Política
Ante reformas al FODES, planteadas por el Presidente Bukele, a ARENA se le cae la estructura de corrupción enquistada en sus comunas
El presidente del partido ARENA, Erick Salguero, mostró “su preocupación” ante la propuesta de reforma a la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES), ya que esto desmonta la estructura que por años este instituto político “montó” en la gran mayoría de comunas del país para utilizar mal este dinero, incluyendo hechos de corrupción, pago de campañas y otras irregularidades.
“Eliminar el FODES a las municipalidades y concentrar la inversión pública local, será un retroceso a la descentralización de la inversión, y generará un efecto negativo para los micro y pequeños empresarios de los municipios”, aseguró Salguero para defender a sus alcaldes, sin tomar en cuenta que pasarán de tener 139 comunas a apenas 35.
Hay que recordar que el partido ARENA se ha caracterizado por tener alcaldes que han hecho un mal manejo del FODES y que este dinero, en la mayoría de casos, ha sido ejecutado con irregularidades, para pagar gasto corriente y salarios de las alcaldías e incluso, en el peor de los casos, pagar tarjetas de crédito de ediles, varios de ellos procesados.
Por ello es que el Presidente Bukele propone reformar el FODES, para que ya no sea el 10% de los ingresos del Estado sino que el 6%, administrado por la Dirección Nacional de Obras Municipales, que gestionará, diseñará y aprobará con los alcaldes los proyectos para beneficios de las comunidades, lo que ayudará a volver más eficiente el uso de estos recursos.
Por años, ARENA y también el FMLN se han opuesto a darle robustez al FODES, asumiendo que este es un “chorro de recursos” sin control, rendición de cuentas y transparencia, por lo que la propuesta del Presidente Bukele es a favor del desarrollo municipal real, para frenar el mal uso de este dinero público y la corrupción que ahí se ha consolidado, en contra de los salvadoreños.
Esta nueva Dirección se creará luego de que la nueva legislatura (2021-2024) haga las reformas a la Ley del FODES, dejando un 25% para gastos y un 75% que se entregaba para obras, en conjunto con el Gobierno.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
