Una mujer de 68 años murió este miércoles a causa de las heridas que sufrió durante el potente terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Panamá el pasado viernes. Se trata de la primera víctima mortal registrada en el país tras el sismo, que dejó miles de personas sin vivienda, según informó una fuente oficial.

La víctima fue identificada como Elena Barría, quien «resultó gravemente herida durante el terremoto», informó la Caja de Seguro Social, institución encargada de administrar programas como pensiones y prestaciones, mediante un comunicado en el que confirmó su fallecimiento.

Medios locales reportaron que Barría residía en la localidad de Macaracas, en la provincia de Los Santos, ubicada en la región central de Panamá. Esta zona figura entre las más afectadas por el movimiento telúrico, junto con Herrera, Coclé y Veraguas.

El terremoto del viernes dejó alrededor de 30 personas heridas y provocó graves daños en infraestructuras, puentes y carreteras, lo que obstaculizó las vías de acceso en la región central del país.

De acuerdo con cifras del Gobierno panameño, el sismo dejó más de 2.000 damnificados en todo el territorio nacional. Además, unas 1.300 viviendas y 400 centros educativos resultaron afectados.

Tras el terremoto, las autoridades han registrado más de 400 réplicas, cuya actividad sísmica se ha sentido incluso en la vecina Costa Rica.

El Gobierno de El Salvador presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma al Código Procesal Penal que busca eliminar la conciliación y la mediación en accidentes de tránsito que provoquen lesiones o muertes como consecuencia de la conducción peligrosa. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, surge en medio de la preocupación por los recientes siniestros viales que han dejado víctimas mortales y personas lesionadas en diferentes carreteras del país.

Uno de los principales cambios planteados consiste en modificar el artículo 27 del Código Procesal Penal, con el propósito de que las lesiones culposas ocasionadas mediante la conducción de vehículos automotores puedan ser investigadas de oficio por la Fiscalía General de la República (FGR). Esto permitiría que el Ministerio Público inicie y continúe las investigaciones sin depender de una denuncia o solicitud particular de la persona afectada.

La propuesta también contempla reformar el artículo 38 para impedir que los casos de homicidio culposo y lesiones derivados de la conducción peligrosa puedan resolverse mediante conciliación o mediación. De aprobarse, los acuerdos entre el conductor responsable y las víctimas o sus familiares no serían suficientes para extinguir la acción penal en los supuestos establecidos por la reforma. El objetivo es garantizar que estos hechos sean sometidos al procedimiento judicial correspondiente, independientemente de posibles arreglos entre las partes.

Las modificaciones también alcanzarían a quienes faciliten vehículos de transporte público o de carga a personas que no cuenten con la autorización necesaria para conducirlos, conducta contemplada en el artículo 147-G del Código Penal. La iniciativa forma parte de las medidas que el Ejecutivo busca implementar para reforzar la seguridad vial y las consecuencias legales de las conductas de riesgo al volante. Por el momento, se trata de una propuesta presentada ante la Asamblea Legislativa, por lo que deberá completar el proceso legislativo antes de convertirse en ley.

Un hombre fue condenado a 50 años de prisión por el feminicidio agravado de su compañera de vida, luego de que las investigaciones determinaran que la obligó a ingerir una sustancia tóxica que terminó causándole la muerte. El sentenciado fue identificado como José Antonio Osegueda Rodríguez, responsable de un crimen ocurrido en diciembre de 2025 en el departamento de San Vicente.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el condenado coaccionó a la víctima para que consumiera la sustancia, lo que le provocó graves complicaciones de salud que posteriormente ocasionaron su fallecimiento. El caso fue investigado por las autoridades, que reunieron los elementos probatorios necesarios para demostrar la responsabilidad penal del acusado.

Las investigaciones también revelaron que la mujer había sido sometida a un ciclo constante de violencia física, psicológica y emocional por parte de Osegueda Rodríguez. Estos antecedentes fueron parte de los hechos examinados durante el proceso judicial y permitieron establecer el contexto de violencia en el que ocurrió el feminicidio.

La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía. Con esta resolución, José Antonio Osegueda Rodríguez recibió una pena de 50 años de cárcel por feminicidio agravado, tras determinarse su responsabilidad en la muerte de su pareja.