Judicial
Torre de Babel en tribunales, varios testigos se contradicen en juicio contra una mujer
Las contradicciones entre tres testigos y la víctima denominada como “Sabrina” deslumbraron en la sala de audiencias 3-B del centro judicial “Isidro Menéndez”. No coincidieron los relatos que culparían a la imputada.
Luego de permanecer durante cinco días detenida en las bartolinas de Apopa, Margarita (nombre cambiado por protección) tuvo que pasar por un proceso penal al ser culpada por el delito de privación de libertad de “Sabrina”, una niña de 10 años de edad, que recibió ese sobrenombre bajo el régimen de protección a víctimas.
La mujer de 36 años de edad habría cometido una acción que la llevó hasta el Tribunal 5° de Sentencia: tratar de proteger a “Sabrina” de un supuesto maltrato hecho por parte de sus padres, según lo indicó ella misma ante el juez.
El pasado 4 de diciembre, Margarita enfrentó la audiencia de vista pública, en donde los testigos de la Fiscalía General de la República (FGR), identificados con las claves “Milagro”, “Esperanza” y “Leonor”, emitieron sus versiones de los hechos. A ellos se agregaron las palabras de la menor de edad.
Las contradicciones entre los tres testigos y “Sabrina” deslumbraron en la sala de audiencias 3-B del centro judicial “Isidro Menéndez”.
Las declaraciones generaron más dudas respecto a los hechos que realmente ocurrieron aquel 29 de mayo de 2017, día en el que “Sabrina” habría sido privada de libertad por Margarita.
Las declaraciones confusas
El juez escuchó tanto a la implicada como a la víctima y a los testigos presentados por Fiscalía. Desde un inicio, el expediente judicial -resguardado en el Tribunal 5° de Sentencia- presenta una versión distinta a lo planteado en la vista pública.
En un primer momento, se manejó que Margarita, a través de la amistad que su hija Camila tiene con “Sabrina” por haber sido compañeras del 5° grado que cursaban en el mismo centro de estudio, llevaría a la niña a una fiesta en la que asistirían pandilleros.
Esa versión no fue abordada ni por “Milagro” ni “Esperanza” y ni “Leonor” en el momento en que aportaron sus declaraciones. Incluso, la primera testigo no comunicó que al llegar a “rescatar” a la niña se encontrase algún miembro de alguna estructura criminal.
Otro punto dudoso fue cuando “Leonor” indicó que en una tarde va dos veces a hacer compras al mercado que se ubica acerca de la colonia, en donde habitan en Apopa. El cruce de horas fue lo que cayó en confusión a la parte de la defensa de Margarita.
En un primer momento, “Leonor” expresó que el día de los hechos ella salió al centro de venta popular a las 2:00 de la tarde, que retornó a las 2:10 y que volvió a salir hasta que regresó a las 5:00 de la tarde, junto a “Milagro” y “Esperanza”.
Al ser cuestionada por la abogada de la acusada, la testigo con clave no logró desenmarañar lo que había relatado en el principio de su relato.
Por su parte, “Milagro” indicó que Margarita le había dado unas joyas a “Sabrina” cuando estaba en la casa de esta con el fin de mantenerla entretenida. La testigo indicó que la bisutería estaba en las piernas de la niña. “Leonor” contradijo esto.
Al contar lo “que ella había visto”, aseguró que las joyas habían sido entregadas a la víctima en la entrada del colegio, justo en el momento en que la había llevado como era costumbre.
Otro punto que no convergió en los relatos fue el sitio en donde habrían interpuesto la denuncia en un primer momento, unos dijeron que fue ante la FGR y otros ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La libertad de Margarita
El juez valoró la prueba presentada y llegó a la conclusión de que las versiones de los testigos, incluyendo la de la misma víctima, no era coherente, pues se reflejó la contradicción en la acusación de los hechos.
Ante esto, Margarita pudo respirar tranquila nuevamente, dejar los nervios a un lado, pues el fallo brindado en el juicio fue a su favor: absolutorio.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
