Sucesos
EL CANÍBAL | Mató a su tío, le arrancó el corazón y lo cocinó con papas
Lawrence Paul Anderson, el hombre acusado de matar a una mujer en Oklahoma y sacarle el corazón antes de matar a un tío y a una niña en la vivienda que compartían, había salido de prisión de manera anticipada gracias a un esfuerzo masivo de conmutación de sentencia en el estado.
En el 2017, Anderson había sido sentenciado a 20 años tras las rejas por violar la probatoria en un caso de drogas, reportó el diario The Oklahoman.
Sin embargo, el gobernador republicano Kevin Stitt le conmutó la sentencia el año pasado a nueve años en prisión, por lo que Anderson fue liberado en enero luego de cumplir poco más de tres años.
Este martes, un juez le negó libertad bajo fianza a Anderson, quien enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado, uno de agresión y otro de mutilación, por los hechos reportados el 9 de febrero en Chickasha, a aproximadamente 35 millas del suroeste de Oklahoma City.
De acuerdo con la pesquisa del Departamento de Investigaciones del estado de Oklahoma, Anderson, de 42 años, está acusado de matar a Andrea Lynn Blankenship, de 41, y arrancarle el corazón para cocinarlo con papas a sus tíos con los que estaba viviendo desde que fue liberado de prisión.
Las autoridades reportaron que Anderson regresó de la casa de la vecina con el corazón, cocinó el órgano e intentó que sus tíos Delsie y Leon Pye, de 64 y 67 años, lo comieran antes de matar a este último y la nieta mayor de la pareja de 4 años.
En su aparición inicial en Corte, Anderson le pidió al juez llorando que no le concediera fianza.
El abogado del acusado, Al Hoch, dijo que pedirá una evaluación mental para determinar si su cliente es competente para enfrentar el proceso legal.
En el caso de Anderson, la Junta de indulto y Libertad Condicional votó 3-1 para que le otorgaran la conmutación, acorde con las nuevas reglas en el estado para reducir el nivel de de encarcelamiento.
Pero no todos están de acuerdo con la reforma al sistema judicial que entró en vigor a finales del 2019 y permitió la conmutación de penas a cientos de presos en Oklahoma.
“Es hora de que hagamos esto mejor”, dijo Jason Hicks, fiscal del distrito del condado Grady, según citado por la agencia de noticias Associated Press.
“Si nosotros tenemos la tasa de encarcelamiento más alta en el mundo, OK. Nosotros podemos ver a nuestros ciudadanos y ser honestos con ellos y decirles que ustedes están seguros. Yo no le puedo decir a la gente de mi distrito hoy que están seguros”, agregó.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
