Política
ARENA exigió $30 millones a Joel Sánchez a cambio de no expulsarlo del partido
La permanencia en ARENA de Joel Humberto Sánchez, cuando era candidato a la presidencia de la república por el tricolor, tenía un precio: $30 millones, según reveló ayer él mismo en la entrevista Las Cosas Como Son, monto que le fue exigido por directores departamentales del instituto político, quienes tenían el apoyo del presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, para amenazar a su aspirante.
Dicha cantidad sería para financiar supuestos gastos de la campaña electoral del partido en el mercado de las pasadas elecciones generales.
«Así literal me lo dijeron, en diciembre (de 2023), ese fue el regalo de Navidad que me dieron todos los directores departamentales; y saltó uno, puedo decir el nombre: Efraín Cañas, tú me dijiste eso, y me amenazaste, me insultaste y el presidente del partido estaba a la par mía y ni tan siquiera se paró a callarlo. Me dijiste: “Si no trae $30 millones este día por favor retírese, que para qué se metió a esto”. Así de sencillo y trágico, teniendo al presidente del partido enfrente y al resto de gente del COENA en mi casa de campaña, en mi propia casa burlándose de mí», narró Sánchez.
Efraín Cañas fue candidato a alcalde por San Salvador Sur por el partido ARENA en las elecciones del pasado 3 de marzo, en las cuales perdió ante el candidato de Nuevas Ideas, Mario Vásquez.
Sánchez, salvadoreño radicado en Estados Unidos, aseguró que fue García Saade quien lo convocó y convenció en diciembre pasado para que sostuviera una reunión con los directores departamentales de ARENA, en la que recibió las amenazas de expulsión.
«Y si no daba [el dinero] “te expulsamos del partido”. Esto no es nuevo, era como la cuarta vez [que me amenazaban]. Ahora lo puedo decir porque ya no pertenezco al partido, ya no me van a hacer nada […] no lo podía decir por la amenaza del tribunal (interno), la amenaza de la expulsión, pero ahora estoy libre y puedo decir las cosas como son», explicó el excandidato arenero.
El pasado lunes Sánchez notificó su renuncia al partido, luego que el presidente del COENA solicitara, el 10 de abril, la apertura de un proceso de expulsión contra el excandidato por emitir declaraciones en supuesto perjuicio de la imagen del instituto de derecha.Sánchez manifestó ayer haberse sentido «amenazado y desgastado» durante el periodo preelectoral con su candidatura, pues además de haber recibido amenazas también hubo duras críticas por parte de altas autoridades del partido, quienes buscaban un «protagonismo político».
«Podía más el interés personal, el protagonismo político que el plan de nación. Querían protagonismo y ellos [partidos políticos de oposición y la sociedad civil] tenían esas discrepancias de «ese candidato es mío». En realidad, no había un consenso, era una lucha interna entre partidos por protagonismo. Era un desgaste, se los decía todo el tiempo», dijo.
Comentó que miembros de ARENA también se aprovechaban de su «estatus de empresario» para realizar reuniones en el extranjero en restaurantes de lujo, donde le tocó pagar en una ocasión más de $1,800 por una cena para aproximadamente 12 personas. «Eran unos abusivos», aseveró Sánchez.
«Yo pagué cada cinco de mi campaña y apoyé inclusive a muchos candidatos que les miraba potencial […] diputados, alcaldes, diputados al Parlacen, y ahora muchos de ellos son detractores y me acusan de que yo tuve la culpa de los resultados que tuvimos, porque no les di $30 millones. En realidad eran propuestas descabelladas, todas las que me hacían eran descabelladas, y siendo yo una persona cuerda no iba a acceder a tanta atrocidad», indicó.
También denunció que aparte de pedirle $30 millones movimientos sociales que en principio impulsaron su candidatura presidencial le exigían $15 millones por apoyarlo, e incluso afirmó que recibió amenazas por parte de dichos grupos de retirarle su acompañamiento.
«La sociedad civil también me amenazaba. Te vamos a quitar el apoyo, nos vamos a ir con el candidato de tal partido […] era totalmente un desastre», añadió.
De acuerdo al excandidato tricolor, las indicaciones que le dio el partido durante la campaña electoral eran «confusas» y las estrategias que implementaban hacían quedar mal su imagen ante los electores. «No utilizaba los colores del partido y la gente decía “es que Joel se avergüenza”, y no. Es que era el mismo COENA que me dijo que no lo usara […] eran las directrices del COENA. El mismo partido me dijo: No se vaya a poner chaleco. Me ponían en entredicho, me hacían quedar mal con las bases, fue una campaña muy dura y confusa», afirmó Sánchez.
Aseguró que en ARENA incluso fue menospreciado por su apariencia física. «Ellos querían ver al mesías, querían ver a alguien prominente, alto, yo pienso que blanco y pelo rubio; y cuando me miran, un salvadoreño como soy yo, real, cojutepecano, gordito y bajito, comenzaron a tirarme posturas elevadas, astrales», comentó.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
