Política
Diputados superan veto a apertura económica sería el 16 de junio y con transporte colectivo
Después de varios intentos de acercamientos entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa, con 58 votos los diputados superaron el veto que hiciera el presidente Nayib Bukele a la ley de emergencia y reapertura económica (DL 648).
Con dicha normativa los legisladores pretenden que el Ejecutivo combata la pandemia del coronavirus e ir abriendo la economía por fases desde el próximo 16 de junio.
Una sentencia de la Sala de lo Constitucional invalidó el decreto que mantenía el Gobierno con la cuarentena y las restricciones y les dio cuatro días a los órganos del Estado para llegar a un consenso, pero eso no se dio y los parlamentarios terminaron superando el veto.
Las intenciones de congresistas eran abrir economía desde el 8 de junio y ese punto provocó el veto del presidente Nayib Bukele en la anterior legislación.
Esta ocasión —y sin tregua entre Ejecutivo y Legislativo— los diputados establecieron una apertura sin distinción entre privados y públicos.
Todas las fases:
Esta vez la fase I de reapertura económica inicia ese 16 de junio y vuelven a sus actividades todos los centros de trabajo, pero los empleadores deberán garantizar las medidas sanitarias y que los trabajadores guarden metro y medio de distancia, así como ajustar programas de gestión y prevención de riesgos.
Se abren los aeropuertos, fronteras terrestres y marítimas, oficinas de aduana y migración solo para “repatriación de salvadoreños, su familia nuclear y extranjeros residentes”, puertos y sus oficinas de aduana.
Todas las actividades siguientes siguen suspendidas: sistema educativo en todos sus niveles, espectáculos públicos, transporte recreativo, ferias, fiestas patronales, espacios abiertos y cerrados de atención al público de restaurantes, iglesias, salas de recepción, museos, centros de convenciones, cines y teatros, gimnasios, piscinas, salones de belleza, casinos, parques acuáticos, zoológicos, turicentros y similares.
Las prohibiciones estarán vigentes hasta el 6 de julio.
El 7 de julio El Salvador entra en la fase II de reapertura económica, lugares como iglesias o sitios de culto pueden abrir, pero respetando medidas de distanciamiento, así como el servicio para comer en restaurantes o cafeterías con dos metros de distancia entre mesas y solo a las familias.
Continúa suspendido: sistema educativo, espectáculos públicos, transporte recreativo, ferias, fiestas patronales, salas de recepción, cines y teatros, piscinas, gimnasios, casinos y loterías, parques acuáticos, bares y discotecas.
Las suspensiones de la fase II se mantienen hasta el 27 de julio.
En la fase III de reapertura los espectáculos públicos y eventos deportivos pueden volver a realizarse, lo que continúa inhabilitado de funcionar son los estadios de fútbol.
Las prohibiciones se mantienen para el transporte recreativo, las ferias, fiestas patronales, piscinas, gimnasios, cines, teatros, piscinas, casinos, parques acuáticos y discotecas.
En el caso del sistema educativo, la suspensión continúa solo para la educación parvularia, básica y media; es decir, solo la educación superior vuelve a las actividades presenciales.
La fase III llega hasta el 17 de agosto.
En la última fase de reapertura, la IV, se permite la realización de todas las actividades que continuaban prohibidas en la fase anterior desde el 18 de agosto en adelante.
Se agrega que “lo dispuesto en el presente decreto estará sujeto a reformas en virtud del comportamiento y riesgo epidemiológico que la pandemia presente” y dichas reformas solo las podrá hacer la Asamblea.
Estado de Emergencia
Los diputados decretaron el estado de emergencia por un plazo de 15 días a partir de la entrada en vigor del cuerpo normativo.
El Gobierno podrá hacer uso de mecanismo de compras directas para “las adquisiciones y contrataciones que lleven a cabo las instituciones públicas que se encuentren relacionadas con el Covid-19, de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos y dispositivos médicos”.
Incertidumbre
Cuando los diputados estaban aprobando el anterior cuerpo de ley, funcionarios del Ejecutivo estaba reunidos con representantes de diferentes sectores económicos planeando otro sistema de reapertura.
En esa reunión, algunas propuestas del Gobierno van en contra de lo que lo que han establecido los diputados, como por ejemplo el transporte público, el cual quieren que inicie hasta una fase II.
Con el veto superado, será la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la que resuelva la nueva controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo; es decir, nada de lo aprobado entra en vigencia hasta que resuelvan los magistrados.
Por: El Salvador Times.
El docente y escritor salvadoreño Rafael Góchez analizó el escenario político nacional a partir de los resultados de la más reciente encuesta de LPG Datos y consideró poco probable que el respaldo ciudadano hacia el gobierno del presidente Nayib Bukele experimente cambios significativos antes de las elecciones generales previstas para el 28 de febrero de 2027.
Durante una entrevista, Góchez señaló que los niveles de aprobación reflejados en los estudios de opinión se han mantenido elevados y afirmó que proyectos de gran impacto, como el nuevo Hospital Nacional Rosales y otras obras en desarrollo, podrían contribuir a mantener la percepción favorable hacia la actual administración.
El analista destacó que la encuesta de LPG Datos otorgó al presidente Bukele un nivel de aprobación del 85.5 %, señalando que la gestión en materia de seguridad figura entre los principales factores asociados a ese respaldo. Asimismo, indicó que, pese al margen de error inherente a toda encuesta, el nivel de aceptación mostrado por el estudio es considerablemente alto.
Góchez también hizo referencia a una encuesta de CID Gallup realizada en mayo, la cual reportó que el 93 % de los salvadoreños aprueba al mandatario tanto por su gestión como por su imagen.
Además, señaló que, según datos de LPG Datos, cerca del 60 % de la población no se identifica con ningún partido político. No obstante, afirmó que el fenómeno político vinculado al presidente Bukele ha encontrado respaldo en ese segmento de la población y se ha mantenido en él.
Finalmente, sostuvo que la ciudadanía valora cada vez más la efectividad de la gestión gubernamental por encima de las ideologías partidarias. Como ejemplo, mencionó la inauguración del nuevo Hospital Nacional Rosales, la cual, a su juicio, refleja cambios en la estructura y funcionamiento del sistema de salud.
Los partidos ARENA y FMLN continúan con el proceso de inscripción de precandidatos de cara a sus elecciones internas, programadas para julio, como parte de las acciones previas a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.
Por ARENA, el concejal de la alcaldía de San Salvador Centro, Alejandro Nóchez, informó a través de redes sociales que participará en el proceso de selección de candidatos con la aspiración de convertirse en candidato a alcalde de la capital. En una publicación, señaló que lo acompaña una planilla integrada por mujeres y hombres nacionalistas comprometidos con trabajar por San Salvador Centro.
Asimismo, Ondina Ramos acudió a las oficinas del partido para inscribirse como precandidata a alcaldesa de San Salvador Centro. Durante su inscripción, manifestó que existen diferentes problemas en la capital y afirmó que es necesario pasar de las palabras a las acciones. También expresó su intención de convertirse en una figura que contribuya al desarrollo del municipio.
Por su parte, el FMLN continúa sumando aspirantes a cargos de elección popular. Entre ellos figura Liliana Andrade, actual concejal de San Salvador Centro, quien buscará una diputación en la Asamblea Legislativa. Andrade señaló la necesidad de contar con un equilibrio de poder en el órgano legislativo y de analizar cada propuesta de ley que sea presentada.
El partido también inscribió a Gloria Anaya como precandidata a diputada por San Salvador. Anaya ha participado esta semana en protestas relacionadas con temas ambientales. Además, Carmelo Pineda se inscribió como precandidato a diputado por Cabañas, mientras que Alexis Rivas buscará la candidatura para gobernar la municipalidad de Cabañas Oeste.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) presentó a jueces de siete cámaras de Primera Instancia y al secretario de actuaciones de la Cámara de Segunda Instancia los avances de la plataforma que se utilizará para la emisión de constancias a candidatos para las elecciones generales de 2027, informó la institución en su revista mensual de abril.
El ente contralor explica que durante la presentación se abordaron los avances en la actualización de la información generada por las cámaras en los sistemas informáticos, como unidades organizativas que por medio del registro y la actualización de la información garantizan la integridad.
«Esta reunión se desarrolló en el marco de la ruta definida por el organismo de dirección para fortalecer dicho proceso, correspondiendo a esta coordinación articulada supervisar y dar seguimiento a las acciones, en estrecha relación con los avances tecnológicos que permitirán la implementación de este trámite en línea como parte del proceso de modernización que impulsa la CCR», explicó el coordinador general jurisdiccional, José Antonio Lemus.
Por otra parte, el jefe del área de la Dirección de informática y desarrollo tecnológico, Carlos Beltrán, indicó que «la modernización de este proceso permitirá mayor eficiencia en la gestión de datos y la atención oportuna a los ciudadanos que soliciten las constancias electorales».
La CRR recalca que la base legal para la extensión de dichas constancias para fines estrictamente electorales se encuentra en el Código Electoral, artículo 160 literal “f”, que indica que para la solicitud de inscripción de planillas o candidatura no partidaria deben de presentar el «finiquito, certificación o constancia extendida por el presidente de la Corte de Cuentas de no tener pendiente al momento de la solicitud, sentencia ejecutoriada, la cual deberá extendida a más tardar dentro de los 15 días siguientes de haberse presentando la solicitud».
Y el artículo 166, que dice que las candidaturas para alcalde o alcaldesa deben de presentar «constancia o certificación de la Corte de Cuentas de que el candidato postulado no tiene responsabilidades establecidas por sentencia ejecutoriada pendiente de pago, como resultado del manejo de fondo u otros bienes públicos, fiscales o municipales».
