Sucesos
Conozca la historia del niño que desapareció en Lourdes y fue encontrado caminando en una calle de San Salvador
El infante fue llevado al Hogar de Niños San Vicente de Paúl, donde se le hicieron exámenes médicos para verificar sino tenía lesiones internas y externas; también fue tratado por un psicólogo.
J.S., de nueve años, desaparecido en la colonia Villa Lourdes, en Colón La Libertad, fue encontrado vagando en una calle de San Salvador y fue resguardado por el El Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) pocos días después de que sus padres perdieron el rastro.
El menor, quien desapareció el viernes 9 de noviembre en horas de la mañana luego de que saliera a dejar basura a un botadero cercano a su casa, fue localizado por la Policía Nacional Civil (PNC) el domingo 11 del mismo mes.
Como no existía una denuncia de la desaparición del menor, la Policía después de localizarlo lo llevó hacia las instalaciones del CONNA, ubicadas en Colonia Costa Rica y la avenida Irazú, de esta capital.
El Salvador Times habló con el CONNA y sostuvo que el infante luego de ser resguardado fue llevado a una unidad de salud para un chequeo médico y luego se ingresó al Hogar de Niños San Vicente de Paúl.
Fue a través de la publicación que hizo El Salvador Times sobre el extravío del menor que el CONNA pudo contactar a la familia e informar que el menor se encontraba en buen estado y bajo el resguardo de ellos.
Un miembro de la Junta de Protección de esa institución dijo a este medio que la madre llegó de inmediato al lugar, pero el niño no le fue entregado, pues se le pidió la partida de nacimiento para establecer de que ella era la progenitora. También se iba a constatar si no se le violentaron los derechos o si hubo abusos en contra del menor.
La situación era protocolaria pues el menor se encontró en una calle de San Salvador, la cual no se precisó debido a la reserva del caso, a decenas de kilómetros de distancia de donde había desaparecido, por lo que tenían que realizar las investigaciones respectivas.
«Si al comprobar de que el niño recibía maltratos, la Fiscalía presentaría un requerimiento; si existió un abuso y la magnitud es gravísima en la que los padres no tienen un control de sus emociones, tendrían que incorporarse a un programa y hasta que lo hayan pasado se les entregaría definitivamente a su hijo», explicó el miembro de la Junta de Protección.
Sin embargo, este medio también conversó con los padres, quienes aseguraron que tampoco tenían detalles de las circunstancias de como apareció el menor en San Salvador, pero estaban prestos a entregar todos los documentos y cooperar en las investigaciones. «El extravío de mi hijo no fue nuestro descuido», se defendió la madre.
Entrega del menor
El lunes 12 de noviembre el CONNA dio la orden para que los padres se llevaran al menor, luego de que madre presentó la partida de nacimiento, la boleta de asentamiento cuando nació y la tarjeta de control de vacunas.
El infante al ser llevado al Hogar de Niños San Vicente de Paúl se le hicieron exámenes médicos para verificar sino tenía lesiones internas y externas; también fue tratado por un psicólogo.
«Para uno de papá es una gran alegría el saber que su hijo está bien, le doy gracias a Dios y en este tipo de situación si uno se queda de brazos cruzados no puede hacer nada», dijo el padre.
El menor fue entregado a sus padres el pasado 13 de noviembre, pero les dejaron un citatorio para el miércoles 14 en el CONNA de Santa Tecla para seguir el proceso de investigación.
El padre dijo a al medio que en esa reunión les cuáles cómo fue que su hijo desapareció y llegó a San Salvador, así como los detalles de la zona donde lo encontraron, porque para los padres continuaba siendo un misterio.
«Al niño no lo hemos querido presionar, porque el psicólogo que lo atendió nos recomendó eso; además nos dijeron que lo cuidemos y no lo andemos presionando mucho, así como dedicarle tiempo», expresó el progenitor.
Agregó que su estado de salud es perfecto y aseguró que el menor le dijo que donde se encontraba lo atendían bien, pero que siempre le hacía falta el amor de los padres.
«Nosotros teníamos pensado en cambiarnos de casa, pero como están las investigaciones no lo podemos hacer por lo que espero que todo se aclare y no hayan malos entendidos», dijo el padre de familia.
Al cierre de esta nota se desconoce el estado de la investigación y detalles de cómo fue encontrado el niño.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
