Política
Diputados superan veto a apertura económica sería el 16 de junio y con transporte colectivo
Después de varios intentos de acercamientos entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa, con 58 votos los diputados superaron el veto que hiciera el presidente Nayib Bukele a la ley de emergencia y reapertura económica (DL 648).
Con dicha normativa los legisladores pretenden que el Ejecutivo combata la pandemia del coronavirus e ir abriendo la economía por fases desde el próximo 16 de junio.
Una sentencia de la Sala de lo Constitucional invalidó el decreto que mantenía el Gobierno con la cuarentena y las restricciones y les dio cuatro días a los órganos del Estado para llegar a un consenso, pero eso no se dio y los parlamentarios terminaron superando el veto.
Las intenciones de congresistas eran abrir economía desde el 8 de junio y ese punto provocó el veto del presidente Nayib Bukele en la anterior legislación.
Esta ocasión —y sin tregua entre Ejecutivo y Legislativo— los diputados establecieron una apertura sin distinción entre privados y públicos.
Todas las fases:
Esta vez la fase I de reapertura económica inicia ese 16 de junio y vuelven a sus actividades todos los centros de trabajo, pero los empleadores deberán garantizar las medidas sanitarias y que los trabajadores guarden metro y medio de distancia, así como ajustar programas de gestión y prevención de riesgos.
Se abren los aeropuertos, fronteras terrestres y marítimas, oficinas de aduana y migración solo para “repatriación de salvadoreños, su familia nuclear y extranjeros residentes”, puertos y sus oficinas de aduana.
Todas las actividades siguientes siguen suspendidas: sistema educativo en todos sus niveles, espectáculos públicos, transporte recreativo, ferias, fiestas patronales, espacios abiertos y cerrados de atención al público de restaurantes, iglesias, salas de recepción, museos, centros de convenciones, cines y teatros, gimnasios, piscinas, salones de belleza, casinos, parques acuáticos, zoológicos, turicentros y similares.
Las prohibiciones estarán vigentes hasta el 6 de julio.
El 7 de julio El Salvador entra en la fase II de reapertura económica, lugares como iglesias o sitios de culto pueden abrir, pero respetando medidas de distanciamiento, así como el servicio para comer en restaurantes o cafeterías con dos metros de distancia entre mesas y solo a las familias.
Continúa suspendido: sistema educativo, espectáculos públicos, transporte recreativo, ferias, fiestas patronales, salas de recepción, cines y teatros, piscinas, gimnasios, casinos y loterías, parques acuáticos, bares y discotecas.
Las suspensiones de la fase II se mantienen hasta el 27 de julio.
En la fase III de reapertura los espectáculos públicos y eventos deportivos pueden volver a realizarse, lo que continúa inhabilitado de funcionar son los estadios de fútbol.
Las prohibiciones se mantienen para el transporte recreativo, las ferias, fiestas patronales, piscinas, gimnasios, cines, teatros, piscinas, casinos, parques acuáticos y discotecas.
En el caso del sistema educativo, la suspensión continúa solo para la educación parvularia, básica y media; es decir, solo la educación superior vuelve a las actividades presenciales.
La fase III llega hasta el 17 de agosto.
En la última fase de reapertura, la IV, se permite la realización de todas las actividades que continuaban prohibidas en la fase anterior desde el 18 de agosto en adelante.
Se agrega que “lo dispuesto en el presente decreto estará sujeto a reformas en virtud del comportamiento y riesgo epidemiológico que la pandemia presente” y dichas reformas solo las podrá hacer la Asamblea.
Estado de Emergencia
Los diputados decretaron el estado de emergencia por un plazo de 15 días a partir de la entrada en vigor del cuerpo normativo.
El Gobierno podrá hacer uso de mecanismo de compras directas para “las adquisiciones y contrataciones que lleven a cabo las instituciones públicas que se encuentren relacionadas con el Covid-19, de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos y dispositivos médicos”.
Incertidumbre
Cuando los diputados estaban aprobando el anterior cuerpo de ley, funcionarios del Ejecutivo estaba reunidos con representantes de diferentes sectores económicos planeando otro sistema de reapertura.
En esa reunión, algunas propuestas del Gobierno van en contra de lo que lo que han establecido los diputados, como por ejemplo el transporte público, el cual quieren que inicie hasta una fase II.
Con el veto superado, será la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la que resuelva la nueva controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo; es decir, nada de lo aprobado entra en vigencia hasta que resuelvan los magistrados.
Por: El Salvador Times.
El presidente Nayib Bukele compartió una gráfica acompañada del mensaje: “Es un concepto muy simple, en realidad”, en referencia a la relación entre el incremento de la población penitenciaria y la reducción de los homicidios en El Salvador durante los últimos años.
Según los datos presentados, la tasa de encarcelamiento pasó de alrededor de 600 reclusos por cada 100,000 habitantes en 2019 a más de 1,600 en 2024. En el mismo período, la tasa de homicidios descendió de aproximadamente 38 por cada 100,000 habitantes hasta alcanzar niveles históricamente bajos, cercanos a 2.4 homicidios por cada 100,000 habitantes.
La gráfica muestra que ambas tendencias tomaron direcciones opuestas a partir de 2019. Mientras aumentó el número de personas privadas de libertad, los homicidios registraron una disminución sostenida a lo largo de los años.
De acuerdo con el Gobierno, estos resultados reflejan el impacto de la estrategia de seguridad implementada durante los últimos años en el país.
Los 11 directores propietarios de los partidos políticos representados en la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) expresaron su reconocimiento y respaldo al trabajo que ejecuta el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el proceso preparatorio de los comicios generales programados para el 28 de febrero de 2027.
Como muestra de apoyo y con el propósito de fortalecer la relación de cooperación, respeto institucional y diálogo constructivo, los integrantes de la JVE enviaron una nota a la presidenta del TSE, Roxana Soriano, en la que destacaron la labor de coordinación desarrollada por la funcionaria.
En el documento, firmado por todos los directores, señalaron que la magistrada presidenta ha actuado con apego a los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia, manteniendo una relación institucional abierta y equitativa con todos los sectores.
Asimismo, los integrantes de la junta afirmaron que las autoridades del organismo colegiado han mostrado apertura y respaldo para que la institución de vigilancia pueda desarrollar las labores de fiscalización establecidas por la ley.
Alexis Zepeda, director propietario del PCN en la JVE, explicó que las coordinaciones con la presidenta del TSE tienen como objetivo común garantizar el adecuado desarrollo de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.
Según Zepeda, la presidenta Roxana Soriano y el director ejecutivo Héctor Larios han brindado facilidades para que los partidos políticos representados en la JVE puedan realizar procesos de transparencia, verificación y fiscalización sin generar dudas entre los institutos políticos.
Por su parte, Selim Alabi, director de la JVE por ARENA, manifestó que se desarrolla un trabajo coordinado y articulado con la presidencia del TSE y el resto de magistrados para la fiscalización de procesos activos, entre ellos la verificación de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) y de los centros de votación.
Alabi aseguró que, a diferencia de experiencias anteriores, con el actual tribunal se han establecido coordinaciones para desarrollar dichas fiscalizaciones y se está gestionando apoyo presupuestario ante el Ministerio de Hacienda para cumplir con los proyectos previstos.
En tanto, Irvin Sorto, director propietario del FMLN, destacó la accesibilidad de las actuales autoridades del TSE y las coordinaciones impulsadas con otras instituciones, entre ellas el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), para ejecutar las acciones necesarias que garanticen el debido proceso electoral.
Sorto señaló que la presidencia del TSE ha permitido la participación de la JVE en labores de fiscalización dentro y fuera del país, además de resaltar la apertura mostrada por el RNPN durante las reuniones sostenidas con esa entidad.
De igual manera, Franklin Alegría, representante del PDC en la JVE, afirmó que el TSE, el RNPN y el Ministerio de Relaciones Exteriores han brindado apertura a la Junta de Vigilancia Electoral para facilitar el trabajo de fiscalización de cara a las próximas elecciones.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó a la ciudadanía la ampliación del período para actualizar la dirección nacional en el Documento Único de Identidad (DUI), trámite que podrá realizarse hasta el 27 de agosto de 2026.
A través de un comunicado, el organismo colegiado informó que la actualización de la dirección permitirá asignar a los ciudadanos un centro de votación más cercano a su lugar de residencia.
«¡Ampliamos el periodo para actualizar tu dirección nacional en el DUI! Votar es más fácil si actualizas tu dirección. Así podremos asignarte un Centro de Votación más cerca de tu nuevo hogar. Tienes hasta el 27 de agosto de 2026 para realizar el trámite en cualquier Duicentro del país», indicó el TSE.
La ampliación de este plazo responde a la actualización del calendario electoral, tomando en cuenta las reformas avaladas por la Asamblea Legislativa.
De igual manera, el tribunal reiteró a los jóvenes que cumplirán 18 años antes de las elecciones generales que el período para preenrolarse permanecerá habilitado hasta el 29 de noviembre de 2026.
«¿Cumplís 18 años poco antes de las elecciones y querés saber si podrás votar? No te preocupés, estás a tiempo de preenrolarte. Ampliamos el plazo, ahora tenés hasta el 29 de noviembre de 2026 para hacerlo», detalló el TSE.
Para este proceso, los jóvenes pueden acudir a los diferentes duicentros del país acompañados de uno de sus padres o responsable.
Asimismo, el preenrolamiento puede realizarse durante las jornadas organizadas en centros educativos, así como en los centros de servicio y jornadas móviles habilitadas en el extranjero.
