Sucesos
EL CANÍBAL | Mató a su tío, le arrancó el corazón y lo cocinó con papas
Lawrence Paul Anderson, el hombre acusado de matar a una mujer en Oklahoma y sacarle el corazón antes de matar a un tío y a una niña en la vivienda que compartían, había salido de prisión de manera anticipada gracias a un esfuerzo masivo de conmutación de sentencia en el estado.
En el 2017, Anderson había sido sentenciado a 20 años tras las rejas por violar la probatoria en un caso de drogas, reportó el diario The Oklahoman.
Sin embargo, el gobernador republicano Kevin Stitt le conmutó la sentencia el año pasado a nueve años en prisión, por lo que Anderson fue liberado en enero luego de cumplir poco más de tres años.
Este martes, un juez le negó libertad bajo fianza a Anderson, quien enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado, uno de agresión y otro de mutilación, por los hechos reportados el 9 de febrero en Chickasha, a aproximadamente 35 millas del suroeste de Oklahoma City.
De acuerdo con la pesquisa del Departamento de Investigaciones del estado de Oklahoma, Anderson, de 42 años, está acusado de matar a Andrea Lynn Blankenship, de 41, y arrancarle el corazón para cocinarlo con papas a sus tíos con los que estaba viviendo desde que fue liberado de prisión.
Las autoridades reportaron que Anderson regresó de la casa de la vecina con el corazón, cocinó el órgano e intentó que sus tíos Delsie y Leon Pye, de 64 y 67 años, lo comieran antes de matar a este último y la nieta mayor de la pareja de 4 años.
En su aparición inicial en Corte, Anderson le pidió al juez llorando que no le concediera fianza.
El abogado del acusado, Al Hoch, dijo que pedirá una evaluación mental para determinar si su cliente es competente para enfrentar el proceso legal.
En el caso de Anderson, la Junta de indulto y Libertad Condicional votó 3-1 para que le otorgaran la conmutación, acorde con las nuevas reglas en el estado para reducir el nivel de de encarcelamiento.
Pero no todos están de acuerdo con la reforma al sistema judicial que entró en vigor a finales del 2019 y permitió la conmutación de penas a cientos de presos en Oklahoma.
“Es hora de que hagamos esto mejor”, dijo Jason Hicks, fiscal del distrito del condado Grady, según citado por la agencia de noticias Associated Press.
“Si nosotros tenemos la tasa de encarcelamiento más alta en el mundo, OK. Nosotros podemos ver a nuestros ciudadanos y ser honestos con ellos y decirles que ustedes están seguros. Yo no le puedo decir a la gente de mi distrito hoy que están seguros”, agregó.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
