Sucesos
Estudiante del INTI se preparaba para iniciar con sus prácticas profesionales antes de morir a balazos
Un destacado estudiante del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) fue privado de libertad y luego asesinado a balazos en horas de la noche del pasado martes en una colonia del municipio de Apopa.
Fuentes policiales confirmaron el hallazgo del cuerpo de Kevin Oswaldo Molina Méndez, de 17 años, en el sector conocido como La Periquera del referido sector del departamento de San Salvador.
La noticia tomó por sorpresa a los conocidos del joven quienes recordaron la dedicación con la que este joven asistía a recibir las clases del tercer año de bachillerato en electrotecnia.
En horas de la mañana del martes, Molina salió de su casa muy temprano rumbo a su centro de estudios, esta fue la última vez que sus familiares lo vieron con vida.
Según fuentes de El Salvador Times, el joven alargó su jornada para realizar los trámites necesarios para hacer las prácticas profesionales que se exigen en la institución educativa.
Al salir de la institución, Molina iba acompañado de un amigo con el que se separó en las cercanías del Hospital Rosales, cada uno tomó un autobús diferente rumbo a sus hogares.
El reloj marcaba las seis de la tarde cuando la madre del fallecido habló por teléfono con él, sin pensar que esa sería la última vez que escuchara la voz de su hijo.
“No se preocupe mamá ya voy a llegar, estoy en la parada de buses”, le aseguró el joven a su progenitora quien no supo más del joven.
Tras colgar el teléfono, fue interceptado por varios sujetos quienes bajo amenaza lo privaron de libertad, los principales sospechosos son pandilleros que delinquen en la zona.
Investigaciones preliminares señalan que Molina fue privado de libertad en la zona que se conoce como la Cruz Roja de Mariona.
Horas más tarde, autoridades policiales reportaron el hallazgo del cadáver de Méndez en el municipio de Apopa.
La madre del menor de edad fue quien identificó el cadáver ante las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC).
Extraoficialmente se conoció que la zona en la que vivía el joven es asediada por miembros de estructuras criminales contrarias al lugar en donde fue encontrado su cuerpo.
En redes sociales, compañeros y amigos del joven han expresado su consternación por la forma en la que le fue arrebatada la vida a este joven.
Además de destacar en sus estudios, Molina era parte de la banda de paz del INTI “Cocodrilo Marching Band”.
Un dato que preocupa a las autoridades educativas es que este es el segundo estudiante de la institución que es asesinado en los últimos días.
El pasado 13 de febrero se informó del hallazgo del cadáver de Emerson Gustavo Barraza, otro miembro de la orquesta musical que fue localizado tras varios días de estar desaparecido.
Pese a los hechos, la dirección del INTI no se ha pronunciado respecto a estos casos.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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