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VIDEO | Capturan a pandilleros homicidas de trabajadores de restaurante en Lourdes, Colón
Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Nacional Civil (PNC) realizaron esta madrugada un operativo para capturar a miembros de estructuras terroristas acusados de cometer asesinatos y desapariciones de personas.
Con estas capturas se estarían resolviendo los homicidios de seis víctimas, entre ellos, el de dos repartidores de comida rápida cuyos restos fueron localizados en el cantón Lourdes, municipio de Colón, La Libertad.
De acuerdo a las investigaciones este crimen fue cometido el 27 de noviembre de 2020. Las dos víctimas fueron reportadas como desaparecidas pero durante su búsqueda, se confirmó que ambos fueron asesinados. Se trata de Wilmer Escalante y Diego Sibrián, cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados en una zona rural de la Finca El Limón, el pasado 30 de enero..
Al proceso de investigación se han sumado evidencias como una motocicleta, propiedad de una de las víctimas, y los celulares de ambos. Uno de los detenidos por este crimen es Luis Eduardo Cruz, alias Luigi, implicado en la desaparición y homicidio. Otro es Fernando Antonio Aguilar Guillén, alias Macano, y su madre, Marta Guillén.
A esta hora de la mañana se confirman más de 20 capturas, entre ellas la de uno de los sujetos que habría participado directamente en el asesinato de los dos jóvenes; asimismo, miembros de la Pandilla 18 Revolucionaria, del sector de Nuevo Lourdes.
El director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, confirmó que simultáneamente fueron capturados otros delincuentes en el departamento de Sonsonate. El operativo continuará durante las próximas 72 horas, informó el director.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
