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Tribunal ordena la libertad de Julio Arriaza ex director de Intereses del Estado de la FGR
El Juzgado 4º de Instrucción de San Salvador, revocó la medida cautelar de detención provisional que Julio Arriaza, Ex Director de Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República -FGR-, se encontraba cumpliendo en el Centro Penitenciario “La Esperanza” conocido como “Mariona” desde el 20 de octubre de 2018, basado en una orden emitida por la Jueza 4º de Paz de San Salvador, Nelly Pozas, en el caso denominado por el Ex Fiscal General Douglas Meléndez como “Corruptela”; la Jueza se basó en las confesiones extrajudiciales brindadas por 4 agentes fiscales y 2 empleados de la FGR quienes posteriormente denunciaron que fueron torturados y coaccionados para declarar.
En el caso de Julio Arriaza, el Tribunal le impuso como medidas sustitutivas a la detención provisional: la portación de un brazalete electrónico, restricción migratoria y presentarse a firmar cada 15 días a la sede judicial. Uno de los miembros de la defensa del Ex Director, manifestó que: “el Juzgado ha hecho justicia, concediéndole la libertad a nuestro defendido, para que pueda defenderse adecuadamente, pues ha estado sometido por prácticamente dos años a una detención arbitraria, basada en testigos criteriados “mendaces” y en confesiones extrajudiciales que ha quedado comprobado fueron obtenidas sin la voluntad de los otorgantes.” También reconoció que “confían que esa persecución ilegal contra su cliente ya no continúe, pues la FGR no puede seguir promoviendo casos penales para mantener a una persona indefinidamente en una detención provisional, que se convierte en una pena anticipada”
Por último, no quiso pasar por alto un hecho relacionado con Mario Calderón, Querellante y quien afirma ser víctima en el caso, ya que esta persona “muestra una actitud irracional, al punto que en audiencia el Juez le tuvo que llamar la atención, pero lo más grave fue la prepotencia con la que afirmó que existen más casos en FGR contra mi cliente, cómo esta persona puede tener esa clase de información, eso es importante notificarlo al Fiscal General Raúl Melara, porque este sujeto o miente, o hay agentes fiscales con prácticas similares a la época de Douglas Meléndez y Wil Walter Ruiz, que están permitiendo que esta clase de personas -refiriéndose a Calderón- contaminen la institución.”
Un proceso penal plagado de vicios en las pruebas de la acusación.
El mismo profesional del derecho que forma parte de la defensa de Julio Arriaza, aprovechó la oportunidad para señalar todas las ilegalidades que ha debido afrontar su cliente en los dos procesos penales que el Ex Fiscal General Douglas Meléndez, y los Jefes Fiscales Wil Walter Ruiz y Jorge Orlando Cortez montaron en su contra a través de pruebas falsas y pruebas ilícitas.
Como muestra de esto recalcó que los fiscales en el caso denominado “Corruptela”, sorprendieron al Juez Rigoberto Chicas, Juez 4º de Instrucción de Sal Salvador, solicitándole la realización de un peritaje informático que ya se había realizado -aunque fuera de plazo- en el caso conocido como “Rais Martínez”; pero lo más cuestionable es que al momento de solicitar el aparato telefónico incautado al Ex Fiscal General Luis Martínez, al Juzgado 8º de Instrucción de San Salvador, a cuyo control y disposición debía encontrarse, el citado Juzgado informó que el teléfono celular nunca fue puesto a su disposición, sino que desde el 22 de agosto de 2016, que se produjo la incautación, hasta inicios de febrero de 2019, se encontraba en poder material y control total de las agentes fiscales Xenia Lizeth Linares y Liliana Jovel Guzmán. “Esto significa una total ruptura a la cadena de custodia de la evidencia y por tanto no cuenta con ningún parámetro de legalidad y legitimidad, por lo que la prueba producida de este objeto carece de todo valor” -Advirtió el defensor.
El día viernes 09 de octubre del presente año, se reinicia el Juicio contra el Ex Fiscal General Luis Martínez y el Ex Director FGR Julio Arriaza, en el caso “Rais Martínez” donde la defensa de Arriaza están seguros que “podrán demostrar la forma ilegal en que se fabricó la causa en su contra, especialmente al usar y manipular prueba ilícita contenida en un expediente de intervención de escuchas telefónicas que además de haber sido ilegalmente obtenida, había cumplido el plazo de seis meses de vigencia para ser utilizada judicialmente y sin embargo fue ocupada, en contra de la orden de la ley de escuchas, aproximadamente DIEZ MESES después de la finalización de la interceptación de telecomunicaciones.”
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi), hasta el 14 de mayo se reportan 8,734 siniestros viales; de esos, 5,889 lesionados y 549 muertos.
Del 1. ° de enero hasta el 14 de mayo de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) registra 8,734 accidentes de tránsito en el país. La cifra representa 1,251 casos más que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 7,483, lo que equivale a un incremento del 17 %.
De acuerdo con el informe, la tendencia al alza también se refleja en el número de personas lesionadas, ya que en 2025 se reportaron 4,669 heridos, mientras que en 2026 la cifra ascendió a 5,889, es decir, 1,220 más, por lo que hay un aumento del 26 %. En cuanto a la mortalidad, también se reporta un incremento en las personas fallecidas, con 549 víctimas en lo que va de 2026, frente a 439 registradas el año pasado. Esto significa 110 muertes adicionales, equivalente a un alza del 25 %.
El reporte añade que los detenidos por conducción peligrosa aumentaron un 8 %, al pasar de 769 en 2025 a 829 en 2026, lo que indica que hay 60 casos más hasta el 14 de mayo. Por otra parte, la mayor cantidad de siniestros viales se concentra en San Salvador, con 2,952 casos, seguido de La Libertad con 1,224 y San Miguel con 1.016.
La Fiscalía General de la República informó que, en coordinación con la Policía, ha destruido diversos tipos de droga, correspondiente a decomisos realizados en la zona occidental y en el área metropolitana de San Salvador.
De acuerdo al detalle, lo incinerado fueron 3,245.26 gramos de marihuana, 53.26 gramos de cocaína y 32.1 gramos de metanfetamina, vinculados a 15 diferentes casos de decomiso.
El valor estimado de esta droga en el narcomenudeo es de $ 84,518.47, informó la Fiscalía.
«Además, se hizo efectiva la destrucción de muestras de droga correspondientes a 36 casos ya finalizados y que habían sido resguardadas para fines procesales de la Superintendencia de Regulación Sanitaria», agregó la institución investigadora.
Dos violadores fueron procesados y condenados hasta con 16 años de cárcel, informó la Fiscalía General de la República.
Uno de los condenados es Daniel Enrique Cruz Jorge, quien purgará una pena carcelaria de 16 años por el delito de violación en perjuicio de una menor de edad.
La Fiscalía General de la República explicó que el delito fue cometido en septiembre de 2023.
«Por medio de una aplicación de mensajería móvil, el sujeto citó a la víctima a una casa del cantón Azacualpa, distrito de Panchimalco, municipio de San Salvador Sur. El imputado amenazó de muerte a la víctima para obligarla a llegar a la vivienda, y ella accedió por temor a las represalias. En ese lugar, el imputado abusó sexualmente de ella», determinó el ministerio público.
El caso fue denunciado y judicializado en 2024 y desde esa fecha el proceso avanzó hasta llegar a la vista pública. Además de la pena carcelaria, el Tribunal Cuarto de Sentencia San Salvador estableció que el violador debe entregar $2,400 en concepto de responsabilidad civil en favor de la víctima.
Otro condenado es Josué Alexander Maradiaga Chacón, quien estará diez años en la cárcel por el delito de violación agravada en perjuicio de una adolescente.
De acuerdo con el expediente fiscal, Chacón privó de libertad a una joven, de 15 años, en horas de la noche el 31 de diciembre 2023.
La privación ocurrió en el barrio San Jacinto, San Salvador Centro. «Se la llevó a un rancho de playa, en La Libertad Costa. En ese lugar la mantuvo retenida por dos días y la obligó a ingerir bebidas alcohólicas y drogas, para abusarla», detalló la fuente fiscal.
Debido a los abusos, la víctima quedó embarazada y presentaba diversos moretes en su cuerpo. Luego de cometer la violación, el imputado regresó a la joven a su casa.
La madre de la joven al verla en ese estado la confrontó y al enterarse de lo sucedido acudió a interponer la respectiva denuncia contra Chacón.
La condena fue impuesta en presencia del imputado por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó la entidad fiscal durante el juicio.
