Sucesos
EL CANÍBAL | Mató a su tío, le arrancó el corazón y lo cocinó con papas
Lawrence Paul Anderson, el hombre acusado de matar a una mujer en Oklahoma y sacarle el corazón antes de matar a un tío y a una niña en la vivienda que compartían, había salido de prisión de manera anticipada gracias a un esfuerzo masivo de conmutación de sentencia en el estado.
En el 2017, Anderson había sido sentenciado a 20 años tras las rejas por violar la probatoria en un caso de drogas, reportó el diario The Oklahoman.
Sin embargo, el gobernador republicano Kevin Stitt le conmutó la sentencia el año pasado a nueve años en prisión, por lo que Anderson fue liberado en enero luego de cumplir poco más de tres años.
Este martes, un juez le negó libertad bajo fianza a Anderson, quien enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado, uno de agresión y otro de mutilación, por los hechos reportados el 9 de febrero en Chickasha, a aproximadamente 35 millas del suroeste de Oklahoma City.
De acuerdo con la pesquisa del Departamento de Investigaciones del estado de Oklahoma, Anderson, de 42 años, está acusado de matar a Andrea Lynn Blankenship, de 41, y arrancarle el corazón para cocinarlo con papas a sus tíos con los que estaba viviendo desde que fue liberado de prisión.
Las autoridades reportaron que Anderson regresó de la casa de la vecina con el corazón, cocinó el órgano e intentó que sus tíos Delsie y Leon Pye, de 64 y 67 años, lo comieran antes de matar a este último y la nieta mayor de la pareja de 4 años.
En su aparición inicial en Corte, Anderson le pidió al juez llorando que no le concediera fianza.
El abogado del acusado, Al Hoch, dijo que pedirá una evaluación mental para determinar si su cliente es competente para enfrentar el proceso legal.
En el caso de Anderson, la Junta de indulto y Libertad Condicional votó 3-1 para que le otorgaran la conmutación, acorde con las nuevas reglas en el estado para reducir el nivel de de encarcelamiento.
Pero no todos están de acuerdo con la reforma al sistema judicial que entró en vigor a finales del 2019 y permitió la conmutación de penas a cientos de presos en Oklahoma.
“Es hora de que hagamos esto mejor”, dijo Jason Hicks, fiscal del distrito del condado Grady, según citado por la agencia de noticias Associated Press.
“Si nosotros tenemos la tasa de encarcelamiento más alta en el mundo, OK. Nosotros podemos ver a nuestros ciudadanos y ser honestos con ellos y decirles que ustedes están seguros. Yo no le puedo decir a la gente de mi distrito hoy que están seguros”, agregó.
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Multan con $750 a creador de videos por conducción temeraria
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
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Traficante de personas es condenado a ocho años de prisión
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
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Abogada y estafador son condenados a tres y nueve años de cárcel
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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