Política
Diputados del PCN tildan de irresponsable a Cristina López y hacen un llamado urgente a la CSJ para que retome el tema de las escuchas telefónicas, según la abogada Bessy Ríos
La exatleta y exdiputada Cristina López sigue estando en la palestra pública tras los señalamientos hechos contra el Partido de Concertación Nacional (PCN), institución política para la cual laboró y al que ha acusado de mantener por varios años “contrataciones irregulares” al interior de la Asamblea Legislativa.
Las acusaciones de López se basan luego que se filtrara la noticia que ella cobró por 6 meses (mayo a octubre de 2019) un salario de $2,000 con el cargo de asesora administrativa del PCN, sin presentarse al órgano legislativo, un acto considerado como nepotismos (trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos).
Tras la noticia, López destapó la caja de pandoras al responder en su cuenta de twitter y confesar que esa modalidad de cobro, fue implementada por el mismo el jefe de fracción, José Antonio Almendáriz, a lo que ella misma ha calificado de una “una trampa” en su contra y ha acusado de ello a sus antiguos compañeros.
Las declaraciones de López como era de esperarse ya han tenido respuestas de sus excompañeros de partido de político, quienes son acusados por la exatleta de irregularidades administrativas, presunto encubrimiento en el asesinato del dirigente político Ramón Kury y de falsedad material con la “falsificación” su sello y firma en una pieza de correspondencia que favorecía al empresario Enrique Rais, pieza de correspondencia que posteriormente fue aprobada por el congreso.
Sobre este caso específico, el actual presidente de la Asamblea Legislativa Mario Ponce y exjefe de fracción del PCN en la legislatura 2015-2018, aseveró que López fue la única de su partido en firmar esa pieza de correspondencia, aunque desconoce quiénes más firmaron el documento.
“Ningún miembro a excepción de ella firmó esa pieza de la cual no estábamos de acuerdo”. ¿Quiénes participaron en la elaboración de esa pieza?, se le preguntó. “Desconozco”, dijo.
Ley Especial para la Intervención de Telecomunicaciones
Cristina López, a juicio personal hizo una interpretación auténtica de un artículo de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones (Art. 23) que beneficia al empresario Enrique Rais, la cual ella misma habría presentado en la ventanilla de recepción de documentos del órgano legislativo tres años atrás.
Fue específicamente el 31 de octubre de 2017 en que la exdiputada propuso por iniciativa propia una interpretación del artículo 23 de la ley.
Ese artículo establece que si un juez autorizó a la Fiscalía intervenir las llamadas telefónicas de un posible acusado, la FGR tendrá seis meses para presentar el requerimiento. De no hacerlo deberán destruir grabaciones y transcripciones. En diciembre de ese mismo año, previo a irse de vacaciones, los diputados aprobaron la interpretación planteada por la López a criterio personal y sin contar con la presencia y consentimiento del empresario Enrique Rais, quien al momento de la presentación se encontraba fuera del país.
La propuesta de López partió luego que la Fiscalía, según ella, estaba abusando de las escuchas telefónicas mediante el entro de escuchas telefónicas en administraciones anteriores.
Sobre ese punto, la abogada y defensora de derechos humanos en el país, Bessy Ríos, hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia y a la Sala de lo Constitucional, a que retomen el tema de las escuchas telefónicas y considere la destrucción de pruebas 6 meses después de no ser utilizadas como pruebas en un juicio, tal como la aprobó el órgano legislativo hace 3 años y medio.
Para Ríos, es un tema prioritario para los magistrados de la sala en mención, ya que según ella, anteriormente la Fiscalía General de la República (FGR) ya ha “abusado” de las escuchas telefónicas en las administraciones de Douglas Meléndez, señalado de actos de corrupción durante su gestión y de Luis Martínez, quien actualmente guarda prisión.
Sobre el mismo hecho, el diputado pecenista, Raúl Beltrán Bonilla, también ha lanzado crítica contra la exdiputada Cristina López y ha tildado sus declaraciones de irresponsable.
“Cada diputado es responsable de las piezas que se presentan. Todos vamos a la ventanilla, nos acompaña la prensa, nadie puede decir ‘mire aquí vino Pedro Pérez a presentar una pieza de correspondencia para don fulano o favorecer de don mengano o perengano’. ¡No! es cada uno el que asume la responsabilidad. El que sabe leer, escribir y firma sabe lo que está haciendo”, dijo tajantemente Beltrán Bonilla, poniendo en evidencia el mal proceder de López.
En una entrevista a un medio radial, Cristina López dijo el lunes estar dispuesta a devolver lo cobrado en la Asamblea Legislativa, no sin antes señalar que la modalidad de cobro fue establecida por el jefe de fracción José Antonio Almendáríz.
Sus señalamientos dejan en claro la evidencia de nepotismo que por años se ha venido señalando al interior de la Asamblea Legislativa y en los partidos políticos que la conforman, tema del que ya la FGR ha tomado cartas en el asunto por orden del fiscal general Raúl Melara, quien recientemente ha declaró una investigación abierta al PCN.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que habilitará centros de votación en la República Popular China, Japón y Australia para las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.
De acuerdo con el organismo colegiado, dos de las sedes estarán ubicadas en las capitales de los países asiáticos y las otras dos en ciudades australianas. Los centros estarán en Beijing y Tokio, así como en Canberra y Melbourne.
«¡Centros de Votación en Asia y Oceanía para 2027! Dos sedes, ubicadas en: Canberra y Melbourne (Australia); Beijing, China; y en Tokio, Japón», detalló el TSE.
Con estas cuatro sedes, el tribunal completa las 92 previstas en 29 países de cuatro continentes: América, Europa, Asia y Oceanía. Del total de sedes, el 53 % se concentrará en Estados Unidos, según informó el organismo electoral.
De esta manera, la diáspora salvadoreña podrá ejercer el voto de forma presencial el próximo 28 de febrero. El TSE recordó que en los centros de votación en el extranjero estará habilitado el voto electrónico presencial para salvadoreños cuya dirección en el Documento Único de Identidad (DUI) se encuentre desactualizada.
Ante esto, la institución recordó a los salvadoreños residentes en el exterior que el plazo para actualizar la dirección del DUI vence el 29 de noviembre de 2026.
«¿Eres salvadoreño viviendo en el extranjero? Votar es más fácil si tienes tu dirección al día en el DUI. Si aún no lo has hecho actualízala antes del 29 de noviembre de 2026», puntualizó el tribunal.
Los salvadoreños podrán realizar este trámite en los consulados, durante las jornadas móviles del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y, en el caso de los ciudadanos residentes en Estados Unidos, mediante la aplicación dui.sv.
Por otra parte, de acuerdo con el calendario electoral publicado por el TSE, el voto por internet comenzará el 30 de enero de 2027 y podrá emitirse desde diferentes dispositivos electrónicos. El calendario oficial del TSE contempla las elecciones presidenciales, legislativas y municipales para el 28 de febrero de 2027.
Como parte de las actividades relacionadas con el voto en el exterior, el TSE informó que los tres partidos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en la elección legislativa anterior —Nuevas Ideas, ARENA y FMLN— tienen hasta el próximo miércoles para presentar sus propuestas de integrantes de las Juntas Receptoras de Votos en el Extranjero (JRVEX).
Desde la implementación del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, las autoridades han intensificado las acciones contra las estructuras delictivas que durante años afectaron a El Salvador. Hasta el pasado 30 de agosto, se reportan 93,039 personas vinculadas a pandillas capturadas.
Como parte de estas operaciones, las autoridades también han incautado 5,548 armas de fuego, 12,227 vehículos presuntamente utilizados en actividades ilícitas y 25,458 celulares que contienen información considerada relevante sobre el accionar delictivo y que podría ser vinculada a procesos de investigación.
«Seguimos firmes, actuando para impedir que las estructuras criminales vuelvan a sembrar terror en nuestras comunidades», ha señalado el ministro de Defensa, René Merino Monroy.
Solo entre el 1.° de enero y el 30 de agosto de este año, las autoridades han localizado a 2,195 personas vinculadas a pandillas.
Entre los últimos capturados se encuentra Jairo Ernesto González Medina, alias Chuchito, señalado como homeboy con función de gatillero y miembro de la pandilla 18. Fue detenido en el departamento de La Libertad.
De acuerdo con el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, González Medina cuenta con antecedentes vigentes desde 2022 por los delitos de homicidio, extorsión y agrupaciones ilícitas. Además, el funcionario indicó que el detenido ha intentado borrarse los tatuajes alusivos a la pandilla a la que pertenece.
«Siempre fueron expertos en esconderse y montar sus bares, clubes y discotecas de fachada. Ustedes, uno a uno, y sus negocios, irán cayendo. Terroristas. Que les quede claro: todo aquel que forme parte de estas organizaciones es enemigo de los salvadoreños y del Estado», advirtió Villatoro.
En materia de narcotráfico, las autoridades valoran en $1,736,249,885 el total de droga incautada durante la implementación de la medida constitucional.
El régimen de excepción fue solicitado en 2022 por el presidente Nayib Bukele con el objetivo de restablecer el orden y el control territorial, luego del incremento de homicidios registrado entre el 25 y el 26 de marzo de ese año, cuando se contabilizaron 76 crímenes contra la vida. La medida fue implementada para contrarrestar el accionar de las pandillas y salvaguardar la vida de la población.
A partir de estas disposiciones legales, las autoridades reforzaron las acciones para localizar a pandilleros mediante patrullajes terrestres, marítimos y aéreos, además de controles vehiculares. Asimismo, en varias zonas del país se mantiene presencia permanente de soldados y policías.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, denunció que fue notificada de un proceso ante el Tribunal de Honor de ese partido, en el que se solicita su expulsión y se le notificó la suspensión de sus derechos como afiliada, incluido el derecho a participar en la elección interna y a ejercer como miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
Ortiz cuestionó la actuación del Tribunal de Honor y señaló que este está integrado por dos personas. Según expuso en un comunicado, una de ellas tendría afinidad con la actual secretaria general, además de haber sido candidata de la planilla que actualmente compite contra la que ella lidera y posteriormente renunciar a esa candidatura. La otra persona, afirmó, es esposo de una candidata de esa misma planilla.
Ante estas circunstancias, Ortiz sostuvo que quienes tengan vínculos directos con personas que compiten contra la planilla que lidera no deberían decidir sobre su permanencia en el partido ni sobre sus derechos dentro de la elección interna. Por ello, exigió que quienes tengan posibles conflictos de interés se aparten del proceso y aseguró que no acepta la suspensión.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, informó que fue notificada de un proceso ante el Tribunal de Honor de su partido, en el que se solicita su expulsión y se suspenden sus derechos como afiliada.
La medida también le impediría participar en la elección interna y ejercer como… pic.twitter.com/QBellfj1vf
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 4, 2026
La diputada afirmó que defenderá su derecho a competir y el derecho de los afiliados de VAMOS a decidir quiénes conducirán el partido. Asimismo, aseguró que su planilla continuará trabajando y haciendo campaña.
“Si quieren ganarnos esta elección, que sea con votos, no intentando sacarnos de la competencia”, afirmó Ortiz. “Que voten los afiliados. Que decida la militancia. ¡Eso es democracia!”, expresó.
