Sucesos
Se retrasa el bono navideño de más de 1,000 custodios de Centros Penales por trámite burocrático en el Ministerio de Justicia
La Dirección General de Centros Penales aseguró que ya se tiene la autorización del ministro de Justicia y se está trabajando la planilla de compensación de diciembre de los empleados. Se espera terminar este día para firmar el jueves y pagarles el viernes.
Un trámite burocrático en el Ministerio de Justicia ha retrasado el pago del bono de fin de año a más de 1,000 custodios de la Dirección General de Centros Penales (DGCP).
A la Sala de Redacción del Periódico Digital, El Salvador Times, llamó uno de los afectados y manifestó que a dos días para que se vayan de vacaciones los empleados públicos, aún no les han pagado su bono anual.
«Somos más de mil los empleados a los que nos están dejando sin bono de fin de año, cuando años atrás o incluso el pasado ya nos lo habían entregado», sostuvo el empleado de la DGCP.
Asimismo, sostuvo que los custodios afectados son de las promociones de la 30 a la 43 y las autoridades de momento no les han manifestado del porqué el retraso, ya que considera que se les tendría que habar dado entre el 15 o el 18 del presente mes.
Pero lo que le causa duda es que el personal que lleva más tiempo trabajando en esa institución ya firmaron planilla y a ellos se lo van a entregar. «Exigimos que nos hagan saber el porqué no lo han dado, ya que años anteriores si lo hicieron», demandó.
Pago será viernes
Por su parte, una fuente consultada de Centros Penales explicó que el bono ya está autorizado a los empleados antiguos que tienen plaza del Gobierno, pero que a ellos también se les dará.
La fuente agregó que esos empleados están por el Presupuesto Extraordinario de Seguridad Pública (PESP); por lo que la solicitud se manda al ministro de Justicia para que el apruebe los fondos para darles el bono.
«Es un trámite normal que se hace todos los años y siempre se les da el bono», sostuvo la fuente oficial que dio respuesta sobre este caso.
Además, se informó que ya se tiene la autorización del ministro de Justicia y se está trabajando la planilla de compensación de diciembre de los empleados. Se espera terminar este día para firmar el jueves y pagarles el viernes.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
