Nacionales
UCA dio ultimátum a docente por hablar de alianza de la oposición
La catedrática Julia Evelyn Martínez confirmó ayer que el rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Andreu Oliva, le pidió abstenerse de brindar declaraciones en medios de comunicación sobre la alianza que la oposición política con organizaciones de la sociedad civil estuvieron construyendo, o de lo contrario presentara su renuncia al cargo de docente.
Martínez expresó que el 1o. de junio pasado el recto Oliva junto a la vicerrectora académica de la UCA, Lidia Salamanca, tuvieron una reunión a la que, en principio, se le citó para plantear algunas molestias de su desempeño como docente universitaria.
Sin embargo, durante el desarrollo de la reunión le manifestaron que su trabajo de proyección social dañaba la imagen del centro de estudios.
«Me señalaron que mis intervenciones frecuentes en medios de comunicación, y las reacciones que generan, dañan la imagen de la UCA, y que la imagen de la institución no puede ponerse en peligro. Yo les aclaré que no he hablado en representación de la institución, no soy vocera, no tengo ese cargo», contó Martínez.
En la reunión, las autoridades de la UCA le dieron dos opciones a la catedrática: abstenerse de hacer comentarios que dañaran la imagen de la institución, o de lo contrario, si esta medida no le parecía, que presentara su renuncia.
Según Martínez, les solicitó un plazo prudencial para tomar una decisión, y finalmente el 5 de junio anterior entregó su carta de renuncia como docente.
La economista explicó que el motivo del ultimátum que le dieron fue porque ella confirmó que existía un bloque de partidos y organizaciones civiles de oposición que estaban uniéndose para presentar una candidatura presidencial única en 2024, y que estas reuniones habían iniciado precisamente en el campus de la universidad.
«Todos han estado en las pláticas de hacer una coalición y ahora se retractan. Yo he sido parte de esas reuniones como parte de la sociedad civil y lo digo con propiedad: se están retractando», fueron parte de las declaraciones que ella dio en el espacio Somos La Tribu, el pasado 24 de mayo.
«Defensores de la libertad» callan
El vicepresidente de la república, Félix Ulloa, cuestionó que la UCA intente silenciar la voz de sus docentes, cuando pregona defender la libertad de expresión; mientras que las organizaciones que también afirman defender los derechos humanos guardan silencio.
«Veamos si Human Right Watch, Cristosal y otros “defensores de los derechos humanos, la libertad de expresión” y demás garantías constitucionales se pronuncian y condenan a la UCA por el atropello a los derechos de esta docente», expuso el vicemandatario.
El jefe de fracción de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, también señaló que lo sucedido a Julia Evelyn Marroquín violenta sus derechos.
«¿Ah, osea que la UCA de Oliva censura y viola el derecho de las mujeres a expresarse?», mencionó el legislador.
El diputado cian William Soriano reprochó a las autoridades universitarias que han acusado -sin pruebas- al gobierno salvadoreño de instaurar una dictadura, pero silencian a sus propios docentes.
«La UCA: o se calla o renuncia. ¿Y así se atreven a hablar de dictadura? No toleraron que hablara en Canal 10. Podía hablar con Chiquillo Periquillo, El Faro, Factum, y otras tertulias, pero en Canal 10 no», añadió.
El analista Óscar Peñate consideró que las autoridades violentaron el derecho de libertad de expresión a la docente. «La UCA condena la “violación” de los Derechos Humanos, y ella viola los derechos de expresión y de pensamiento de sus empleados», dijo.
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
