Sucesos
Conozca la historia del niño que desapareció en Lourdes y fue encontrado caminando en una calle de San Salvador
El infante fue llevado al Hogar de Niños San Vicente de Paúl, donde se le hicieron exámenes médicos para verificar sino tenía lesiones internas y externas; también fue tratado por un psicólogo.
J.S., de nueve años, desaparecido en la colonia Villa Lourdes, en Colón La Libertad, fue encontrado vagando en una calle de San Salvador y fue resguardado por el El Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) pocos días después de que sus padres perdieron el rastro.
El menor, quien desapareció el viernes 9 de noviembre en horas de la mañana luego de que saliera a dejar basura a un botadero cercano a su casa, fue localizado por la Policía Nacional Civil (PNC) el domingo 11 del mismo mes.
Como no existía una denuncia de la desaparición del menor, la Policía después de localizarlo lo llevó hacia las instalaciones del CONNA, ubicadas en Colonia Costa Rica y la avenida Irazú, de esta capital.
El Salvador Times habló con el CONNA y sostuvo que el infante luego de ser resguardado fue llevado a una unidad de salud para un chequeo médico y luego se ingresó al Hogar de Niños San Vicente de Paúl.
Fue a través de la publicación que hizo El Salvador Times sobre el extravío del menor que el CONNA pudo contactar a la familia e informar que el menor se encontraba en buen estado y bajo el resguardo de ellos.
Un miembro de la Junta de Protección de esa institución dijo a este medio que la madre llegó de inmediato al lugar, pero el niño no le fue entregado, pues se le pidió la partida de nacimiento para establecer de que ella era la progenitora. También se iba a constatar si no se le violentaron los derechos o si hubo abusos en contra del menor.
La situación era protocolaria pues el menor se encontró en una calle de San Salvador, la cual no se precisó debido a la reserva del caso, a decenas de kilómetros de distancia de donde había desaparecido, por lo que tenían que realizar las investigaciones respectivas.
«Si al comprobar de que el niño recibía maltratos, la Fiscalía presentaría un requerimiento; si existió un abuso y la magnitud es gravísima en la que los padres no tienen un control de sus emociones, tendrían que incorporarse a un programa y hasta que lo hayan pasado se les entregaría definitivamente a su hijo», explicó el miembro de la Junta de Protección.
Sin embargo, este medio también conversó con los padres, quienes aseguraron que tampoco tenían detalles de las circunstancias de como apareció el menor en San Salvador, pero estaban prestos a entregar todos los documentos y cooperar en las investigaciones. «El extravío de mi hijo no fue nuestro descuido», se defendió la madre.
Entrega del menor
El lunes 12 de noviembre el CONNA dio la orden para que los padres se llevaran al menor, luego de que madre presentó la partida de nacimiento, la boleta de asentamiento cuando nació y la tarjeta de control de vacunas.
El infante al ser llevado al Hogar de Niños San Vicente de Paúl se le hicieron exámenes médicos para verificar sino tenía lesiones internas y externas; también fue tratado por un psicólogo.
«Para uno de papá es una gran alegría el saber que su hijo está bien, le doy gracias a Dios y en este tipo de situación si uno se queda de brazos cruzados no puede hacer nada», dijo el padre.
El menor fue entregado a sus padres el pasado 13 de noviembre, pero les dejaron un citatorio para el miércoles 14 en el CONNA de Santa Tecla para seguir el proceso de investigación.
El padre dijo a al medio que en esa reunión les cuáles cómo fue que su hijo desapareció y llegó a San Salvador, así como los detalles de la zona donde lo encontraron, porque para los padres continuaba siendo un misterio.
«Al niño no lo hemos querido presionar, porque el psicólogo que lo atendió nos recomendó eso; además nos dijeron que lo cuidemos y no lo andemos presionando mucho, así como dedicarle tiempo», expresó el progenitor.
Agregó que su estado de salud es perfecto y aseguró que el menor le dijo que donde se encontraba lo atendían bien, pero que siempre le hacía falta el amor de los padres.
«Nosotros teníamos pensado en cambiarnos de casa, pero como están las investigaciones no lo podemos hacer por lo que espero que todo se aclare y no hayan malos entendidos», dijo el padre de familia.
Al cierre de esta nota se desconoce el estado de la investigación y detalles de cómo fue encontrado el niño.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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