiza el sistema.
El economista y analista Carlos Acevedo destacó la importancia que la diáspora tiene para la economía nacional, la cual ahora gracias al presidente Nayib Bukele y al grupo parlamentario de Nuevas Ideas tiene reconocido su derecho al voto activo y pasivo.
«Aún si fueran $400 o $200 [el costo para el Estado] por voto en el exterior, no es nada con lo que los salvadoreños han hecho por el país. El Salvador ha recibido más de $100,000 millones en remesas, eso ha tenido a flote la economía y ha sacado a mucha gente de la pobreza», expresó el economista en un reciente programa radial.
Reiteró que históricamente la diáspora ha contribuído a mantener la economía salvadoreña, por lo tanto, el costo por la implementación del voto en el exterior es un reconocimiento a todo su trabajo por el país.
«Está perfectamente justificado y la tarea sería ahora de que ya [está] establecido un mecanismo instar a la gente a que lo aproveche, y en las próximas elecciones afinar para que más gente vote», consideró Acevedo.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
