Política
Comisión especial pide a FGR investigar entrega de fondos públicos a las ONG
La comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga la transferencia de recursos públicos a organizaciones no gubernamentales (ONG) con vínculos políticos-partidarios recomienda, en su informe final de trabajo, a la Fiscalía General de la República (FGR) indagar dicha acción y deducir posibles cometimientos de ilícitos.
«Se han verificado suficientes elementos probatorios para considerar la probable comisión de hechos punibles por parte de las ONG que recibieron fondos públicos aprobados por la Asamblea Legislativa, lo que deberá ser evaluado por la Fiscalía General de la República», destaca el informe.
La comisión especial, tras conocer su informe final, dio también por finiquitado ayer su trabajo, iniciado al interior del congreso a mediados de 2021 tras su juramentación en el Salón Azul.
En el reporte se establece, además que, «existen indicios suficientes de que líderes políticos del FMLN y de ARENA crearon mecanismos ilegales para facilitar fondos públicos a ONG» con motivación política y partidaria.
El escrito consigna que la FGR deberá de realizar «la correspondiente revisión jurídica, así como el ejercicio de la acción penal», para quienes resulten responsables de estas acciones.
El mismo será llevado a conocimiento del pleno legislativo, y su emisión ocurre luego de que la comisión especial recibió un reporte de un equipo de abogados que concluye que existe la posibilidad de comisión de delitos, pues se encontró omisión de contabilidad formal, omisión de presentación anual de balances y estado de resultados ante el Registro de Organizaciones y Fundaciones no Gubernamentales del Ministerio de Gobernación y no inscripción de juntas directivas vigentes por períodos prolongados, así como la no actualización de sus representantes legales.
Además, el informe detalla ausencia de registro de miembros activos, participación de diputados y empleados activos de la Asamblea Legislativa, funcionarios y familiares de estos en las ONG mientras se les otorgaban fondos estatales, así como una ausencia de peticiones formales por parte de las ONG para la asignación de recursos públicos.
Política
Envían a juicio al exministro David Gutiérrez Miranda por peculado en el bulevar Diego de Holguín; hay orden de captura
El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador ordenó abrir juicio contra el exministro de Obras Públicas David Gutiérrez Miranda por peculado en perjuicio de la administración pública. Lo declaró rebelde y giró orden de captura. El caso es el tramo II del entonces bulevar Diego de Holguín, hoy bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en Santa Tecla. Gutiérrez fue titular del MOP en el gobierno de Antonio Saca, entre 2004 y 2006.
La Fiscalía sitúa los hechos entre diciembre de 2005 y enero de 2007. Acusa omisiones e incumplimientos: la obra tenía 420 días de plazo; al vencerse no estaba lista, pero los pagos mensuales al asocio constructor sí se hicieron. En 2023 la FGR dijo que, a la mitad del contrato, el avance era del 39%. Una pericia financiera fija el supuesto perjuicio en $10,643,278.98. El requerimiento de 2022 hablaba de $13.7 millones; la cifra que sostiene hoy la acusación es la de la pericia.
El expediente no nació ayer. Las pesquisas arrancaron en la era de Raúl Melara; el requerimiento formal se presentó en enero de 2022. Hay, en paralelo, un capítulo patrimonial: una Cámara de Segunda Instancia confirmó responsabilidad por $3.2 millones contra exfuncionarios ligados al mismo proyecto. El bulevar, pensado como vía emblemática hacia el aeropuerto, quedó marcado por retrasos, arbitrajes y sobrecostos. Saca, bajo cuyo gobierno se ejecutó, ya tiene condenas por lavado y peculado en otras causas.
El juicio dirá si esas omisiones son delito. Gutiérrez no está detenido: la rebeldía implica que no compareció. Hasta que no lo capten o se presente, el debate oral queda a medias. Veinte años después de los pagos, el Estado sigue litigando por más de diez millones y por una carretera que los salvadoreños usan todos los días.
Política
Vicepresidente Ulloa se reúne con CEO de Dapper para impulsar inteligencia artificial en la administración pública y la educación superior
De acuerdo con el calendario electoral, a partir del próximo 28 de septiembre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá contactar a los ciudadanos salvadoreños radicados en el exterior que sean seleccionados por sorteo para integrar las Juntas Electorales de Voto en el Extranjero (JELVEX).
El periodo establecido para realizar estas notificaciones finalizará el 16 de octubre de 2026. Posteriormente, el 30 de octubre se efectuará el nombramiento de las JELVEX y sus integrantes deberán tomar la respectiva protesta de ley el 31 de octubre.
La capacitación de los miembros de estas juntas se desarrollará, según el calendario electoral, del 31 de octubre al 28 de noviembre de 2026.
A escala mundial, el TSE habilitará 92 centros de votación en 29 países de cuatro continentes, con el objetivo de garantizar que los salvadoreños residentes en el exterior tengan acceso a su derecho al voto.
Por otra parte, continúa activo el periodo para que los salvadoreños en el extranjero actualicen la dirección de su Documento Único de Identidad (DUI). El TSE ha enfatizado en la importancia de realizar este procedimiento para facilitar la votación en el exterior, en caso de ser necesario.
El calendario electoral del TSE contempla las distintas etapas relacionadas con la organización de los organismos electorales temporales para las elecciones de 2027.
