Sucesos
VIDEO- Este el es indignante caso de la monja que escogía a niños para ser abusados sexualmente por curas de un instituto
El Caso Próvolo es uno de los más aberrantes reportados en Argentina y es uno más de los escándalos del Vaticano, en el cual son acusados curas y sacerdotes de ser depravados.
Dichos líderes religiosos son acusados de aprovecharse se menores de edad, con la complicidad de monjas.
De acuerdo con los reportes, lo que ocurría dentro del Instituto Próvolo era indignan te debido a que los religiosos maltrataron física y psicológica mente a niños con discapacidad auditiva que fueron inscritos en la escuela para ser adoctrinados.
Pero más allá de estos actos repudiable, los sacerdotes forzaban a niños a tener relaciones íntimas con estos sujetos.
Fueron 9 años de este mal proceder, desde 2005 hasta 2016, cuando un ex alumno denunció por primera vez a los curas. Posteriormente se conocieron otras 25 denuncias por los mismos hechos.
Los testimonios de las víctimas, recogidos durante el juicio de Próvolo, detallan que había un modus operando para cometer los abusos. Las víctimas mencionan que eran llevadas a un cuarto en específico conocido como “la casita de Dios”.
En ese lugar eran sometidos a diversos vejámenes. Generalmente ocurría en la madrugada, cuando los otros niños dormían en sus habitaciones.
Los principales imputados son NicolásCorradi y Horacio Corbacho, dos sacerdotes que acaban de recibir una pena de 42 y 45 años de prisión, respectivamente, por sus delitos. A ellos también se le suman los nombres de Jorge Bordón, un exmonaguillo; Kumiko Kosaka una monja, y Armando Gómez, un jardinero.
Una investigación sostiene que son, en total, 14 personas relacionadas con el caso Próvolo. Kosaka, la religiosa de origen japonés, era la principal pieza para que se llevarán a cabo los actos depravados.
El joven que denunció por primera vez a los miembros de Próvolo denominó como la “monja mala”, a dicha mujer.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, informó que al cierre de marzo del presente año, la mora en los pagos de créditos hipotecarios es del 1.89 %.
«El índice de mora de una institución refleja si su cartera está sana o hay un nivel de riesgo alto por incumplimiento de pago, el Fondo Social para la Vivienda mantiene sus índices bajos, al cierre de marzo 2026 el índice reportado fue de 1.89 %», indicó la titular, a través de sus redes sociales.
En este sentido, la funcionaria resaltó la apuesta de la institución para facilitar oportunidades de créditos a personas de ingresos variables para que puedan acceder a una vivienda, sin afectar el nivel de incumplimiento de los pagos.
«El FSV también otorga créditos a personas de ingresos variables y estas cifras demuestran que la mayoría de las personas con un crédito cumplen mes a mes su compromiso de pago», añadió Sol.
La funcionaria es enfática en la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele para facilitar el acceso a vivienda para los salvadoreños, y detalló que entre enero y marzo de este año la institución ha aprobado $44.4 millones en créditos que facilitaron la compra de 1,338 viviendas.
De estos resultados, 722 créditos, equivalentes a $28.7 millones, fueron destinados a vivienda nueva; 544 créditos, que significan $14.4 millones a vivienda usada y otras líneas de créditos; y 72 créditos más, $1.17 millones a activos extraordinarios.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
