Política
Esposa de Carlos Calleja usa a niña con cáncer en propaganda electoral de ARENA, pese a estar prohibido por ley
La esposa de Carlos Calleja, candidato a la presidencia de la república por el partido ARENA, Andrea de Calleja, está utilizando la historia de una niña de 11 años quien padece de cáncer en sus huesos, pese a que esto es algo prohibido por la ley.
«A Dani tuvieron que amputarle su piernita izquierda y recibió su tratamiento de quimioterapia», reza parte de la frase utilizada por la esposa del candidato tricolor.
La reunión que la aspirante a primera dama tuvo con la menor es utilizada en uno de los anuncios que que encuentran en la cuenta de Facebook de la compañera de vida del empresario, quien ya ha sido multado por el Tribunal Supremo Electoral por realizar campaña adelantada.
«Quiero luchar hombro a hombro con las mujeres que están batallando contra el cáncer, ya sea que lo están haciendo personalmente o porque son parte de la lucha junto a alguien me aman. No están solas, y juntas seremos más fuertes», dice en el anuncio.
La utilización de niños, niñas y adolescentes en campañas de propaganda política está regulada en la Ley Lepina.
Dicha ley, en sus artículos 46 y 47 tienen que ver con los derechos al honor, imagen, vida privada e intimidad de niños, niñas y jóvenes, entiéndase menores de 18 años.
El Salvador Times trató de hablar con Zaira Navas o con algún representante legal del CONNA, pero no hubo respuesta por las dos vías acordadas. Por teléfono y correo electrónico.
La idea era indagar sobre sí había alguna denuncia al respecto, tomando en cuenta los casos de 2017.
Antecedentes
En 2017, previo a las elecciones para alcaldes y diputados, los dos partidos mayoritarios lanzaron spots de televisión en el que violaban la Ley Lepina. En el caso del FMLN, un anuncio en el que aparecen menores de edad para promover programas sociales del gobierno del FMLN.
El otro caso, fue el de la candidata a diputada por ARENA, Milena Mayorga, quien en su anuncio se ve entregando lentes, como parte de su campaña, y a la vez invitando a una niña a leer su propaganda política para demostrar que ahora sí podía leer con el nuevo regalo.
En el caso de Paty Valdivieso, del mismo partido, quien regaló pasteles con su foto durante varios eventos en el marco de la celebración del día del niño.
Tras este tipo de situaciones, el CONNA informó en 2017 que iban a multar con hasta $15 mil dólares a los violadores de la Ley Lepina.
«Estamos próximos al inicio de la campaña política electoral y se está tratando de adelantarse a una situación que esperamos no nos lleve a iniciar procesos administrativos sancionatorios”, dijo en esa ocasión la directora ejecutiva Zaira Navas.
¿Qué dice la ley?
«Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al honor, a la propia imagen, a la vida privada e intimidad personal y familiar; sin perjuicio del derecho y deber de las madres, padres, representantes o responsables de ejercer supervisión y vigilancia sobre cualquier actividad que pueda poner en peligro la dignidad de las niñas, niños y adolescentes», dice el artículo 46 de la mencionada ley.
Y agrega que «se prohíbe, a través de cualquier medio, divulgar, exponer o utilizar la imagen de niñas, niños y adolescentes en contra de su voluntad y sin el conocimiento y aprobación de sus madres, padres, representantes o responsables. Asimismo, se prohíbe exponer o divulgar datos, imágenes o informaciones que lesionen el honor o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad personal y familiar».
Tomando en cuenta que la joven es aún menor de edad, que padece de una enfermedad grave y que aún está siendo tratada por la misma, la historia —de acuerdo con algunos analistas—rompe la ley. De igual forma, el artículo 47, que se refiere a prohibiciones específicas frente a la utilización de la imagen y afectación de la intimidad personal de niñas, niños y adolescentes.
En este caso, también se aplicaría. Ya que en la historia se da el nombre de la niña, que tiene cáncer y que está siendo tratada por personal médico del Bloom y de una fundación privada.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
