Sucesos
EL CANÍBAL | Mató a su tío, le arrancó el corazón y lo cocinó con papas
Lawrence Paul Anderson, el hombre acusado de matar a una mujer en Oklahoma y sacarle el corazón antes de matar a un tío y a una niña en la vivienda que compartían, había salido de prisión de manera anticipada gracias a un esfuerzo masivo de conmutación de sentencia en el estado.
En el 2017, Anderson había sido sentenciado a 20 años tras las rejas por violar la probatoria en un caso de drogas, reportó el diario The Oklahoman.
Sin embargo, el gobernador republicano Kevin Stitt le conmutó la sentencia el año pasado a nueve años en prisión, por lo que Anderson fue liberado en enero luego de cumplir poco más de tres años.
Este martes, un juez le negó libertad bajo fianza a Anderson, quien enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado, uno de agresión y otro de mutilación, por los hechos reportados el 9 de febrero en Chickasha, a aproximadamente 35 millas del suroeste de Oklahoma City.
De acuerdo con la pesquisa del Departamento de Investigaciones del estado de Oklahoma, Anderson, de 42 años, está acusado de matar a Andrea Lynn Blankenship, de 41, y arrancarle el corazón para cocinarlo con papas a sus tíos con los que estaba viviendo desde que fue liberado de prisión.
Las autoridades reportaron que Anderson regresó de la casa de la vecina con el corazón, cocinó el órgano e intentó que sus tíos Delsie y Leon Pye, de 64 y 67 años, lo comieran antes de matar a este último y la nieta mayor de la pareja de 4 años.
En su aparición inicial en Corte, Anderson le pidió al juez llorando que no le concediera fianza.
El abogado del acusado, Al Hoch, dijo que pedirá una evaluación mental para determinar si su cliente es competente para enfrentar el proceso legal.
En el caso de Anderson, la Junta de indulto y Libertad Condicional votó 3-1 para que le otorgaran la conmutación, acorde con las nuevas reglas en el estado para reducir el nivel de de encarcelamiento.
Pero no todos están de acuerdo con la reforma al sistema judicial que entró en vigor a finales del 2019 y permitió la conmutación de penas a cientos de presos en Oklahoma.
“Es hora de que hagamos esto mejor”, dijo Jason Hicks, fiscal del distrito del condado Grady, según citado por la agencia de noticias Associated Press.
“Si nosotros tenemos la tasa de encarcelamiento más alta en el mundo, OK. Nosotros podemos ver a nuestros ciudadanos y ser honestos con ellos y decirles que ustedes están seguros. Yo no le puedo decir a la gente de mi distrito hoy que están seguros”, agregó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a cinco años de prisión a Ernesto Bladimir Franco Rodríguez y Luis Alberto Franco Rodríguez por el delito de lesiones muy graves en perjuicio de un hombre.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2025 en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima fue citada por una mujer para departir en una zona apartada.
Al llegar al lugar, el hombre fue interceptado por los condenados, quienes lo atacaron con armas blancas, causándole diversas lesiones de gravedad. La víctima logró escapar y posteriormente interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Las investigaciones desarrolladas por las autoridades permitieron identificar, capturar y procesar judicialmente a los imputados.
En otro caso, el pandillero de la MS, Rafael Enrique Álvarez fue condenado a ocho años de prisión por lesionar con un arma blanca a un hombre en San Alejo, La Unión.
El hecho ocurrió, aproximadamente, a las 5 de la tarde del 12 de diciembre de 2021, cuando la víctima estaba viendo un encuentro deportivo en la cancha de fútbol del cantón Santa Cruz, del distrito de San Alejo, en La Unión.
Según la acusación fiscal, el procesado llegó hasta donde estaba la víctima y lo hirió con un machete en el codo izquierdo. Tras la agresión, la víctima corrió y fue alcanzada por el procesado y dos pandilleros más.
La alcaldía de San Salvador Centro informó que más de 250 estructuras fueron desmontadas como parte de la fase 6, Etapa 2 del reordenamiento y recuperación de espacios públicos.
Los puntos intervenidos fueron la primera calle poniente, 11a y 7a avenida Norte, avenida Peralta, la décima avenida San Jacinto, así como la calle San Juan y estación Fenadesal.
De acuerdo con el alcalde capitalino, Mario Durán, más de 800 empleados municipales participaron en jornadas de limpieza y desmontaje estructuras improvisadas utilizadas para el comercio informal.
«Ha sido un trabajo titánico. Estamos en una etapa bastante avanzada. El uso de las calles y aceras es para las personas y las familias y no para el comercio, debemos mantener el orden», dijo el funcionario en conferencia de prensa.
La alcaldía señala que este es un esfuerzo articulado entre comerciantes por cuenta propia y equipos municipales que durante días trabajaron para seguir avanzando en la revitalización del Centro Histórico de San Salvador.
«Agradezco a los equipos operativos quienes trabajaron arduamente por este importante proyecto; a los comerciantes por cuenta propia y a todos los salvadoreños que se suman por recuperar el corazón de El Salvador», añadió.
La comisión de infraestructura y desarrollo territorial emitió dictamen a favor de legalizar los terrenos donde residen 174 familias de la comunidad 2 de Noviembre, en el distrito de Tonacatepeque, en San Salvador Este.
El grupo de legisladores recomienda al pleno reformar la Ley especial para la legalización de las calles, tramos declarados en desuso y afectados como de uso público para ser transferidas en propiedad, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), a las familias de escasos recursos económicos que las habitan.
El propósito es que la comunidad en mención se agregue a los 14 asentamientos beneficiados con dicha normativa, que fue creada en junio de 2019.
La iniciativa de apoyar a las familias de Tonacatepeque proviene del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, la cual fue ingresada en la sesión plenaria ordinaria 109.
Para estudiar la propuesta, la comisión de infraestructura recibió a representantes de la comunidad, quienes explicaron su situación y lo que significaría reformar la ley.
«La comunidad estuvo desamparada. Entre el 2000 al 2001 llegamos a esas tierras, y todos somos de escasos recursos económicos.
Hoy estamos viendo que las cosas van a mejorar», expresó la presidenta de la directiva de la comunidad 2 de Noviembre, Marielos Cruz.
