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Sucesos

Periódico Cronio y su nuevo espacio sobre Migración con la excónsul Claudia María Valenzuela

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«Todos somos extranjeros mientras no estamos en nuestro país y el esfuerzo es más difícil al incorporarse a una nueva cultura, a un nuevo idioma, a una nueva forma de trabajo, a nuevas leyes».

Con estas palabras se refirió la abogada Claudia María Valenzuela Díaz al hablar sobre la migración, pues su basto conocimiento en el tema le ha permitido experimentar de cerca las grandes problemáticas y la realidad de miles de salvadoreños que migran a otros países, especialmente a Estados Unidos.

Valenzuela se desempeñó como Cónsul General de El Salvador en Atlanta, Estado de Georgia, Estados Unidos por siete años; lo que le permitió atender a más de 100, 000 salvadoreños en la jurisdicción de Georgia, Alabama, y Carolina de Sur, que llegaban a solicitar servicios legales, humanitarios y de apoyo a los connacionales.

Graduada de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, con postgrados de la Academia Diplomática Andrés Bello en Chile y en la Universidad Farilegh Dickinson en New Jersey; Valenzuela asegura que como abogada autorizada por la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador, el haberse desempeñado como cónsul le permitió ayudar a las personas apoyada de las leyes.

«Si tomamos las leyes, podemos apoyar a las personas para que encuentren su mejor camino para que se desarrollen en esa nueva sociedad de la mejor forma; si es por las leyes, siempre hay que cumplirlas, siempre ser honestos, siempre hay que ayudarlos a buscar un espacio que como salvadoreños puedan desarrollarse de la mejor manera y dejar bien posicionado a nuestro país en países extranjeros», aseguró la abogada.

Asimismo, aseguró que teniendo conocimiento de las leyes estadounidenses se puede sacar beneficios ayudando a los salvadoreños y salvadoreños estadounidenses y que lo mejor es siempre una opción legal viable que les permita mejorar sus vidas y desarrollarse, ya que la migración es un fenómeno real que pasa todos los días.

«Le ayudamos a las personas a través de diferentes cesiones a que se adapten al cambio, a esa nueva vida que tienen, por un lado, por el otro, asesoraros cuales son las leyes que les van a permitir gozar de mejores derechos y tener una mejor vida en esos países, cuando se es emigrante».

Por tal motivo, y con el objetivo de mantener informada a la población, Diario Cronio abre un nuevo espacio para transmitir un programa,
tres veces por semana, sobre el tema de migración con la abogada Claudia María Valenzuela Díaz, en donde se estarán tratando temas específicos y se responderán preguntas en torno a este tema.

«Se dará asesoría migratoria, asesoría con respecto a todo tipo de visas, tramites y permisos». enfatizó la excónsul.

Para finalizar Valenzuela recordó sobre la importancia de asesorarse con personas acreditadas y con experiencia para tener un resultado satisfactorio a a través de «soluciones migratorias».

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Extienden al 1 de marzo nueva vigencia del régimen especial

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La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».

En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».

Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».

Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».

Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».

Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.

Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.

Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.

 

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Se suscribirá préstamo para educación

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Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».

Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.

En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.

La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.

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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador

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Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.

De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.

Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.

Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.

En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.

Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).

En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.

Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.

Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.

Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.

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