Enrique y Meghan, que viven en Estados Unidos con sus dos hijos desde 2020, comenzaron el martes su primera visita a Australia desde su ruptura con la familia real británica.

Durante su desplazamiento el jueves a Melbourne, se reunieron con la asociación Batyr, especializada en salud mental, y criticaron duramente a las redes sociales.

«Cada día desde hace diez años, soy víctima de acoso y ataques», declaró Meghan, en declaraciones recogidas por la agencia británica PA.

«He sido la persona más acosada del mundo», añadió la duquesa de Sussex, de 44 años.

Las plataformas «que mueven mucho dinero, se basan completamente en la crueldad para generar clics, y eso no cambiará», explicó a jóvenes la exactriz, que conoció a Enrique en 2016. «Hay que ser más fuertes que eso», añadió.

Enrique, de 41 años, hijo menor del rey Carlos III, afirmó por su parte que las redes sociales causan «una gran soledad en muchas personas».

El príncipe también habló de los beneficios de la psicoterapia, contando que la había experimentado después de encontrarse un día «literalmente encogido en posición fetal, tumbado en el suelo de la cocina».

Enrique dijo además en una conferencia sobre liderazgo que a menudo se había sentido «abrumado, perdido, traicionado o completamente impotente».

Enrique recordó la muerte de su madre, la princesa Diana, en un accidente de tráfico en París, en 1997, cuando trataba de escapar a la persecución de unos «paparazzi».

Tras aquella muerte, «me dije que no quiero este papel (en la familia real, NDLR). No me gusta. Eso mató a mi madre», explicó.

La visita de Enrique y Meghan ha provocado polémica debido a las tarifas muy elevadas de algunos eventos de su programa.

Por ejemplo, asistir a la conferencia de Melbourne costaba hasta 1.250 libras (1.600 dólares), según PA.

Sin embargo, según la agencia británica, el príncipe no recibió remuneración por su discurso del jueves.

Meghan tampoco habría recibido dinero por su aparición en el programa «Masterchef», grabado el miércoles.

Como parte de su apuesta por el país y en acompañamiento a la visión del Gobierno del presidente Nayib Bukele, la desarrolladora inmobiliaria ALGASA, presentó recientemente CASA TERRA, un proyecto habitacional ubicado en la calle a Huizar (San Marcos, San Salvador Sur).

Según Herbert Alvarado, presidente y fundador de ALGASA, el proyecto se desarrollará en distintas fases en la primera, se invertirán $45 millones en la construcción de 177 unidades habitacionales, entre townhouses y apartamentos; y en las siguientes se invertirán más de $90 millones, para un total de $135 millones.

«Nos motiva seguir creyendo en El Salvador, tenemos mucho trabajo, seguridad y el país que habíamos añorado todos y es el momento justo para seguir invirtiendo», dijo.

Detalló que las torres tendrán cuatro niveles de estacionamiento, incluido el lobby, nueve niveles de apartamentos (de una, dos o tres habitaciones) y un nivel de amenidades en rooftop.

Asimismo, afirmó que entre las amenidades compartidas destacan: piscina, área de juegos para niños, picnic, senderos entre torres, jardín para mascotas, sala de reuniones y espacios para coworking, y cada torre contará con salón de usos múltiples con opción a apertura a terraza rooftop, área de gimnasio y pilates, de juegos (pingpong y área de tv) y área recreativa para bebés y para la pequeña infancia.

Las siguientes etapas comprenden una torre de 14 niveles para oficinas y otras 12 torres de apartamentos con más de 3,000 unidades y más de 150 viviendas con la generación de más de 5,000 empleos.

«Tenemos la convicción de seguir empujando y apoyando a El Salvador a ser un líder referente no solo a nivel centroamericano, sino a nivel latinoamericano y por qué no, mundial», añadió el fundador de ALGASA.

La construcción del proyecto ya inició y las primeras entregas de casas iniciarán en 2027 y se irán otorgando en los próximos 12 años, tiempo contemplado para finalizar el proyecto.

A lo largo de su trayectoria, ALGASA ha desarrollado proyectos residenciales que hoy son referentes en el país como: La Florida en Nuevo Cuscatlán, Florida Sky, ALTEMA y SERRA Townhouses.

En el caso de La Florida, uno de los primeros proyectos en la zona, se han desarrollado más de 500 unidades habitacionales, más de 120,000 metros cuadrados construidos, con un valor estimado de $200 millones en propiedades.

Este desarrollo contribuyó a posicionar a Nuevo Cuscatlán como un referente inmobiliario a escala nacional.

«Este es otro Nuevo Cuscatlán que hay que desarrollar y a raíz de eso todas las instituciones nos han abierto las puertas porque siguen creyendo en que tenemos que seguir innovando en El Salvador acercándole vivienda a la gente», sostuvo Alvarado.

Por su parte el director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), Luis Rodríguez, afirmó que la decisión de los inversionistas se ve motivada por el compromiso de las instituciones por impulsar nuevas inversiones, así como los logros en seguridad del Gobierno, que han activado nuevas zonas de desarrollo.

«Es el primer proyecto de estas dimensiones en la parte alta de San Marcos, esto es progresivo en zonas donde antes no se podía hacer nada, que estaban tomadas por la delincuencia y eran zonas rojas. El tema de seguridad ha ido provocando este tipo de inversiones», señaló el director ejecutivo de la Opamss.

Argentina continúa dando pasos en la implementación de la regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales bajo un enfoque propio, distinto al modelo integral adoptado por El Salvador, pero con avances concretos en la supervisión del mercado y el reconocimiento del liderazgo regional del país centroamericano.

Así lo explicó Roberto E. Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina, quien subrayó que ambas jurisdicciones han seguido caminos diferentes para abordar un fenómeno en crecimiento, condicionado por sus contextos económicos y regulatorios.

En el caso argentino, el impulso hacia la regulación ha estado marcado por el compromiso de promover la innovación y la modernización del sistema financiero, en línea con los más altos estándares internacionales e incorporando, además, las recomendaciones del GAFI.

«Teníamos una adopción muy grande de criptomonedas en la población local, no solo por las virtudes de los activos virtuales, sino también por razones como los controles de cambios y la inflación», explicó Silva.

Frente a este escenario, Argentina optó por desarrollar un marco enfocado en la regulación de los participantes del mercado, en lugar de establecer una ley integral sobre los activos digitales. Esto incluyó la creación de un registro y la supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales, bajo la órbita de la CNV.

«No tenemos una ley de activos virtuales. Regulamos a los sujetos, no al objeto», detalló el funcionario, al marcar una diferencia clave con el modelo salvadoreño, que cuenta con una legislación específica para este tipo de activos.

Este enfoque ha buscado mantener un equilibrio entre fomentar la innovación y garantizar la protección de los inversionistas. Según Silva, el proceso incluyó consultas públicas y un trabajo cercano con el sector privado para diseñar una regulación que no limite el desarrollo del ecosistema.

Además, Argentina ha comenzado a incorporar la tokenización dentro de su marco regulatorio, tratándola desde la lógica de los valores negociables tradicionales pero con una tecnología diferente. En este esquema, los activos tokenizados deben cumplir con requisitos de transparencia, incluyendo la divulgación completa de riesgos e información relevante para los inversionistas.

«Lo único que decimos es que hay que contarle todo al inversor para que tome la decisión de invertir o no», afirmó Silva al referirse al principio central de su regulación.

En paralelo, el regulador reconoció el papel que ha jugado El Salvador en el desarrollo de esta industria a nivel global. «Sin duda que lo que El Salvador ha hecho es extraordinario, se ha convertido en un líder en la materia», señaló y destacó el liderazgo del presidente de la CNAD, Juan Carlos Reyes.

No obstante, también enfatizó que el modelo salvadoreño responde a una estrategia particular orientada a posicionar al país como un hub internacional de activos digitales, algo que no necesariamente se ajusta a las prioridades actuales de Argentina.

A futuro, Silva no descartó que el país pueda avanzar hacia una legislación más amplia. «En el futuro nunca cerraría esa puerta», indicó, aunque aclaró que, por ahora, el foco está en fortalecer las capacidades de supervisión y acompañar la evolución del sector.

En este contexto, también anticipó que el desarrollo de la industria estará vinculado a una mayor integración con el sistema financiero tradicional, incluyendo iniciativas como la tokenización de depósitos tokenizados.

Con un ecosistema que describió como «muy dinámico y vibrante», Argentina avanza en la construcción de su propio camino en el mercado de activos digitales, mientras observa de cerca experiencias como la de El Salvador, que continúa posicionándose como referente en la región y a nivel global.